Que miles de mujeres argentinas volvieran la semana pasada a echarse a las calles para relanzar la campaña por el aborto legal es una muestra más del cambio que se está produciendo en una región como América Latina y el Caribe, donde la interrupción del embarazo sigue restringida o castigada en gran parte de los países.
En los últimos años en la región no solo se ha extendido ese grito que reclama un aborto legal, seguro y gratuito, sino que también se han logrado avances importantes en salud sexual y reproductiva como la legalización de la interrupción del embarazo en el estado mexicano de Oaxaca en 2019 y la ley de aborto en tres causales aprobada por Chile en 2017.
Pero pese a los logros alcanzados en la región y a ese mayor consenso social de la opinión pública sobre el aborto, las mujeres aún se enfrentan a numerosas barreras para acceder a un aborto, incluso en los países donde es legal, como es la objeción de conciencia de profesionales ginecológicos que no quieren participar en esta práctica. Otros obstáculos se deben al creciente número de dirigentes conservadores y al avance de los grupos contrarios al aborto, si bien la situación varía dependiendo del país.
“En términos generales hay una mayor conciencia de la capacidad de decidir de las mujeres y la mayoría de los países latinoamericanos tiene leyes que reconocen el derecho de las mujeres a una amplia gama de anticonceptivos, protocolos de atención donde hay causales justificadas para abortar, etc”, señala Susana Chávez, directora de la organización peruana Promsex y secretaria ejecutiva del Consorcio latinoamericano contra el aborto inseguro (Clacai). “Sin embargo, existe una corriente conservadora muy fuerte que está interponiendo medidas judiciales al cumplimiento de las leyes y eso añade trabas que limitan”, añade.
En ese sentido, la experta asegura que en varios países se ha intentado “judicializar los protocolos de aborto por considerarlos una amenaza al concebido”, mientras que en otros Estados de la región se han incorporado medidas restrictivas.
Tampoco hay que olvidar que a pesar de que en los últimos años América Latina ha tenido Gobiernos progresistas en varios países, por lo general han mantenido una postura conservadora frente a la interrupción voluntaria del embarazo. No se logró, por ejemplo, despenalizar la práctica en Argentina durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En el caso de Ecuador, Rafael Correa amenazó incluso con dimitir si el Parlamento permitía aprobarlo.
Un panorama desigual
Pero en la actualidad, ¿dónde es legal el aborto en América Latina y el Caribe? La mayoría de los países de la región cuenta con causales a la interrupción del embarazo que van más allá del peligro de muerte de la madre, aunque cada uno tiene leyes diferentes.
Los países más restrictivos son El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana, donde el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia. Las mujeres salvadoreñas se enfrentan incluso a penas de prisión que superan los 30 años al ser acusadas de homicidio agravado. Ni siquiera importa si sufrieron un aborto espontáneo.
Honduras, donde también se castiga con cárcel a las mujeres que interrumpen su embarazo, es además el único país de la región donde están prohibidas las píldoras anticonceptivas de emergencia.
“Pese a los logros de la región, Centroamérica no avanza al mismo ritmo e incluso algunas iniciativas de grupos antiaborto están ganando fuerza”, recuerda a este medio el ginecólogo Guillermo Ortiz, asesor médico de IPAS, organización internacional que trabaja para ampliar el acceso de las mujeres a servicios de atención integral del aborto.
Ejemplo de ello es Costa Rica, donde el aborto terapéutico [razones médicas] es legal, pero “ha habido intentos de derogar la ley y tratar de que se vuelva a discutir el tema para prohibirlo completamente”, tal y como pasó en El Salvador en 1998 y en Nicaragua en 2007, cuando el otrora comandante de la Revolución Sandinista Daniel Ortega asumió la presidencia.
Otros Estados latinoamericanos que cuentan con leyes muy restrictivas son Paraguay, Venezuela y Surinam, donde las mujeres únicamente pueden suspender su embarazo legalmente cuando su vida peligra.
En el caso de Perú, la gestante puede abortar si está en riesgo su salud o su vida, pero se aplica una perspectiva restrictiva de la norma. “Se imponen condiciones que no aparecen en la ley y se niegan derechos que ya tienen las mujeres imponiendo embarazos forzados aún a costa de su salud y su vida”, asegura Chávez.
Todas estas restricciones legales se han convertido en una amenaza para la vida y salud de las mujeres en la región, ya que se ven obligadas a recurrir a prácticas clandestinas e inseguras para interrumpir su embarazo. La ilegalidad de este procedimiento, además, no reduce su práctica y de hecho el aborto clandestino es una de las principales causas de muerte materna en estos países.
América Latina y Caribe es la región con más abortos
América Latina y el Caribe es la región con la tasa de abortos más alta del mundo: 44 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, en comparación con Asia (36 por cada 1.000 mujeres), África (34), Europa (29) y América del Norte (17), según datos del Instituto Guttmacher, especializado en derechos reproductivos.
En cuanto a la tasa de embarazos no planeados, América Latina y el Caribe también lidera la tabla, con 96 embarazos por cada 1.000 mujeres en edades de entre 15 y 44 años.
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año se realizan unos 25 millones de abortos inseguros en el mundo, la mayoría en condiciones de clandestinidad.
Los únicos países de la región donde el aborto está despenalizado durante las primeras semanas de gestación son Uruguay, Cuba, Guayana, Guayana Francesa y Puerto Rico (estado libre asociado de EEUU).
En México las mujeres también pueden suspender su embarazo de forma legal, pero únicamente en dos estados: Ciudad de México y Oaxaca, al sur del país. Solo el aborto en caso de violación es legal en todo México, mientras que en algunos estados existen otras excepciones.
En todos estos países también existen complicaciones para acceder a los servicios. Desde profesionales sanitarios que se declaran objetores de conciencia hasta clínicas falsas donde intentan convencer a las mujeres de que no aborten.
Nuevo intento en Argentina
Las mujeres en Argentina pueden abortar legalmente si la vida de la madre peligra o si el embarazo fue producto de una violación, aunque incluso dentro de ese marco también encuentran obstáculos.
Los grupos feministas y las mujeres que relanzaron la semana pasada el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que tiene estado parlamentario, confían en que esta vez se apruebe una ley de plazos, pues a diferencia de otras ocasiones, ahora hay un respaldo presidencial. El mandatario Alberto Fernández ya ha dicho que enviará al Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto.
“Estamos a la expectativa de ver cómo va a ser el proyecto que presentará el Ejecutivo. Entendemos que a la hora del debate se van a poner a disposición ambos proyectos y en principio se votaría antes de junio”, explica a eldiario.es la activista Jenny Durán, integrante de la campaña.
Retroceso en Chile
En 2017, bajo el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Chile despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida de la madre corra peligro, inviabilidad fetal y violación. Fue un paso histórico para el país, teniendo en cuenta que el aborto estaba prohibido bajo cualquier circunstancia desde 1989, cuando la dictadura de Augusto Pinochet así lo promulgó.
Sin embargo, las mujeres en Chile también tienen dificultades para acceder al aborto legal. Desde un principio la ley permitió a los médicos del sistema público negarse a realizar el procedimiento y en 2018 el Gobierno del conservador Sebastián Piñera añadió nuevas trabas. Actualmente los hospitales públicos no están obligados a tener permanentemente profesionales que practiquen abortos y las clínicas privadas pueden negarse a realizarlos.
Colombia: aborto permitido pero de difícil acceso
Desde el año 2006 el aborto está permitido en Colombia en tres supuestos: cuando existe riesgo para la vida de la madre, malformación del feto o violación. Sin embargo, al mismo tiempo la ley colombiana tipifica el aborto como un delito, por lo que a muchas mujeres se les complica acceder a los servicios.
“Se trata de un delito discriminatorio que afecta especialmente a las mujeres pobres, a las jóvenes y a las campesinas, ya que las mujeres que viven en grandes ciudades pueden acceder mejor porque tienen más información y recursos. Es un delito, además, que solo se puede aplicar a las mujeres, a las que se castiga por tomar decisiones sobre su propio cuerpo”, indica a eldiario.es la activista feminista Beatriz Quintero, integrante de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una alianza de organizaciones que lucha desde 1998 para que el aborto se despenalice en Colombia.
Con el objetivo de disminuir las barreras que afrontan las mujeres, el magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares ha propuesto al alto tribunal despenalizar el aborto en el primer trimestre. Pero no será un debate sencillo, pues la abogada Natalia Bernal ha propuesto prohibir la práctica por completo y los grupos contra el aborto también han protestado contra la iniciativa, que debería conseguir 5 votos a favor de un total de 9 magistrados.
Brasil, Bolivia y Ecuador
En el caso de Bolivia hasta 2017 el aborto solo era legal cuando existía riesgo de salud para la madre o en caso de violación, pero ese año el Gobierno de Evo Morales amplió los supuestos. En la actualidad tampoco es delito abortar durante las primeras ocho semanas de embarazo si la mujer es estudiante o tiene a su cargo a personas mayores o discapacitadas.
Brasil permite el aborto en caso de violación, de riesgo para la madre y de anencefalia. Ecuador, por su parte, tiene una legislación más severa, ya que solo se puede abortar legalmente en dos casos: cuando la vida de la madre está en riesgo y cuando una mujer con diversidad funcional ha sido violada. En septiembre de 2019 el Parlamento rechazó despenalizar la práctica en todos los casos de violación y malformación del feto.
Bajo este panorama, el hecho de que Argentina pueda lograr este año despenalizar el aborto aporta esperanza a toda la región.