Escoltado por militares con rifles de asalto y por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha irrumpido este domingo en el Parlamento salvadoreño para exigir a los diputados la aprobación de un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas, llamando, incluso, a la insurrección popular.
A primeras horas de este domingo, un fuerte dispositivo de seguridad, integrado por militares y policías, fue desplegado en la sede de la Asamblea Legislativa, a donde llegaron miles de personas coreando “¡Insurrección, insurrección, insurrección!”.
Bukele dio inicio a una sesión extraordinaria sobre un préstamo para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial, lanzado en junio del año pasado, pero la asamblea no pudo ser posible por la falta de quórum, ya que solo se presentaron 20 diputados de los 84 que componen el Parlamento.
Bukele ofreció una oración desde el asiento del presidente del Congreso, Mario Ponce –que no acudió a la convocatoria–, y después salió del salón legislativo ante la imposibilidad de establecer la sesión, para luego dirigirse a una multitud que lo esperaba en una de las entradas del Parlamento.
“Los diputados hoy han roto el control constitucional al no venir a la Asamblea Legislativa, ellos son los que desobedecen un mandato del Consejo de Ministros, ellos no son la Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia) para interpretar la Carta Magna”, dijo el gobernante a los que acudieron a la sede del Congreso.
El presidente subrayó que si este lunes los diputados, convocados a sesión plenaria, “no aprueban el préstamo, el Consejo de Ministros los va a volver a citar y, si aún así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución”.
Dicho artículo “reconoce el derecho del pueblo a la insurrección”, para “restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución”.
El Gobierno atribuye al Plan Control Territorial la baja de los homicidios desde junio de 2019, mes en el que Bukele asumió la Presidencia y en el que fue lanzada dicha iniciativa.
La oposición le acusa de fomentar un golpe de Estado
El secretario general del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, ha acusado a Bukele de fomentar un golpe de Estado y señala que esto traería “graves daños colaterales”.
“Si tú crees que la confrontación y los golpes de Estado no traen graves daños colaterales estás equivocado (...) venimos de un conflicto (armado) largo y amargo para retroceder”, ha dicho Ortiz durante una conferencia de prensa.
Llamadas al diálogo
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha llamado al diálogo y al “pleno respeto de la institucionalidad democrática para garantizar el Estado de Derecho, incluyendo la independencia de las ramas del poder público”.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, ha condenado el “ostentoso” despliegue militar y policial en la Asamblea Legislativa y ha señalado que esto “nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos en el país”.
Asimismo, la Unión Europea ha pedido que se respete la independencia de las instituciones en El Salvador y ha llamado a los órganos Ejecutivo y Legislativo a resolver de “forma satisfactoria y pacífica” la situación generada por la falta de aprobación de fondos para seguridad.