En los días más oscuros de la guerra civil peruana, Melissa Alfaro esperaba transformar su país con el periodismo. A los 23 años había obtenido su primer empleo a jornada completa en Cambio, un semanario de izquierda, pero sus sueños se verían truncados cuando el Estado peruano del entonces presidente Alberto Fujimori combatió el terror con más terror.
Tras pasar la mañana cubriendo el Congreso, el jueves 10 de octubre Alfaro volvió a la redacción de la revista. Se detuvo en la puerta del edificio para que el conserje le entregara el correo. Momentos después, sus colegas oyeron una explosión.
“La encontraron muerta, había abierto una carta bomba que le había explotado en la cara; la destruyó”, recuerda su madre, Norma Méndez, de 71 años, a la que todavía se le saltan las lágrimas con el recuerdo.
Una investigación reveló después que el gel explosivo de la bomba era utilizado exclusivamente por los militares peruanos. Era el mismo material que se había usado en varios ataques contra personalidades de la izquierda a las que acusaban de simpatizar con los rebeldes.
Pero para Norma Méndez, el hombre responsable del asesinato de su hija es uno: Fujimori.
Al igual que muchos otros en Perú, la madre de Melissa Alfaro se vio obligada a revivir el trauma cuando el actual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó un indulto humanitario al que fue el hombre fuerte del país.
Protestas contra el indulto
El anuncio de Nochebuena desató una ola de indignación: decenas de miles de personas protestaron en Lima contra el indulto que permitió a Fujimori, de 79 años, ser liberado cuando sólo ha cumplido la mitad de una sentencia de 25 años por corrupción y por la autorización de los escuadrones de la muerte.
Muchos peruanos creen que Fujimori nunca debería haber sido perdonado, no sólo por la gravedad de los crímenes con que fue condenado, sino por las muchas más presuntas violaciones a los derechos humanos para las que nunca hubo juicio y probablemente nunca lo haya.
Según la abogada especializada en derechos humanos Gloria Cano, “hay muchos casos relacionados con la política antisubversiva de Fujimori que no han sido considerados y en los cuales Fujimori tendría responsabilidad como perpetrador indirecto”.
En el año 2000, a medida que crecían las pruebas de fraude electoral y chanchullos fuera de control, Fujimori huyó a Japón. Pero durante un viaje a Chile en 2005 fue arrestado y dos años después lo extraditaron a Perú para ser juzgado.
Por fin, Norma Méndez veía posible que se hiciera justicia por el asesinato de su hija.
Pero Fujimori sólo pudo ser juzgado por los casos para los que había sido concedida la extradición, entre ellos los dos asesinatos más notorios de su escuadrón de la muerte: la masacre de Barrios Altos en 1991 (15 personas, entre ellas un niño de ocho años, asesinadas a tiros) y el secuestro y asesinato en 1992 de nueve estudiantes universitarios y su profesor.
Visto por muchos como un acuerdo de trastienda para proteger a Kuczynski frente a una moción de censura por corrupción, el perdón a Fujimori es un indulto humanitario concedido por razones de salud y a la vez un perdón presidencial. En teoría, eso elimina cualquier posibilidad de revisión en el futuro.
Pero según Cano, que representa a las familias de seis campesinos torturados y asesinados en el pueblo rural de Pativilca (1992), Fujimori podría enfrentarse a otro caso relacionado con los derechos humanos gracias a un tecnicismo.
Una posibilidad de justicia
El caso Pativilca se abrió en febrero de 2017 después de que la Corte Suprema de Chile lo sumara a su expediente de extradición. El caso debe permanecer abierto durante 24 meses y eso abre la posibilidad de que un juez exija a Fujimori asistir a una audiencia, revocando así el perdón presidencial.
Según Diego García-Sayán, exministro de Justicia, no hay precedentes de un indulto como el concedido a Fujimori en la Corte Internacional de Derechos Humanos: “Es la primera vez que a una persona condenada por violaciones graves contra los derechos humanos se le concede un indulto humanitario en los más de 30 años de existencia del tribunal”.
Para Norma Méndez, el perdón de Kuczynski fue un “acto de traición”. La única persona acusada por el asesinato de su hija fue un capitán del ejército que en 2004 admitió haber preparado las cartas bomba, aunque después lo liberaron porque el caso no llegó a juicio.
Así que aunque Fujimori nunca fue juzgado por el asesinato de su hija, su condena en 2009 le trajo “algo de consuelo”. “Ahora este año nuevo parece 1992 otra vez”, dice Norma. “Vivimos esos 10 años [del gobierno de Fujimori] aterrorizados; si estabas en contra del gobierno eras un terrorista”.
Norma Méndez contó que tras el asesinato de su hija, los soldados aparcaban frente a la casa de su familia y preguntaban a los vecinos dónde vivían. Para empeorar aún más las cosas, a medida que aumentaban las pruebas de los asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte bajo su mandato, Fujimori promulgó en 1995 una ley de amnistía que eximió al personal militar de encarcelamiento o procesamiento por delitos cometidos contra los derechos humanos en los 15 años anteriores.
Ahora Norma Méndez lleva un cartel con una foto de su hija en blanco y negro. “Ese día, antes de salir de la casa, me dijo: 'Mamá, siempre estaré contigo'”.
Traducido por Francisco de Zarate