Conjugar la ambiciosa agenda verde impulsada por Bruselas –y aceptada en sus objetivos básicos por los 27– con los intereses económicos de los sectores afectados se está convirtiendo en uno de los principales desafíos para los gobiernos europeos. Las exigencias ambientales, que tienen como reto reducir en un 50% las emisiones en 2030 y la neutralidad climática a mediados de siglo, se suman a la tensión por las subidas de precios de carburantes o materias primas. Con una inflación que marcó máximos históricos en otoño y que aún no da tregua, se está generando un caldo de cultivo perfecto para la desafección en todo el continente. Las movilizaciones agrarias, por ejemplo, se han multiplicado en las últimas fechas en toda Europa y el Partido Popular Europeo (PPE) ha decidido rebelarse contra la política verde de la UE para intentar amortiguar el golpe en las urnas.
España ha sido uno de los escenarios de ese posicionamiento de los conservadores. El temor a que Vox arraigue en el electorado agrario en Huelva ha llevado a Juan Manuel Moreno Bonilla a impulsar una norma para indultar los regadíos ilegales. PP y Vox ignoran a los científicos, a los expertos y a la propia Comisión Europea, que ha advertido de severas multas a España si continúa el expolio del acuífero y ha recordado que el proyecto que se está tramitando en el Parlamento andaluz va en la “dirección opuesta” a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y que supondría una “violación flagrante” de la misma. Las advertencias conllevaron una reacción inédita del PPE, que señaló por “partidismo” al Colegio de Comisarios que pilota la conservadora Ursula von der Leyen y, especialmente, al comisario de Medio Ambiente, Virginijus SinkeviÄius, miembro de un partido ecologista y conservador lituano, al que Manfred Weber acusó de ponerse “la camisa roja para hacer campaña por Pedro Sánchez”.
Esa batalla librada en Bruselas es una muestra del posicionamiento que los conservadores tendrán en los próximos meses, en los que se celebrarán elecciones en Grecia, Eslovaquia y España. El propio Weber ha afirmado este jueves que el PPE va a pedir una moratoria de toda la nueva legislación que tiene que ver con la agenda verde. “Dejemos a nuestros agricultores trabajar porque el mundo necesita comida”, ha expresado en una rueda de prensa con motivo de la asamblea que han celebrado en Munich. El líder popular ha dejado claro, además, que su pretensión es rebajar las metas que ha marcado la Comisión Europea respecto al uso de pesticidas.
El gobierno comunitario planteó una reducción del 50% del uso de pesticidas químicos en 2030 en el marco de la “estrategia de la granja a la mesa, que establece un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente”. El PPE lo rechaza. “Queremos una agricultura moderna que use menos pesticidas, pero actualmente tenemos la obligación de alimentar al mundo. Con los efectos de la guerra en Ucrania, tenemos la obligación moral de apoyar a los agricultores y decirles que produzcan alimento porque el mundo necesita comida”, argumentó Weber.
La intención de la cúpula del PPE es dejar esa directriz por escrito. En una resolución cuyo borrador ha adelantado Financial Times, los de Weber dejan claro el “rechazo” a esa propuesta porque los “objetivos de reducción elegidos simplemente no son factibles y no ofrecen a los agricultores alternativas viables”. “Los recortes insostenibles de productos fitosanitarios sin alternativas realistas significan un recorte significativo de los rendimientos”, afirma el documento, que aún está sujeto a cambios. En el mismo sentido, reflejan su oposición a la restauración de una quinta parte de los hábitats naturales deteriorados y definen ese proyecto como una “pesadilla burocrática y un punto muerto en la planificación, poniendo en peligro la seguridad alimentaria, la producción de energía renovable y las infraestructuras cruciales”.
La presión del PPE sobre la Comisión se produce cuando el sector agrícola en media Europa está en pie de guerra. Los tecnócratas europeos fueron testigos de algunas de esas movilizaciones cuando hace poco más de un mes cerca de 3.000 tractores inundaron las calles de Bruselas para protestar por el plan del gobierno de la región de Flandes de reducir las emisiones de nitrógeno procedentes de los purines de las granjas.
La Comisión Europea dio el visto bueno esta misma semana a ayudas de Estado del Gobierno holandés por valor de 1.470 millones de euros para compensar el cierre de granjas afectadas por la normativa para reducir la emisión de nitrógeno. Fueron precisamente las elecciones provinciales en ese país las que hicieron saltar las alarmas de los partidos después de que el Movimiento Campesino-Ciudadano, una formación conservadora que defiende los intereses del sector agrario, se convirtiera en la más votada logrando 15 senadores de un total de 75, lo que supondrá un nuevo equilibrio para el ejecutivo de Mark Rutte.
Con ese resultado en la retina, el Gobierno polaco tomó una decisión salomónica para dar respuesta a las protestas al prohibir unilateralmente la importación de grano ucraniano. El ultranacionalista Mateusz Morawiecki, que se enfrenta a las urnas el próximo otoño, acababa así con una de las medidas estrellas de ayuda a Ucrania: el levantamiento de aranceles y cuotas. El sector agrario representa a en torno el 9% de la población en Polonia. Hungría, República Checa, Bulgaria y Eslovaquia siguieron sus pasos. Las protestas de los agricultores contra el Pacto Verde Europeo se han multiplicado y esparcido por todo el continente, desde Irlanda hasta Lituania.
Con esos mimbres, pero al mismo tiempo con los efectos del cambio climático causando cada vez más estragos y la amenaza de otro récord por sequía en Europa, el PPE pretende sumarse a la batalla y poner en riesgo algunas de las propuestas de la Comisión para alcanzar los objetivos ambientales, que van desde la reducción de pesticidas hasta la prohibición de la venta de los coches de combustión a partir de 2035.