Israel no se ha recuperado del estado de shock en el que se encuentra desde el sorpresivo ataque lanzado por Hamas desde la Franja de Gaza y, probablemente, tardará mucho tiempo en hacerlo. La formación de un minigabinete de guerra integrado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el ex jefe del Estado Mayor Benny Gantz ha puesto en evidencia que existe un amplio consenso sobre la incapacidad del actual Gobierno de coalición para afrontar una crisis que podría desestabilizar al conjunto de Oriente Medio en el caso de que se extienda por la región.
Las decisiones adoptadas por el actual Gobierno israelí, considerado por propios y extraños como el más radical y extremista de la historia del país, han sido determinantes para explicar la intensificación de la violencia en el curso de los últimos meses. Dicho Gobierno consiste en una heterogénea amalgama de fuerzas que tiene tres componentes principales. En primer lugar, el Likud, un partido de corte derechista hostil a la creación de un Estado palestino y que en las elecciones de 1977 fue capaz de derrotar por primera vez al Partido Laborista, que detentaba una posición hegemónica en el terreno político. El segundo componente es el Partido Sionista Religioso, integrado por varias formaciones ultranacionalistas y supremacistas judías y que defiende la anexión de Jerusalén Este y Cisjordania –a las que denominan Judea y Samaria, por sus nombres bíblicos– que, junto a la Franja de Gaza, componen los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967. El tercer componente son los partidos religiosos sefardí Shas y askenazí Judaísmo Unido de la Torá, con una agenda ultraortodoxa que les enfrenta a las formaciones laicas e izquierdistas de la Knéset, el Parlamento israelí.
Es bastante elocuente el hecho de que Yair Lapid, líder de la oposición y al frente del partido laico Yesh Atid, haya rechazado formar parte en el gabinete de guerra mientras no sean expulsados del Gobierno de coalición dos de sus miembros más radicales: Bezalel Smotrich, cabeza de lista del Partido Sionista Religioso y al frente del Ministerio de Finanzas, e Itamar Ben Gvir, líder de Poder Judío y ministro de Seguridad Interna. Ambos comulgan con una ideología mesiánica y consideran que la Tierra de Israel pertenece a los judíos por decreto divino. De hecho, residen en asentamientos de colonos considerados ilegales por las convenciones internacionales.
Desplazamiento forzoso
Smotrich se hizo célebre por un panfleto titulado El plan decisivo de Israel, publicado en 2017, en el que abogaba directamente por la expulsión de la población palestina que no reconociese la supremacía judía sobre los territorios ocupados. El plan señalaba: “Quienes decidan no renunciar a sus ambiciones nacionales recibirán ayuda para emigrar a uno de los muchos países donde los árabes hacen realidad sus ambiciones nacionales o a cualquier otro destino del mundo”. Desde entonces, su influencia no ha hecho más que aumentar en la escena política israelí. En las negociaciones para la formación del actual Ejecutivo, Smotrich exigió que el programa de gobierno reconociese que “el pueblo judío tiene el derecho exclusivo e indiscutible a todas las partes de la Tierra de Israel”, que incluye los territorios ocupados palestinos. No solo eso, sino que además el actual gobierno se comprometió a extender la soberanía israelí a Cisjordania, un paso previo para su anexión formal.
Hoy en día, Bezalel Smotrich es uno de los ministros más influyentes del gabinete israelí tras asumir el Ministerio de Finanzas, cuyas competencias van mucho más allá de lo que su enunciado señala. En realidad, dicho ministerio ejerce el control absoluto de casi dos terceras partes de Cisjordania, la denominada Área C de los Acuerdos de Oslo donde viven más de 400.000 colonos israelíes contraviniendo la IVª Convención de Ginebra, que impide a la potencia ocupante modificar la composición demográfica del territorio ocupado. Hace dos años, el político israelí protagonizó una agria polémica con una diputada árabe de la Knéset en la que le espetó: “Estás aquí por un error, es un error que Ben Gurion no terminara el trabajo y no os echara en 1948”.
Avigdor Lieberman, líder de la formación Israel Nuestra Casa y exministro de Defensa, es otro de los políticos que habitualmente se pronuncian a favor de un desplazamiento forzoso. Hace 20 años se hizo célebre por reclamar la expulsión de los denominados árabes de Israel, que disponen de ciudadanía israelí y representan el 20% de la población del Estado. Ante los micrófonos de la Radio del Ejército, Lieberman exhortó a Ariel Sharon a perpetrar “matanzas generalizadas” contra los palestinos para inducirles a abandonar sus hogares, tal y como ocurrió en 1948. En un mitin electoral incluso pidió la decapitación a los árabes israelíes desleales. En una reunión ministerial llegó a concretar su plan, según citaron varios medios: “A las 8:00 am, bombardearemos los centros comerciales; a mediodía, sus gasolineras; y a las dos, los bancos... Luego mantendremos abiertos los pasos fronterizos”.
Tras la operación Inundación del Aqsa llevada a cabo por Hamás, este debate ha vuelto a cobrar fuerza. En los últimos días, varios diputados de la Knéset se han sumado a los llamamientos a llevar a cabo una nueva limpieza étnica como la ordenada por David Ben Gurion, el padre fundador de Israel y que los palestinos denominan la nakba (catástrofe en árabe), la expulsión forzada de 750.000 personas de sus hogares. Tras la reciente masacre perpetrada por Hamás en territorio israelí, Ariel Kallnet, miembro del gobernante Likud, tuiteó en sus redes sociales: “Ahora mismo, un objetivo: ¡nakba! Una nakba que eclipse la nakba de 1948. Nakba en Gaza y nakba a cualquiera que se atreva a unirse!”.
Un ultra al frente de Seguridad Interna
Otro de los arietes del Gobierno de coalición israelí es Itamar Ben Gvir, que proviene del movimiento Kach, incluido en el listado de organizaciones terroristas de Estados Unidos, y conocido admirador de Baruch Goldstein, un colono que perpetró una matanza contra los palestinos en la mezquita de Abraham en Hebrón, en cuyo asentamiento reside. Ben Gvir es célebre por encabezar las incursiones de colonos extremistas en la mezquita del Aqsa de Jerusalén, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes tras La Meca y Medina. Estas provocaciones son del todo menos inocentes, ya que precisamente la irrupción de Ariel Sharon por la Explanada de las Mezquitas fue el desencadenante principal de la cruenta Intifada del Aqsa en el año 2000.
Ben Gvir detenta el Ministerio de Seguridad Interna, lo cual no deja de ser una paradoja teniendo en cuenta que fue excluido del servicio militar por sus posiciones extremistas. El líder del supremacista Poder Judío no solo tiene bajo su mando a la Policía, sino también los controles militares distribuidos por los territorios ocupados, así como las cárceles israelíes en las que se hacinan más de 5.200 presos palestinos (un 20% bajo detención administrativa y encarcelados sin cargos). En una reciente polémica, el político israelí dejó claro que los derechos de los judíos debían anteponerse a los de los palestinos: “Mi derecho, el derecho de mi esposa y el de mis hijos a moverse por Judea y Samaria se antepone al derecho de los árabes a moverse”.
Todas estas provocaciones no han caído en saco roto y han tenido una clara traducción en la situación sobre el terreno. Militantes del movimiento colono ultranacionalista, cuyos intereses representa el Partido Sionista Religioso en la Knéset y el Gobierno, han pasado a la acción llevando a cabo numerosos ataques contra las aldeas palestinas y sus pobladores. Un reciente informe de la ONU señalaba que, desde comienzos de año, un total de 60 comunidades palestinas han sido atacadas violentamente sin que las fuerzas de ocupación intervinieran, lo que da a los colonos una absoluta impunidad. En total, la ONU ha denunciado casi 600 ataques de los colonos en los que han sido asesinados más de 200 palestinos, casi el doble que el pasado año, lo que solo puede atribuirse a la permisividad de las fuerzas israelíes bajo control de Smotrich y Ben Gvir, dos de los principales respaldos de Netanyahu.
El reciente ultimátum de las autoridades israelíes a que más de un millón de palestinos abandonen sus hogares en el norte de la Franja en 24 horas podría ser una señal de que las tesis de los sectores duros se han impuesto y se llevará a cabo un desplazamiento forzoso de la población ante la pasividad de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, que ha dado luz verde al Gobierno israelí para que lleve a cabo su ataque sobre el territorio ocupado palestino.
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Ignacio Álvarez-Ossorio es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense