El área afectada por el derrame de petróleo ocurrido el sábado pasado en una refinería operada por Repsol en Perú ya supera los 2,9 kilómetros cuadrados de mar y costa, según ha informado este jueves el organismo público a cargo de la supervisión y fiscalización ambiental de este desastre ecológico.
A través de un comunicado divulgado en las redes sociales, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente, ha detallado que la extensión de la zona afectada para la franja de playa y litoral es de 1,74 kilómetros cuadrados, mientras que para el mar es de 1,18 kilómetros cuadrados.
En total, se estima que el daño ambiental del derrame, que alcanzó los 6.000 barriles de petróleo, suma hasta la fecha 2.926.916,7 metros cuadrados, una cifra abismalmente superior a los 18.000 metros cuadrados que se habían reportado inicialmente.
El OEFA calcula que son 17 las playas afectadas con hidrocarburos, las cuales se extienden a lo largo de unos 50 kilómetros del litoral peruano, desde la Refinería La Pampilla, ubicada en el distrito de Ventanilla en la provincia del Callao, hasta la playa Peralvillo, en el municipio de Chancay.
Por otro lado, el organismo ha informado que ha exigido a la refinería la entrega para este mismo jueves de un informe sobre el avance de la ejecución de las actividades que debe cumplir según las medidas administrativas que dictó el propio OEFA y que dan hasta 10 días a la empresa para limpiar las zonas afectadas por hidrocarburos. De no cumplir con estos plazos, la empresa deberá asumir una multa de hasta 460.000 soles (unos 104.684 euros).
De forma paralela, y según se desprenda de las investigaciones iniciadas a nivel del Ejecutivo y la Fiscalía por presunta contaminación ambiental, la compañía afronta una posible sanción económica que podría alcanzar los 138 millones de soles (más de 31 millones de euros), según ha adelantado el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez.
Emergencia climática
En ese contexto crítico en materia ambiental para Perú, el presidente Pedro Castillo afirmó este jueves un decreto supremo que declara de interés nacional la emergencia climática y obliga al Estado a asumir “compromisos concretos” para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del cambio climático.
“Esta norma es una apuesta por un país más justo y más solidario, donde el daño ambiental que causan las empresas tiene que ser frenado”, ha declarado Castillo desde la playa Cavero, una de las más afectadas.
El mandatario acudió a esta zona del distrito de Ventanilla acompañado del titular del Ambiente y de la primera ministra, Mirtha Vásquez, quien ha anunciado que el Gobierno logró un acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas para enviar al país un equipo de “expertos en desastres ambientales para asumir la labor de asesoramiento gratuito al Estado peruano”.
Asimismo, la primera ministra ha revelado que, entre los compromisos asumidos por Repsol, figura la entrega de canastas de productos básicos para las familias que viven en las zonas afectadas por el derrame, así como la contratación de pescadores artesanales para que realicen las labores de limpieza.
“Ecocidio”
Castillo también ha anunciado este jueves acciones “urgentes” y “graves” para sancionar a los responsables de lo que ha calificado como uno los “ecocidios más grandes” ocurridos en la costa y el mar peruanos. A través de su cuenta en Twitter, Castillo ha condenado “el desastre ambiental provocado por la refinería La Pampilla, a cargo de Repsol”.
“El daño ecológico en nuestro litoral es inadmisible. Desde el Estado se han dispuesto las acciones penales, civiles y administrativas, a fin de cautelar la soberanía y bienestar del país”, ha añadido el jefe de Estado en su visita a las zonas afectadas.
“Estamos ante uno de los ecocidios más grandes que se han suscitado en nuestras costas y mar. El Gobierno asume el rol de sancionar a los responsables del daño que afecta trágicamente a la flora, fauna y a las comunidades puestas en peligro y privadas de su sustento cotidiano”, ha expresado Castillo.
El mandatario ha solicitado el respaldo de todos los representantes políticos y los ciudadanos, ante este suceso, y ha anunciado que el Gobierno tomará “las acciones urgentes y graves a la altura de nuestra historia y de estos hechos”. “No dejaremos que pisoteen impunemente nuestros ecosistemas y la honra de nuestro pueblo”, ha puntualizado.
El Gobierno peruano, que califica el derrame como “el peor desastre ecológico” en los últimos años, ya ha pedido a Repsol que actúe de forma urgente en la remediación de este desastre natural y ha cuestionado que la empresa haya minimizado el suceso en un inicio, informó de una cifra menor de barriles derramados
En medio de las críticas y peticiones de sanción, la compañía ha emitido este jueves un comunicado en el que se ha deslindado de responsabilidades y ha asegurado que el derrame de crudo “fue ocasionado por un fenómeno marítimo imprevisible por la compañía”.
En la misma línea se expresó el miércoles la gerente de comunicaciones y relaciones institucionales de Repsol Perú, Tine Van Den Wall Bake, quien negó que la empresa haya ocasionado el desastre ecológico y mencionó el silencio de la Marina de Guerra, que no lanzó alerta de tsunami tras la erupción volcánica cerca de la isla de Tonga.
España “lamenta” lo ocurrido
La Embajada de España en Perú ha publicado este jueves un comunicado en el que ha lamentado los impactos del derrame de 6.000 barriles de petróleo.
“Lamentamos muy profundamente los efectos del vertido de crudo acaecido en una zona protegida del litoral del Callao que implica a una compañía española. Nos solidarizamos con los perjudicados”, ha dicho la Embajada.
La misión diplomática española en Perú ha agregado que, por ahora, la prioridad es “recuperar esa costa y sus ecosistemas y, en paralelo, desarrollar una investigación de todas las circunstancias ante tan triste accidente, así como aprender de ello para que no vuelva a ocurrir”.