“Esto es la continuidad del proceso y quienes queríamos una alternativa que profundice de manera mucho más radical la democracia perdimos por el 62%”. Con estas palabras el presidente chileno, Gabriel Boric, dejaba entrever su resignación con el acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas chilenas que fija las bases del nuevo proceso constituyente.
Tuvieron que pasar tres meses de intensas negociaciones, tras el apabullante triunfo del rechazo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, para lograr un acuerdo que, finalmente, suscribieron el 12 de diciembre 14 partidos y movimientos, desde la derecha más conservadora hasta el Partido Comunista. “Yo querría un proceso que tuviera marcos distintos y así lo impulsamos, pero al frente había un sector que tenía otras observaciones y que era necesario para poder sacar adelante este proyecto porque se requieren 4/7 (de los votos) que no tenemos”, añadió el mandatario.
El pacto establece la creación de un nuevo órgano que redactará la propuesta de carta magna: se llamará Consejo Constitucional y estará integrado por 50 personas electas por la ciudadanía. En paralelo, se instalará un comité de expertos designados por el Congreso (12 por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados) que elaborará un anteproyecto que servirá como base de trabajo al Consejo. Además, 14 abogados formarán la llamada Comisión Técnica de Admisibilidad, que velará para que las normas propuestas por consejeros y expertos se adecuen a las llamadas “bases institucionales”, que también son parte del acuerdo.
Se trata de 12 puntos preacordados, una suerte de límites sobre aspectos inmodificables para evitar un texto refundacional como el anterior, que fue rechazado. Entre otros, incluyen el sistema bicameral, la separación de los tres poderes, la definición de Chile como un Estado “único e indivisible” y basado en un modelo “social y democrático de derechos”, y blinda de forma especial algunos “derechos y libertades fundamentales”, entre ellos “el derecho a la vida”, “a la propiedad en sus diversas manifestaciones” y “el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos”.
La derecha, al mando
“La derecha ha marcado el ritmo de la negociación, atribuyéndose toda la legitimidad de las conversaciones alentada por el triunfo del rechazo en el plebiscito”, dice a elDiario.es la integrante de la Red de Politólogas, Javiera Arce.
Aunque la derecha populista y la extrema derecha liderada por José Antonio Kast, que disputó la presidencia a Boric en la segunda vuelta, no respaldan el acuerdo porque apuestan por mantener la actual Constitución, instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), gran parte de los conservadores mantienen la postura de querer un cambio de la Ley Fundamental y superar así la actual, de 1980.
“El acuerdo da a la derecha más certidumbre de que los cambios no van a ser radicales y que algunos de los principios relevantes para su sector se van a respetar gracias a los bordes preestablecidos”, dice la politóloga chilena Claudia Heiss de la Universidad de Chile.
Sin participación ciudadana
Con el argumento de “evitar los errores del proceso anterior”, los partidos diseñaron una ruta radicalmente opuesta a la primera y que bloquea cualquier posibilidad de cambio profundo al modelo.
La fórmula para ello pasó por asegurar el protagonismo de los partidos y establecer los 12 límites o “bordes constitucionales” –como se presentaron a la opinión pública– que impidan cualquier intento de escribir desde cero la nueva Constitución. El decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, dice que estos “bordes” buscan “encauzar el nuevo proceso”, “recoger los consensos” de la sociedad chilena en determinados temas y “entregar una salida” a quienes quieren el cambio, pero con “moderación y gradualidad”. Para Heiss, “es una reacción a aspectos reformistas de la propuesta anterior, pero finalmente terminan restringiendo el debate público, lo que podría afectar a la legitimidad del proceso constituyente”.
El nuevo itinerario no contempla la participación ciudadana durante el proceso de redacción (solo para ratificar el texto en el plebiscito), y los expertos designados por los partidos tendrán un nivel de injerencia destacado en varias etapas del proceso. Además, el sistema electoral que se aplicará para elegir a los consejeros será el del Senado, que sobrerrepresenta a las regiones más conservadoras e infravalora y quita peso a la Metropolitana y Valparaíso, donde la izquierda tiene más fuerza. “Los análisis plantean que, probablemente, la derecha tendrá la mayoría del órgano constitucional”, dice Arce.
Resignación en el oficialismo
Los partidos del oficialismo, sobre todo el sector más de izquierda de la coalición Frente Amplio, a la que pertenece el presidente, y el Partido Comunista, suscribieron el acuerdo con resignación. Algunos han criticado públicamente el resultado de las negociaciones:
“Es un proceso que quedó completamente tutelado”, lamentó la diputada comunista Karol Cariola. “Tenemos legítimos reparos del acuerdo porque limita la participación y el carácter del proceso (...) existen excesivos elementos de tutelaje”, declaró el partido frenteamplista Comunes en un comunicado.
Pocos días antes de firmar el pacto, Boric había presionado para cerrar las negociaciones: “Es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo”, lo que se interpretó como una suerte de renuncia de puntos clave para su propio sector. Varios parlamentarios oficialistas han deslizado la posibilidad de “mejorar” el acuerdo, a través de enmiendas, durante su tramitación en el Congreso, donde ahora tiene que aprobarse por cuatro séptimos de los parlamentarios. Pero Boric no lo comparte: “No ha lugar el tratar de modificar parte de la esencia del acuerdo, pese a que a mí me hubiese gustado otra cosa”.
Ciudadanía desmotivada
El acuerdo ingresó el pasado miércoles al Senado en forma de reforma constitucional y, si la tramitación no se alarga, se despachará en las próximas semanas. Según el calendario, en enero los expertos deberían empezar la redacción del anteproyecto y las elecciones constituyentes se programaron para el 14 de mayo de 2023.
Después de tres años de recorrido, el ánimo e interés de la ciudadanía por el proceso constituyente se ha diluido. Según las encuestas, el 42% dice estar desinteresada y considera desfavorable el nombramiento de expertos por parte del Congreso. Hay desgaste y saturación con el tema y las prioridades de las personas han cambiado.
Desde que llegó al poder (e incluso durante la campaña electoral), Boric vinculó su futuro a la suerte de la nueva Constitución, que en esta segunda oportunidad se escribirá con las condiciones al gusto de la derecha. Aunque el presidente (y su sector) no obtengan el texto que hubiesen querido, si su mandato termina con una nueva Ley Fundamental, Boric pasará a la historia como el presidente que –como dicen en Chile– “en la medida de lo posible” firmó el texto que desterró la herencia de Pinochet.