El inédito y violento asalto a la Embajada de México en Quito por parte de Ecuador ha provocado una unánime condena en América latina, donde han comenzado a moverse algunos resortes institucionales. Se ha abierto un debate sobre las consecuencias del arresto por la fuerza del ex vicepresidente ecuatoriano y asilado político, Jorge Glas, aliado de Rafael Correa. Tanto la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como la Organización de Estados Americanos (OEA) han convocado sendas reuniones de emergencia para tratar esta crisis. Por su parte, el derechista presidente ecuatoriano Daniel Noboa busca cómo responder en el plano internacional.
Ante la incertidumbre sobre qué efectos traerá para Ecuador saltarse las leyes internacionales, Noboa se apresuró a pedir una reunión de la OEA. Su Gobierno intenta justificar la irrupción a la sede diplomática mexicana porque debía detener a Glas, acusado de supuesta corrupción y quien se había refugiado en la embajada en diciembre a la espera del asilo político. México finalmente le otorgó el asilo el viernes: horas después, la Policía usó la fuerza contra el personal de la embajada y arrestó a Glas. El ex vicepresidente en el gobierno de Correa (2013-2018) dice ser víctima de persecución política y judicial y espera desde una cárcel de máxima seguridad que la justicia local tramite una demanda de hábeas corpus presentada por su defensa, que considera ilegal su detención.
Tras este acto inesperado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la ruptura de relaciones de México con Ecuador, retiró a su personal de la embajada y este lunes denunciará ante la Corte Internacional de Justicia la responsabilidad de Ecuador por violaciones al Derecho Internacional. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, dijo este domingo en una conferencia de prensa que su país también acudirá a organismos multilaterales para que se condene el actuar del Gobierno de Ecuador y que provocó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. “A partir del lunes estaremos acudiendo a la Corte Internacional de Justicia, donde estaremos presentando este triste caso y por supuesto iremos a todos los foros multilaterales regionales e internacionales que corresponden para que realmente esto, primero que nada, se condene por toda la comunidad internacional”, afirmó.
Este lunes Bárcena anunció que el Gobierno enviará una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, para denunciar el asalto de Ecuador a la Embajada de México en Quito el viernes pasado. “Vamos a enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas para que se presente ante toda la membresía de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General”, adelantó la secretaria de Relaciones Exteriores en la conferencia matutina del Gobierno.
Asimismo, la canciller mexicana agradeció la solidaridad de la comunidad internacional y señaló que al menos 18 países de América Latina, de variado signo político, entre ellos Colombia, Bolivia, Venezuela, Argentina y Brasil, y 10 países europeos han manifestado su apoyo, así como Estados Unidos y Canadá, en Norteamérica.
La decisión del Gobierno ecuatoriano lo ha dejado huérfano de respaldos en la región. Nicaragua ha sido el país que más lejos ha ido hasta ahora, rompiendo relaciones diplomáticas con Ecuador, en solidaridad con México. El presidente de Bolivia, Luis Arce, convocó a la embajadora de Ecuador en el país para pedirle información sobre el asalto policial a la sede diplomática y analiza romper relaciones, mientras que el mandatario colombiano Gustavo Petro exhortó a que la OEA y la CELAC se reúnan de urgencia “para examinar la ruptura de la Convención de Viena por un estado miembro”.
El exvicecanciller de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, Xavier Lasso, señaló a elDiario.es que “Ecuador ha dado este mensaje: ningún país que tenga misiones diplomáticas en Ecuador se va a sentir seguro. Se violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 que tanto nos ha costado construir”. Y agregó: “Personalmente estuve en la gestión de Julian Assange cuando estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. Ni siquiera los británicos se atrevieron a entrar a la embajada sin consentimiento”.
A todo esto, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó a través de su cuenta en la red social X a dos reuniones de la CELAC en su carácter de presidenta pro tempore. “Ante la evidente violación de la Convención Americana sobre Asilo y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas por parte del Gobierno de Ecuador, al tomar por la fuerza la embajada de México en Quito, convoco con carácter de urgencia a la Troika de la CELAC para este lunes 8 de abril, y a los cancilleres para el día martes 9 de abril. Ambas reuniones se realizarán de manera virtual a las 11 am, hora de Honduras”. Además de ella, la troika de la CELAC la integran el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves.
Asimismo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó el asalto a la embajada y “cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo” la inviolabilidad de la que gozan las misiones diplomáticas. La reunión de carácter extraordinario del organismo impulsada por Ecuador para este martes tendrá como punto a tratar las “normas de las relaciones diplomáticas y de asilo”. Por su parte, el encuentro solicitado por Colombia y Bolivia se llevará a cabo el miércoles y abordará “la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y su vínculo con la figura del asilo, así como las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador”.
“Nadie va a apoyar a Ecuador”, anticipó Xavier Lasso, quien también fue embajador de Ecuador ante la ONU entre 2012 y 2015: “Nicaragua rompió relaciones diplomáticas, Bolivia estudia lo propio. Vamos a ver cuál es el efecto dominó. México es un país importante para nosotros, puede que se compliquen las inversiones. Dentro de Ecuador, a Noboa lo respalda la derecha, la ultraderecha y un sector de la prensa canalla. En cambio, el bloque opositor de la Revolución Ciudadana presentó una solicitud de juicio político contra las ministras de Interior y de Exteriores (Mónica Palencia y Gabriela Sommerfeld) por la violación a las leyes internacionales”.
El servicio exterior mexicano sólo había roto relaciones diplomáticas con la España de Francisco Franco, el Chile de Augusto Pinochet y la Nicaragua de Anastasio Somoza.