Hace un par de días se publicaron los datos de ocupación de la Oficina Federal de Estadística alemana (Destatis). Los mismos indican que en Alemania se registró en el último trimestre de 2012 un máximo histórico de empleo desde la reunificación. Casi 42 millones de habitantes tienen un trabajo. Sin embargo, numerosas voces críticas alertan de que los datos pueden conducir a hacerse una idea equivocada de la situación del mercado laboral alemán.
En primer lugar destaca la bajada de salarios que se ha vivido en el país desde que se comenzó a aplicar la llamada Agenda 2000 a partir de 2003. Los salarios reales de los alemanes descendieron un 1,8% en relación a lo que se ganaba en el año 2000, según un estudio del Instituto de Ciencias Económicas y Sociales (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut, WSI, en alemán) publicado el 12 de febrero.
El estudio muestra, asimismo, que el beneficio de empresas y fortunas aumentó en ese mismo periodo en torno al 50%. El experto de dicho Instituto Reinhard Bispinck asegura en una nota de prensa que esta evolución es un indicador negativo para Alemania y para Europa, al dañar la estabilidad económica: “Una subida palpable del poder de compra a través del aumento de los salarios es una condición esencial” (para mantener la estabilidad).
Esta es la razón por la cual la reivindicación de un salario mínimo se ha convertido en uno de los temas centrales de la campaña electoral para las próximas elecciones de septiembre del partido de La Izquierda (Die Linke), así como uno de los campos de batalla de los sindicatos. Mientras estos últimos reclaman unos 8 euros la hora, los políticos de la izquierda piden hasta 10. Tal es el debate que ahora, a pocos meses de los comicios, el Gobierno del partido conservador CDU de la canciller Ángela Merkel parece preocuparse de la cuestión y ha declarado querer introducirlo.
Sin embargo, se trataría de varios salarios mínimos diferentes, dependiendo de la región alemana donde se trabaje y del sector económico. Dicha propuesta ha sido criticada por todos los grupos de oposición y por los sindicatos.
Asimismo hay en Alemania 2,6 millones de autónomos, de los cuales más de la mitad son del tipo denominado “empresa de uno solo” (ein-Mann-Unternehmen), y más de una tercera parte tienen bajos ingresos. El número de autónomos aumentó un 40% entre el año 2000 y el 2010, según el Instituto Alemán para la Investigación Económica (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung).
Por citar un ejemplo de la precarización que supone ser autónomo en ciertas circunstancias, hay que mencionar los contratos de los profesores de idiomas de las llamadas “escuelas populares” de Berlín. A pesar de tratarse de escuelas públicas de idiomas y de que los profesores trabajan en ocasiones únicamente para dichas instituciones educativas, no tienen contratos directos con las mismas, sino que son autónomos y cobran por curso impartido.
Ello supone un ahorro para el empleador (en este caso la Administración) en los pagos a la Seguridad Social y al seguro sanitario, que se vuelven más elevados para el propio trabajador. Además colocan al empleado en una situación de mayor desprotección, ya que tiene las conocidas desventajas de los autónomos, como por ejemplo no cobrar por días de vacaciones.
La cifra de empleo global no detalla tampoco el tipo de actividad del que se trata en cada caso. Según la Agencia Nacional de Empleo (Bundesagentur für Arbeit) a finales de junio había hasta 908.000 trabajadores temporales. Son empleos que dependen de la coyuntura económica y, por tanto, no pueden considerarse estables. La mitad de dichos trabajos duran de media unos tres meses. Eso sí, en cuanto al salario, los trabajadores contratados con estas condiciones ganan alrededor de un 50% menos que los empleados fijos aunque hagan las mismas tareas, según un estudio de la Fundación Bertelsmann.
Los famosos minijobs emplean a uno de cada cinco trabajadores en Alemania. En junio de 2012 hasta 7,4 millones de alemanes tenían un minijob. Con estos trabajos el empleador paga una mínima contribución a la Seguridad Social y el empleado no ha de pagar impuestos. Ello no significa que dichos empleados no puedan tener otra actividad económica o recibir una pensión.
De hecho, solamente en la región de Bavaria son casi 140.000 los jubilados que trabajan para completar su pensión “limpiando, ordenando estanterías en los supermercados o repartiendo periódicos”, publica el periódico Suddeutsche Zeitung. El aumento del precio de los alquileres y de la vida, que no se ha correspondido con un aumento paralelo de sus jubilaciones, les obliga. Ellos también cuentan como empleados en la flamante estadística del récord de empleo alemán.