Las protestas antigubernamentales llegan este jueves a Lima con el llamado de organizaciones sociales, sindicales y regionales a participar en las manifestaciones ciudadanas que piden la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, y el cierre del Congreso, así como la convocatoria de elecciones generales y una asamblea constituyente.
Grupos de manifestantes de distintos puntos del país han ido llegando en las últimas horas a la ciudad para participar en la movilización ya conocida como “La toma de Lima”.
En medio de los convoyes de camiones y coches que se dirigían a la capital viajaba un grupo de voluntarios médicos de luto por la muerte de un estudiante de medicina durante la protesta más mortífera hasta el momento. Marco Antonio Samillán, un joven de 30 años, murió la semana pasada tras ser disparado cuando ayudaba a un manifestante herido.
“Somos parte de este país. Queremos calidad de vida, con buena sanidad y también educación. Pero cuando alzamos nuestra voz de protesta pidiendo que respeten nuestros derechos respondieron con golpes y balas”, dice Raúl, hermano mayor de Marco, en declaraciones recogidas por The Guardian.
Este miércoles, varios líderes de las manifestaciones afirmaron en una rueda de prensa que en su país no habrá “democracia ni paz” si Boluarte no renuncia a la jefatura del Estado, cargo que asumió tras la destitución de Pedro Castillo después de intentara imponer un Gobierno de excepción.
El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, dijo que, así Boluarte renuncie al cargo, las manifestaciones continuarán si no se produce también un cambio en la mesa directiva del Congreso, que preside el conservador José Williams Zapata.
Boluarte no tiene vicepresidentes, por lo que una renuncia suya implicaría que el presidente del Congreso asuma la jefatura del Estado por sucesión constitucional.
Durante la rueda de prensa, celebrada en la sede de la CGTP, los dirigentes insistieron en que este jueves se realizará “un paro nacional cívico-popular con movilizaciones pacíficas”. En la conferencia estuvieron presentes dirigentes de regiones sureñas como Cuzco, Tacna, Moquegua y Apurímac, de las norteñas La Libertad, Lambayeque y Cajamarca, así como del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una zona del centro y sur del país donde se encuentran los mayores cultivos de hoja de coca de Perú.
Estado de emergencia
El Gobierno ha incluido a Lima en una declaración de estado de emergencia durante otros 30 días y ha asegurado que con ello busca evitar “actos de violencia” en la capital.
“Si se ha considerado Lima y Callao ha sido para tomar previsiones, en virtud a las informaciones que se tienen de que se van a llevar a cabo manifestaciones, y lo que menos queremos es que esas manifestaciones degeneren en actos de violencia”, dijo este lunes el ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez.
El ministro resaltó que la decisión se tomó considerando los “puntos focales” y las zonas del país donde se presentan las manifestaciones con mayor intensidad, y que la participación de la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas se da “en el irrestricto cumplimento de las normas establecidas en ley”.
“Vuelvo a reiterar: hago un llamado a la paz y que se lleven a cabo estas manifestaciones de manera pacífica y no degeneren en actos de violencia. Estamos insistiendo nuevamente con el diálogo con la población”, añadió.
Lao ONU llamó este miércoles a Perú a respetar el derecho a la protesta pacífica. “Ciertamente confiamos y esperamos que se respete el derecho a la manifestación pacífica”, dijo el portavoz Farhan Haq.
Enfrentamientos
Este miércoles, una mujer murió y otra persona resultó herida en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden que se presentaron en la ciudad de Macusani, en la región sureña de Puno, donde también se reportó que la sede judicial y la comisaría fueron incendiadas.
Tras estos enfrentamientos, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, declaró al canal N que ve “un patrón” de ataques a instituciones de seguridad y la Judicatura durante las protestas antigubernamentales.
Sostuvo que hechos similares se han presentado en otras regiones sureñas como Cuzco, Apurímac o Ayacucho, y le pidió a la presidenta “que tome medidas, no represivas, no de sacar y disparar contra la gente, sino que tiene que buscar el justo equilibrio y poner orden”.
Por su parte, la Fiscalía de Perú afirmó que en su país “se respeta el derecho a la protesta dentro del marco de protección de los derechos humanos, que excluye a los actos de violencia”, por lo que reafirmó “su compromiso y obligación de prevenir y perseguir el delito”.
Desde diciembre pasado, las protestas han dejado 42 manifestantes y un policía muerto, mientras que otras nueve personas han perdido la vida por distintas causas provocadas por los bloqueos de carreteras y manifestaciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles la violencia provocada tanto por fuerzas de seguridad como manifestantes. “Condenamos todo tipo de violencia. Ha habido violencia por parte de las fuerzas de seguridad que están en proceso de investigación y también violencia que ha afectado a una serie de bienes públicos y privados”, dijo el vicepresidente de la CIDH y relator del organismo para Perú, Edgar Stuardo Ralón.
El 58% de los peruanos considera que hubo excesos por parte de las fuerzas del orden ante las protestas, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos realizada este mes. La misma encuesta indicaba que el 83% de los encuestados estaba a favor de adelantar las elecciones y solo 3 de cada 10 peruanos aprobaba el Gobierno de Boluarte.