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Justin Howell, de 20 años, participaba en una manifestación en Austin, Texas, cuando la policía disparó sus escopetas del calibre 12 modificadas para descargar pequeños sacos de tela rellenos de perdigones. Uno de aquellos saquitos le dio en la cabeza. Cayó al suelo. Un grupo de manifestantes lo levantó y lo intentó llevar hacia los agentes para pedir ayuda. Delante del todo, una médica voluntaria con los brazos en alto intenta abrir camino y llamar la atención de la policía. La ven, pero responden con una nueva ráfaga de disparos. Howell está grave. Tiene una fractura en el cráneo y daño cerebral.
Las protestas contra el racismo de EEUU están dejando varias imágenes polémicas sobre la utilización del material antidisturbios. Este armamento se ha cobrado varias víctimas mortales por todo el mundo, pero la falta de regulación nacional e internacional ha fomentado su uso y abuso en muchos países. Un día antes del incidente de Howell, Brad Ayala, de 16 años, estaba alejado de la multitud manifestante en la misma ciudad cuando cayó desplomado tras recibir el impacto en la cabeza de las escopetas policiales. También tiene fractura de cráneo y daño cerebral.
“Las armas menos letales [conocidas hace años como armas no letales] no están muy controladas. No hay mucha regulación a nivel nacional e internacional. Eso lo convierte en un muy buen negocio para los productores y muy fácil de adquirir en grandes cantidades para las fuerzas de seguridad sin el escrutinio de las organizaciones de derechos humanos”, sostiene Ara Marcen Naval, exdirectora adjunta de control de armas y derechos humanos de Amnistía Internacional en una reciente investigación de la organización sobre el uso del gas lacrimógeno.
La organización Physicians for Human Rights sostiene en uno de sus informes (2018) que “mientras el armamento antidisturbios puede teóricamente ofrecer una opción de uso reducido de la fuerza, en la práctica –y quizá por la suposición de que son siempre menos letales–, a menudo se utilizan las armas de una forma indiscriminada y sin haber gastado primero el resto de opciones pacíficas”. “Esto se debe, en gran parte, a la falta de pruebas antes de su uso, a una formación insuficiente, a la falta de regulaciones y a mecanismos pobres de rendición de cuentas”.
Isabel Mendoza, portavoz del equipo de comercio de armas de Amnistía Internacional recuerda que el uso del gas lacrimógeno está prohibido en conflictos armados, pero que se permite a nivel interno por parte de las fuerzas de seguridad: “Por eso creemos que debe haber una clara limitación o restricción sobre su uso”.
En las protestas de EEUU de estos días también se ha visto un abuso del gas lacrimógeno y ciudades como Seattle han prohibido su uso durante los próximos 30 días tras hacerse público que se utilizaron para disolver manifestaciones pacíficas.
En Filadelfia, los agentes utilizaron botes de gas lacrimógeno contra los manifestantes que estaban bloqueando la autopista. Una vez que estos quedaron atrapados y sin salida en lo alto de una colina, la policía siguió disparando.
“El primer paso que necesitamos es una clasificación clara de estos instrumentos como armas y eso tendría que estar estandarizado en todos los tipos de intercambios comerciales”, sostiene en la investigación de Amnistía Internacional Anna Feigenbaum, autora del libro ‘Gas lacrimógeno: de los campos de batalla de la Primera guerra Mundial a las calles de hoy’. “También debería haber un requisito legal de etiquetar todos los botes de gas lacrimógeno no solo con el lugar de procedencia, sino también con los ingredientes y componentes. Es una regulación básica para la comida y no hay ninguna razón para que no sea una regulación en las armas menos letales”, añade.
Marcen Naval opta por “poner un sistema de licencias que vigile cómo se utilizan estas armas, de modo que cuando haya ejemplos de que se han utilizado para graves violaciones de derechos humanos, que se suspenda esa transacción”. “Cuando hay un país que utiliza las armas para dispersar manifestaciones pacíficas, pedimos a los Estados productores que paralicen ese comercio de forma inmediata”, añade. Isabel mENDOZA
“Hay un creciente consenso entre expertos legales de que algunos usos del gas lacrimógeno pueden constituir actos de tortura o maltrato”, señala la investigación de Amnistía Internacional, la cual ha detectado 80 casos de uso indebido del gas en 22 países diferentes. “Amnistía ha documentado numerosos casos de grave dolor y sufrimiento causado por el gas, así como situaciones en las que su uso es claramente punitivo. Con esto en mente, nuestra conclusión es que en estas instancias el uso del gas lacrimógeno constituye tortura bajo la legislación internacional”, añade.
Los relatores especiales de la ONU sobre los derechos de reunión y asociación pacífica, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y sobre ejecuciones sumarias, arbitrarias o extrajudiciales advirtieron este miércoles en un comunicado que “disparar gases lacrimógenos y golpear a manifestantes pacíficos no los silencia, solo reafirma la urgencia de la lucha por la reforma policial y justicia racial en EEUU”. El texto señala que hay “centenares de vídeos” que ponen de manifiesto “el uso injustificado por parte de la policía de porras, gases lacrimógenos y pelotas de goma para dispersar a manifestantes pacíficos”.
“Desafortunadamente, los mecanismos internacionales no han seguido el ritmo del rápido desarrollo de las tecnologías y técnicas antidisturbios. Los estándares internacionales que abordan este uso de armamento son muy limitados y no hay limitaciones sobre el tipo de armas que se puede utilizar en manifestaciones o sobre la producción y comercio de las armas antidisturbios”, señala el informe de 2018 de Physicians for Human Rights (PHR). No ha sido hasta este año que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR) ha publicado una guía con recomendaciones sobre el uso de armas menos letales en la policía.
“La falta de regulaciones se ve exacerbada por los estándares poco desarrollados sobre cómo controlar las protestas; como aislar pequeños grupos violentos sin recurrir al uso de la fuerza indiscriminada; cómo prevenir la escalada y la confrontación entre los manifestantes y la policía; y cómo mitigar cualquier daño o perjuicio cuando es necesario usar la fuerza”, añade el informe de PHR.
En su guía, la OHCHR recuerda: “El armamento menos letal y equipamiento relacionado también puede matar o provocar heridas graves, especialmente cuando no se utilizan por personal formado de acuerdo con las especificaciones, los principios generales del uso de la fuerza o de acuerdo con la legislación de derechos humanos”. “Además, muertes extrajudiciales y actos de tortura u otras formas de castigo cruel, inhumano o degradante han sido perpetrados utilizando armas menos letales y algunos equipos relacionados”, añade el organismo de la ONU.