El Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, ha dado este viernes la razón a una diseñadora gráfica cristiana que se niega a crear páginas web para bodas de parejas homosexuales.
Lorie Smith, una cristiana evangelista, denunció al estado de Colorado en 2016 con la intención de lograr una excepción a la ley de derechos civiles estatal para ofrecer únicamente servicios a parejas heterosexuales alegando sus convicciones religiosas.
La diseñadora alega que su fe cristiana le exige rechazar clientes que buscan servicios para bodas homosexuales. El juez conservador Neil Gorsuch, autor del fallo, escribe en la sentencia que la negativa de Smith está amparada por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que blinda la libertad de expresión y de religión.
“Colorado está obligando a una persona a alinearse con sus puntos de vista desafiando su conciencia sobre un asunto de gran importancia”, relata la decisión de la mayor instancia judicial del país.
La sentencia del Supremo ha logrado el apoyo de los seis jueces conservadores frente al rechazo de los tres nombrados por gobiernos demócratas. El fallo limita la capacidad de los gobiernos de aplicar leyes antidiscriminación.
La ley de Colorado prohíbe la discriminación contra las personas homosexuales por parte de empresas abiertas al público, así como las declaraciones anunciando tal discriminación.
El caso, enmarcado como un debate entre la libertad de expresión y los derechos LGTBI, es la última de una serie de decisiones a favor de grupos religiosos conservadores.
“Hoy es un día triste en el derecho constitucional estadounidense y en la vida de las personas LGTB. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declara que un determinado tipo de negocio, aunque abierto al público, tiene derecho constitucional a negarse a servir a miembros de una clase protegida. El Tribunal lo hace por primera vez en su historia”, ha señalado la jueza progresista Sonia Sotomayor en una opinión particular.
Deuda estudiantil
El Tribunal Supremo de Estados Unidos también ha acabado este viernes con el plan del Gobierno de Joe Biden para cancelar la deuda estudiantil de millones de estudiantes universitarios.
En una decisión de la mayoría conservadora y a la que se han opuesto las tres juezas progresistas, el tribunal consideró que la Administración Biden no tenía derecho a aprobar este tipo de medidas. El programa iba a ser una de las acciones ejecutivas más caras de la historia de EEUU, señala el periódico The New York Times.
Más de 26 millones de personas habían solicitado esta ayuda federal, que prometía condonar 10.000 dólares de deuda a aquellos que ganen menos de 125.000 dólares al año y hasta unos 10.000 adicionales para todos los que accedieron a la universidad con ayudas públicas por su bajo nivel de ingresos.