Israel está sumido en su mayor crisis constitucional desde su fundación en 1948 desde que el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu anunciara su plan de reforma judicial, que busca mermar la independencia de la Justicia y aumentar el control del Ejecutivo sobre la misma.
La legislación, cuyos aspectos más polémicos ya avanzan en la Knéset (Parlamento israelí), ha provocado las mayores protestas de la historia de Israel, con un récord de 650.000 asistentes anoche, después de que Netanyahu cesara al ministro de Defensa, Yoav Gallant, por pedir frenar su tramitación.
El Gobierno alega que el Tribunal Supremo históricamente se ha inmiscuido demasiado en asuntos políticos, por lo que es necesario poner un límite a esos poderes; mientras que los detractores de la reforma aducen que un poder judicial independiente es vital para la salud democrática del país, donde los poderes legislativo y ejecutivo suelen fundirse al ser siempre la coalición gobernante quien acapara la mayoría parlamentaria, con poder casi absoluto para imponer leyes.
Elección de los jueces
El comité responsable de recomendar el nombramiento de jueces actualmente está compuesto por nueve miembros, entre jueces en ejercicio, representantes del Colegio de Abogados de Israel, miembros de la Knéset y del gobierno; de forma que se requiere un acuerdo entre todos para elegir a los jueces.
La reforma planteada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, busca ampliar a once los miembros del comité y cambiar la composición del comité: tres ministros y tres legisladores de la coalición, además de tres jueces independientes y dos legisladores de la oposición; lo que otorgaría al gobierno una mayoría de seis miembros sobre once.
Esta es la versión suavizada de la ley de selección de jueces, modificada hace una semana, ya que la formulación inicial daba al gobierno una mayoría de siete miembros, con poder absoluto en la elección y destitución de todos los jueces, incluidos los del Supremo. Estaba previsto que se aprobara esta ley en la Knéset esta misma semana.
Revisión judicial
Los cambios propuestos buscan frenar que la Corte Suprema pueda revisar la legislación, incluidas la Ley Básica, cuerpo de leyes con rango constitucional. La reforma busca exigir que la invalidación de cualquier ley requiera el consenso del 80 % del panel de jueces del Supremo, cuando ahora solo es necesaria una mayoría simple.
Este es un punto que incluso algunos detractores de la reforma defienden, ya que muchos opinan que el Supremo tiene demasiado poder para revertir leyes, aunque difieren en la forma y defienden que para la aprobación o modificación de leyes básicas sea preciso más que una mayoría simple en el Parlamento.
Cláusula de anulación
Se trata de uno de los aspectos que más polémica han desatado, ya que permitiría que una mayoría parlamentaria simple (61 diputados de 120) puedan anular fallos del Supremo cuando estos impliquen revertir o modificar leyes.
Los que se oponen a la ley ven esta cláusula como una clara violación de la separación de poderes y la independencia judicial y, por ende, una seria amenaza para la democracia israelí. La propuesta de ley que incluye la cláusula de anulación, que también permite blindar leyes ante su revisión judicial, pasó en primera instancia hace dos semanas y su aprobación definitiva se retrasó para mayo, después del receso parlamentario por la Pascua Judía.
Asesores legales de los ministerios
La reforma planteada por el Gobierno busca reclasificar los puestos de asesores legales de los ministerios, que hasta ahora eran expertos independientes supervisados por el Ministerio de Justicia, a abogados elegidos políticamente. Además, las opiniones de esos asesores dejarán de ser vinculantes y de obligado cumplimiento.
De esta forma, los ministros respectivos tendrán control total para elegir y despedir a los asesores, lo que para los detractores de la reforma implica una clara politización de los controles judiciales.
Razonabilidad
La reforma pretender limitar el alcance del concepto de “razonabilidad” por el que los tribunales pueden someter por iniciativa propia a revisión judicial cualquier decisión gubernamental, incluyendo el nombramiento de cargos públicos, en base a si consideran las medidas razonables o irrazonables.
En base a este criterio, el Supremo consideró en enero “irrazonable” el nombramiento como ministro de Interior y Sanidad del líder ultraortodoxo Aryeh Deri, meses después de que este fuera condenado por fraude fiscal y eludiera la cárcel a cambio de un acuerdo de culpabilidad en el que se comprometía a dejar la política.