La Corte Suprema de Chile ha dictado este lunes la sentencia definitiva contra siete militares ya retirados por los delitos de secuestro y homicidio del cantautor chileno Víctor Jara, detenido el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado, y asesinado pocos días después, en uno de los crímenes más simbólicos que dejó la dictadura.
“Los hechos reseñados (...) son reales, desde que ocurrieron en determinado lugar y tiempo y están probados, acreditados legalmente a través de los medios probatorios”, ha señalado el alto tribunal en un fallo unánime. Los jueces han descartado así los argumentos de la defensa de los acusados contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones en noviembre de 2021, que condenaba a Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto a penas de 25 años de cárcel por el homicidio y secuestro del músico y también del director del Servicio de Prisiones de la época, Littré Quiroga. Todos los condenados tienen entre 73 y 85 años y están en libertad.
El Tesoro Público indemnizará con 150 millones de pesos chilenos (poco más de 160.000 euros) a la viuda e hijos de Jara. También deberá pagar a cada uno de los demandantes, cónyuge e hijos de Quiroga 150 millones de pesos chilenos, mientras que a sus hermanos les indemnizará con 80 millones (86.400 euros).
Hallado muerto uno de los siete condenados
El brigadier del Ejército chileno en retiro Hernán Carlos Chacón Soto, uno de los siete oficiales condenados este lunes, ha sido hallado muerto este martes, instantes antes de que fuera a ser detenido y trasladado a la cárcel de Punta Peuco para comenzar a cumplir su pena.
Según la prensa local, unidades de la sección de derechos humanos de las fuerzas de Seguridad chilenas se presentaron esta mañana en su domicilio en la comuna capitalina de Las Condes para proceder a su arresto, momento en el que el oficial, de 86 años, pidió tomar una medicina y habría aprovechado el instante para quitarse la vida, informa EFE.
Uno de los casos más relevantes pendiente de cerrar
El de Jara, militante del partido comunista y colaborador del Gobierno de la Unidad Popular del expresidente socialista Salvador Allende (1970-1973), era uno de los casos más relevantes que la justicia chilena tenía pendiente de cerrar. El mandato de Allende solo duraría tres años: terminó con el golpe de Estado de Augusto Pinochet, el cual también fue apoyado por el gobierno de Estados Unidos, por entonces presidido por Richard Nixon.
El artista —referente de la 'Nueva canción chilena'— fue detenido en la Universidad Técnica del Estado (actual USACH), donde ejercía como profesor, tras el inicio del régimen militar chileno. Fue trasladado y torturado en el Estadio Chile, donde encerraron a más de 5.000 prisioneros, y su cuerpo fue encontrado cerca del Cementerio Metropolitano el 16 de septiembre. Tenía 44 balazos, varios dedos rotos, la lengua cortada y quemaduras de cigarrillos.
El director del Servicio de Prisiones de la época, Littré Quiroga, fue detenido el 11 de septiembre de 1973, cuando se fue a presentar voluntariamente al regimiento Blindado n°2. Fue trasladado hasta el Estadio dos días más tarde. Tenía 33 años y su cuerpo fue encontrado en las cercanías del Cementerio Metropolitano junto a Jara y otras tres personas.
La sentencia definitiva llega solo 15 días antes de la conmemoración en Chile de los 50 años del Golpe de Estado y en medio de una fuerte polarización social por el relato oficial sobre los hechos del 11 de septiembre de 1973 y los años posteriores de la dictadura. El ministro de Justicia del país, Luis Cordero, ha señalado que la sentencia es “reparadora” para los familiares: “Son procesos que han durado muchísimo tiempo, pero en algún sentido, las sentencias judiciales tienen también un rol reparador en la medida, no solo cuando se condenan los culpables, sino que también cuando se encuentra la historia de las víctimas”, recoge el periódico El Mercurio.
El régimen del general Augusto Pinochet (1973-1990) duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, y más de 3.200 opositores murieron a manos de agentes del Estado