La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador se negó a autorizar la conmutación de la pena de prisión que paga el coronel Guillermo Benavides, condenado en 1992 a 30 años de cárcel por la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en 1989, informó a Efe este martes un abogado cercano al proceso.
Manuel Escalante, letrado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), señaló que la solicitud de conmutación de la pena no tuvo el visto bueno de los jueces del Supremo “básicamente” porque se trata de un crimen de lesa humanidad.
En mayo de 2017, la Compañía de Jesús pidió al Gobierno de El Salvador que esta condena fuera conmutada por una equivalente a los periodos en que Benavides ya estuvo tras las rejas.
Dicha solicitud debía ser aprobada por la CSJ para que el Ejecutivo pudiera proceder a la conmutación.
“La denegatoria ocurría porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia habían emitido un dictamen negativo, habrá que ver los motivos por los que los magistrados se opusieron”, sostuvo Escalante, sin entrar en detalles.
El coronel estuvo cumpliendo la pena hasta que se aprobó una amnistía para los crímenes de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) en 1993, pero fue capturado de nuevo en febrero de 2016.
El 5 de febrero de dicho año, las autoridades salvadoreñas procedieron a ejecutar las órdenes de captura contra 16 militares, ubicados en El Salvador, que son requeridos por la Audiencia Nacional de España, no obstante solo fueron detenidos Benavides y tres personas más.
El dictamen de la CSJ, que no se ha hecho público por parte del órgano Judicial ni del Gobierno, se emitió poco antes de finalizar la gestión del excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) en el Ejecutivo, según Escalante.
Por otra parte, la familia de Benavides solicitó a la Asamblea Legislativa el 19 de mayo del 2017 el indulto como último recurso para que recuperara su libertad, pero este también fue negado por disposición del Supremo en diciembre de 2017, de acuerdo con el fallo consultado por Efe.
Los magistrados señalaron que no existían “razones de índole jurídica, moral, justicia o de equidad que justifiquen un informe favorable” para autorizar el indulto para un crimen catalogado como de lesa humanidad.
Añadieron que esta gracia legal “estaría vedada para esta categoría particular de delitos de trascendencia internacional, a efecto de no limitar u obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado salvadoreño”.
El retorno a prisión de Benavides se dio a raíz de la anulación de la ley de amnistía de 1993 por un falló de la Sala de lo Constitucional de la CSJ en julio de 2016.
El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlacatl del Ejército irrumpió en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y mató a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López.
También fueron asesinadas Elba Ramos, colaboradora de los religiosos, y su hija Celina.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, Benavides fue el encargado de trasladar la orden a los tenientes que ejecutaron la matanza.