América Latina tiene una gran deuda con sus mujeres. El continente le debe al feminismo un gran cambio de legislación que permita a las personas, de manera libre y segura, acceder al aborto. Y se trata de un grito común que empieza en México y termina en Chile. En todo el continente (incluyendo los países caribeños con más de un millón de habitantes), solo 3 de 49 países cuentan con una legislación que legaliza el aborto. Esto significa que en el 92% de los países es ilegal esta práctica, aunque en algunos territorios operen excepciones en forma de supuestos.
La peor parte se la llevan los países centroamericanos. En República Dominicana, Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua, abortar es ilegal en todos los casos, es decir, no existen excepciones de ningún tipo en sus legislaciones. En El Salvador, por ejemplo, las mujeres pueden llegar a ser castigadas hasta con 30 años de prisión por abortar. Se enfrentan también a persecuciones que encabeza la iglesia, pero que también siguen ciertos sectores de la sociedad, simplemente por despertar sospechas.
El Código Penal de Honduras castiga con penas de tres a seis años de cárcel a las mujeres que produzcan o consientan una interrupción de su embarazo. Por ley, tampoco se pueden utilizar anticonceptivos de emergencia.
“Estamos trabajando en todas las regiones. Hicimos un gran trabajo en Chile y, en los países centroamericanos, lo que hacemos es denunciar internacionalmente las penas a cadena perpetua por abortar que se imponen por ejemplo en El Salvador. En estos países, el aborto está completamente penado”, explica Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La mayor parte de los países latinoamericanos prohíbe el aborto con excepciones parecidas en cada territorio. Los supuestos más habituales en los que no es delito abortar son: violación o que corra riesgo la vida de la madre. Algunos países incluyen también malformaciones del feto, y unos pocos –tres de los países más pequeños del continente: Barbados, Belize y San Vicente y Granadinas– suman la inseguridad socioeconómica.
Las legislaciones más restrictivas, esto es, las que solo contemplan la legalidad del aborto en casos de violación o de que corra peligro la madre, las encontramos en países como México, Venezuela, Brasil, Paraguay o Chile.
De los 49 países analizados el aborto está totalmente prohibido salvo excepciones en 15 países. Se permite para salvar a la gestante en 13 de ellos, se permite por razones socieconómicas en 3 y es legal sin restricciones en otros 3. Cuba fue el primer país en legalizar el aborto en el territorio en 1968, después lo hizo Guyana en 1995 y, finalmente, Uruguay en 2012.
De los países que prohíben el aborto, Brasil, Chile, México y Panamá lo permiten en caso de violación. El resto lo prohíben incluso bajo este supuesto. En este punto, cabe recordar que en la Ciudad de México el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación desde el año 2007. Esta competencia depende de los estados.
Dentro de los países que prohíben el aborto, es posible abortar si peligra la vida de la madre en Antigua y Barbuda, Brasil, Chile, Dominica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Venezuela. No sucede lo mismo en República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Suriname.
La OMS calcula que cada año se producen 22 millones de abortos no seguros y que cada año mueren 47.000 mujeres por complicaciones derivadas de abortos inseguros. Apuntan también que el 40% de las mujeres en edad de procrear vive en países donde el aborto está prohibido, restringido o es inaccesible.