Puerto Rico, Hong Kong, Ecuador, Haití, Líbano, Irak y ahora, Chile. En todo el mundo, la gente se está alzando contra las políticas de austeridad y la corrupción, desafiando a las fuerzas policiales enviadas para reprimir las protestas. Muchos de estos movimientos de masas comparten una crítica feroz hacia el capitalismo.
En Santiago de Chile, más de un millón de personas inundaron las calles hace dos fines de semana y las protestas masivas continúan. Allí, la brutal dictadura de Pinochet que tuvo lugar entre 1973 y 1990, durante la cual miles de activistas y líderes progresistas fueron torturados, desaparecidos y asesinados, fue seguida por décadas de políticas neoliberales, con privatizaciones desenfrenadas, acoso a sindicatos, salarios estancados y un incremento en los costes de la educación, la salud, el transporte y otros servicios. Chile, uno de los países más ricos de Sudamérica, también es uno de los que tiene mayor desigualdad. Al menos 20 personas han sido asesinadas durante las protestas, lo que ha enfurecido y ha alentado aún más a la población.
Estas protestas globales se producen en un momento en que el mundo atraviesa un punto de inflexión en su historia, con tan solo un plazo de 10 años para que la humanidad pase de una economía apoyada en los combustibles fósiles a una impulsada por energías renovables. El miércoles pasado, el multimillonario y asediado presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció abruptamente que su Gobierno había decidido cancelar la celebración de dos grandes cumbres internacionales: el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (conocido como APEC) a mediados de noviembre y la cumbre sobre cambio climático de Naciones Unidas, la 25ª “Conferencia de las Partes”, o COP25, en las primeras dos semanas de diciembre.
“Los ciudadanos han expresado de manera contundente sus legítimas demandas sociales que requieren toda la atención y el esfuerzo del gobierno”, dijo la presidenta designada de la COP25, la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt.
La cancelación de la COP25 por parte de Chile podría ser un golpe para la acción global contra el cambio climático. Pero los activistas en defensa del clima deberían unir fuerzas: este renovado espíritu de rebelión en todo el mundo implica un rechazo del statu quo y puede acabar acelerando la movilización de base para evitar un cambio climático irreversible y catastrófico.
No mucho después del anuncio de Chile sobre la COP25, la Red de Acción por el Clima expresó en un comunicado: “La injusticia social y la crisis climática tienen una raíz común. La justicia climática y la solidaridad tienen que ver fundamentalmente con la protección de los derechos humanos y una mejor calidad de vida para todos”.
La crisis climática nos afecta a todos; en primer lugar, y con más fuerza, a los pobres del mundo. El multitudinario levantamiento en Puerto Rico que condujo a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló fue la culminación de décadas de frustración con el estatus colonial de Puerto Rico y la contemporánea explotación por parte de los fondos buitres de Wall Street. Pero el descontento se vio alimentado por la impactante devastación causada por los huracanes Irma y María hace dos años, que tuvieron lugar uno tras otro.
Pocos días después de la renuncia de Rosselló, Manuel Natal, miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, manifestó en una entrevista para Democracy Now! que “las políticas de austeridad implementadas no solo por la Junta de Supervisión Fiscal, sino también por el actual Gobierno de Roselló y el pasado Gobierno de García Padilla, han dejado al pueblo de Puerto Rico en una situación de vulnerabilidad. La desigualdad social ha aumentado a niveles que nunca se habían visto aquí en Puerto Rico”. Natal prosiguió: “Necesitamos más democracia, no menos democracia. Estamos al borde de una revolución política aquí en Puerto Rico”. El derrocamiento de Rosselló constituye la primera vez en la historia de Estados Unidos que un gobernador se vio forzado a renunciar a su cargo a causa de una protesta popular.
Los pueblos indígenas también están liderando el camino, a menudo en la primera línea de lucha, confrontando al modelo de extracción de recursos con una resistencia pacífica y disciplinada. En Colombia, cientos de líderes sociales indígenas y campesinos han sido asesinados en los últimos años simplemente por defender la justicia y la protección del medio ambiente.
El acuerdo climático de París señala específicamente la importancia de la justicia climática y se compromete a trabajar “en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza”. Uno de los conflictos duraderos que ha obstaculizado las negociaciones internacionales sobre el clima ha sido la negativa de las naciones ricas, principalmente Estados Unidos, para aceptar la simple premisa de que “los contaminadores deben pagar”. Estados Unidos es la nación más rica de la historia, en parte, porque al utilizar energía barata y sucia ha dejado una estela de contaminación en su camino hacia la cima: centrales eléctricas de carbón, locomotoras diésel y ahora, el gas de extracción por el método de 'fracking' hidráulico, mal llamado “de combustión limpia”.
Se suponía que el Fondo Verde para el Clima iba a recaudar miles de millones de dólares para financiar proyectos de energía renovable en los países más pobres. La semana pasada, la conferencia de donantes del fondo no alcanzó su objetivo, principalmente porque el Gobierno de Trump incumplió el compromiso de Estados Unidos de aportar 2.000 millones de dólares al fondo. Australia y Rusia siguieron el ejemplo y se negaron a contribuir.
Un nuevo estudio de Climate Central, una organización científica y periodística, indica que las inundaciones costeras inducidas por el cambio climático probablemente serán mucho peores de lo previsto, lo que obligará a entre 200 y 600 millones de personas, ricas y pobres, a abandonar sus hogares antes de que acabe el siglo. Ahora mismo hay numerosos incendios forestales provocados por el cambio climático en California, donde cientos de miles de personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares y al menos un millón de personas permanecen sin electricidad.
Al igual que los incendios forestales, los levantamientos populares contra los líderes corruptos autocráticos, las políticas de austeridad y la desigualdad también se están extendiendo e intensificando. Los pueblos están inundando las calles a lo largo y ancho del mundo, vinculando los movimientos contra la desigualdad con la lucha por un mundo justo y sostenible, alimentado por energías renovables.
Traducido por Inés Coira.