La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei, presentó esta semana un proyecto para derogar la legalización del aborto, anulando la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que fue aprobada el 30 de diciembre de 2020.
La medida es más regresiva respecto a la legislación anterior y haría retroceder dos siglos de avances de un plumazo, ya que penaliza a las mujeres –con uno o tres años de prisión– incluso en caso de violación. El Código Penal argentino, de 1921, permitía el acceso al aborto frente a la violencia sexual y el fallo F.A.L., emitido por la Corte Suprema de Justicia en 2012, respaldaba el aborto legal por determinadas causas: si había riesgo de muerte, perjuicio para la salud física o emocional y violación.
La abogada Edurne Cárdenas, especialista en derechos humanos, sexuales y reproductivos, alerta: “Es un espanto el proyecto porque retrotrae los derechos de las mujeres a antes de 1921, sin tener en cuenta ni el acceso al aborto de las mujeres violadas”.
Argentina pasaría de ser el país con la legislación más avanzada en la región –Uruguay permite la intervención hasta las 12 semanas y Argentina hasta las 14, y después por causas determinadas; en Colombia y México está despenalizado pero por vía judicial– a formar parte de las naciones más restrictivas de América Latina.
¿El proyecto solitario de una diputada?
La propuesta antiderechos, de la diputada Rocío Belén Bonacci, se conoció este miércoles, después del fracaso del presidente Javier Milei para lograr la aprobación de la Ley Ómnibus, que buscaba otorgar poderes extraordinarios al Ejecutivo, privatizar empresas claves en la soberanía nacional, reducir las pensiones y desregular derechos laborales y ambientales, entre otras medidas de austeridad económica y criminalización de la protesta social.
La iniciativa más importante de Milei ha vuelto para ser discutida en las comisiones parlamentarias, con el enojo del líder libertario con los integrantes del Congreso, a los que tilda de “casta”. La pelea interna de un partido compuesto por sectores liberales misóginos y conservadores clásicos es que se busca poner al feminismo como un enemigo del Gobierno.
Por otro lado, la contención social que busca el Gobierno, en alianza con sectores religiosos, para aplicar un fuerte ajuste económico sin un estallido social aumenta las presiones de los sectores antiderechos por derogar los sexuales, en los que Argentina ocupa un lugar de vanguardia. Algunos ejemplos son el pacto con Cáritas para tercerizar la ayuda a los sectores populares; la visita de Milei al Papa Francisco el 12 de febrero (después de denominarlo “el maligno”); y el acuerdo con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera) para que reparta alimentos, en una estrategia similar a la del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, también fanático antiaborto.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello –a cargo de las áreas derivadas del destituido Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad–, también firmó un convenio con Abel Albino, presidente de la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN). Albino es miembro del Opus Dei y, durante el debate del aborto en el Senado, aseguró que “el profiláctico no protege de nada porque el virus del sida atraviesa la porcelana”. Otras de sus polémicas frases son “la homosexualidad es un problema” y “la masturbación es una adicción”.
Por su parte, Milei se pronunció en contra del aborto cuando ganó las elecciones primarias de Argentina, el 13 de agosto de 2023, en una entrevista donde propuso realizar una consulta popular. En su paso por el Foro Económico Mundial en Davos, el 17 de enero de 2024, atacó a “las feministas radicales” y arremetió contra “la agenda sangrienta del aborto”.
El 25 de enero, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo en una rueda de prensa: “Es un tema que en algún momento se debatirá”. Adorni suele terminar sus tuits con la palabra “Fin”; pero, en este caso, la nueva pelea política del Gobierno no fue el fin, sino el comienzo. Este jueves, Adorni aseguró que el proyecto de ley “no es parte de la agenda, no es decisión del presidente y no está impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”.
Si bien Milei habla en contra del aborto internacionalmente, el proyecto no habría contado con su aval directo, según la periodista parlamentaria Noe Barral Grigera. “Todo indica que sería una decisión en soledad de Bonacci porque preguntamos a diputadas/os y no sabían nada, incluso lo desmintió Lilia Lemoine [una de las diputadas que firmaron el proyecto] y en el Poder Ejecutivo dicen que no es el momento. La Libertad Avanza (LLA) no tiene disciplina partidaria. Pero no es a contramano de lo que piensa Milei”.
La diputada dio a conocer su proyecto en la red social X (antes Twitter), donde mostró mensajes de WhatsApp para demostrar que tenía aval interno de su partido, pero con un gran desconocimiento de los trámites legislativos y sin convalidar el consenso entre los diputados que aparecen como firmantes del proyecto y que ahora se han esfumado.
Un 90% menos de muertes por aborto tras la legalización
Más allá del derrotero oficialista y de que se especula que el proyecto de ley no podría avanzar, la amenaza no es menor. Un presidente que habla en contra del aborto y una diputada que propone derogar ese derecho no son vídeos de TikTok, sino iniciativas institucionales. Por eso, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el opositor Nicolás Kreplak, ha defendido que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ha reducido la muerte de mujeres por el gatillo de la clandestinidad, en la que éstas tenían miedo de ir al hospital y se desangraban solas o eran atendidas –pagando– en consultorios sin habilitaciones ni condiciones sanitarias.
“Antes de la ley se dijo que iba a reducir la muerte materna producida por abortos y sucedió. En la provincia de Buenos Aires tenemos una reducción del 90% por causas de aborto, que era la principal causa de muerte de mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. Es innegable que ha salvado muchas vidas”, dice a elDiario.es.
Entre 2010 y 2020 murieron una media de 17 mujeres por año (con un pico de 32 muertes en 2011), debido a las condiciones insalubres en las que se realizaban los abortos en la clandestinidad. Tras la aprobación de la ley del IVE a finales de 2020, en 2021 se redujo la cantidad de fallecimientos a tres y en 2022 se registró una sola muerte, y fue por un aborto espontáneo y no voluntario. La legalización del aborto redujo un 90% las muertes entre 2019 y 2022. “Entre los años 2021 y 2023, la provincia de Buenos Aires evitó 45 muertes por aborto”, sostiene un informe del Ministerio de Salud bonaerense del 23 de enero de 2024.
“El proyecto no plantea que la ley de aborto legal no haya cumplido su objetivo de terminar con los abortos clandestinos, que han generado tanto daño y muerte a muchas mujeres”, resalta Daniel Lipovetzky, exdiputado de Juntos por el Cambio, la alianza que responde al expresidente Mauricio Macri.
Lipovetzky fue clave en la transversalidad política que logró la sanción en el Parlamento del aborto legal, seguro y gratuito, en 2018. En ese momento, la IVE no logró aprobarse en el Senado, pero despertó la participación de un millón de jóvenes en el Congreso con la marea verde. El entonces diputado subraya: “Es un retroceso volver a debatir un tema que ya fue zanjado con un tratamiento parlamentario muy intenso en ambas cámaras y en dos períodos legislativos”. Vaticina que “no van a poder conseguir los votos necesarios para aprobar la derogación. Pero los votos se cuentan de a uno y será clave la participación del movimiento de mujeres”.
“Una herramienta para distraer” de la crisis económica
“No tiene ninguna posibilidad de salir” adelante, sentencia la diputada Silvia Lospennato (PRO), secretaria del interbloque Juntos por el Cambio. “Las mujeres reivindicamos nuestro derecho a elegir nuestro proyecto de vida. El acceso a la IVE es un tema de acceso a la salud pública, la penalización del aborto no evita el aborto pero sí aumenta el riesgo sanitario. Esta discusión, que fue la más importante desde el retorno a la democracia, ya se saldó”, afirma.
A pesar de que muchos subestiman la iniciativa de derogación, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical en Juntos por el Cambio) advierte: “No hay que descuidarnos porque hoy los números y la transversalidad son más acotados y limitados adentro y afuera del Congreso. Y, por un lado, dicen que el presidente no impulsa el proyecto, pero lleva la firma del diputado (Oscar) Zago que es el presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Congreso”. Por otro lado, alerta: “En este contexto de cuasi hiper inflación y profundo ajuste que está pagando la clase media, los jubilados y niños/as, instalar estos temas de debate ideológico es una herramienta para distraer, neutralizar e invisibilizar”.
Desde la oposición, la diputada Mónica Macha, de Unión por la Patria, extiende su mirada del feminismo a la compleja realidad argentina: “Después de la derrota política de la Ley Ómnibus quieren utilizar un tema que genera muchas pasiones para correr el eje de discusión. Pero Milei tiene la intención de ir a por todo. No solo se pone en juego bajar la inflación con recesión, sino que tiene un componente ideológico muy marcado en contra de la libertad de las mujeres”. Y agrega: “Vamos a defender el derecho al aborto. Y mucho más porque tienen la intención de cambiar la cultura argentina y volver a una sociedad conservadora y violenta donde los varones están por encima de las mujeres”.