Cuando Justin Trudeau se reunió con Rodrigo Duterte en Manila a finales del año pasado no dudó en criticar los abusos de derechos humanos generalizados cometidos por las fuerzas de seguridad del presidente filipino. “Eso es lo que la gente espera de Canadá y no es una sorpresa que saquemos el tema”, afirmó después a los periodistas con una sonrisa.
Duterte lo vio de otra forma: “Es un insulto personal y oficial. Yo solo respondo ante los filipinos y no lo haré ante cualquier otra estupidez, especialmente de extranjeros. Dejad de molestar”.
Aun así, las gélidas relaciones entre ambos no parecen tener un impacto en los negocios. Esta semana ha salido a la luz que, a pesar de las preocupaciones de Trudeau, Canadá ha llegado a un acuerdo para la venta de 16 helicópteros de combate multiuso valorados en 185 millones de dólares a la Fuerza Aérea de Filipinas.
Canadá es el 15º mayor exportador de armas en el mundo, de acuerdo con el Stockholm International Peace Research Institute. Algunos analistas sostienen que el gobierno de Trudeau lucha por anteponer sus estándares supuestamente progresistas a los intereses comerciales.
Miembros del Gobierno de Canadá confían en que los helicópteros se utilizarán para “ayuda en casos de catástrofe, misiones de búsqueda y rescate y transporte de pasajeros” en Filipinas.
Pero el comandante Restituto Padilla, jefe de planificiación militar del país, ha declarado a Reuters que los helicópteros se utilizarán para “operaciones de seguridad interna”, provocando el anuncio de Canadá de iniciar una revisión del acuerdo.
“Al mundo se vende esa imagen de una Canadá progresista que avanza por el camino correcto, pero cada vez es más difícil reconciliar la retórica del Gobierno en política exterior y la práctica”, sostiene César Jaramillo, director ejecutivo de Project Ploughshares, un grupo canadiense que aboga por el desarme. “Nuestra reacción inicial [al acuerdo sobre los helicópteros] fue de asombro. ¿Por qué Canadá está vendiendo armas a un conocido violador de derechos humanos?”.
La ministra de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, “tiene el poder de negar el permiso si supone una amenaza a los derechos humanos y está preparada para hacerlo”, ha explicado su secretario de prensa cuando anunció la revisión del acuerdo comercial.
Duterte se ha relacionado a sí mismo con Hitler, ha presumido de haber matado a puñaladas a una persona y ha afirmado haber tirado a alguien desde un helicóptero. Desde que asumió el cargo hace dos años, ha estado al mando de una “guerra contra las drogas” que Amnistía Internacional cree que ha matado al menos a 7.000 personas.
“Este no es el tipo de Gobierno que deseas apoyar si eres Trudeau”, señala Srdjan Vecetic, profesor de política pública en la Universidad de Ottawa. “Seguro que su oficina tiene asesores de derechos humanos”, añade.
La venta de los helicópteros Bell –diseñados por una empresa estadounidense, pero fabricados en Canadá– fue facilitada por la Canadian Commercial Corporation, una organización paraguas que vende armas a otros países en nombre del Gobierno de Canadá.
Esta no es la primera vez que el gobierno de Trudeau se ha enfrentado a temas de derechos humanos en sus acuerdos comerciales armamentísticos. Hace dos años, en medio de críticas internas, el Gobierno de Canadá aprobó la venta a Arabia Saudí de vehículos blindados ligeros por un valor de 12.000 millones de dólares, un movimiento que convirtió a Canadá en uno de los principales exportadores de armas en Oriente Medio.
Pronto surgieron acusaciones de violación de las condiciones del acuerdo por el uso de los vehículos. Varios vídeos publicados en la red parecían mostrar cómo se utilizaban los vehículos blindados canadienses para suprimir protestas civiles. También surgieron preocupaciones sobre el uso de los mismos en la guerra de Arabia Saudí en Yemen.
En respuesta, Canadá ha anunciado una suspensión del acuerdo con Filipinas. “Suena bien porque hace parecer a Canadá menos cómplice en lo que en la práctica es un genocidio. Pero es una suspensión del acuerdo, no una cancelación”, sostiene Vecetic.
Las encuestas muestran que tales acuerdos armamentísticos tienen muy poco apoyo público y Vecetic cree que existe la posibilidad de que Trudeau pueda perder capital político y manchar su buena imagen.
Además de su “guerra contra las drogas”, Filipinas también está luchando contra extremistas aliados de ISIS y contra rebeldes maoístas. Todas las ventas de armas de Canadá deben ser aprobadas por el Gobierno. Ottawa describe los controles de exportación de Canadá como uno de los más estrictos del mundo.
Jaramillo no está de acuerdo y cita lo que él llama “un pésimo historial de derechos humanos” del régimen de Duterte. “El hecho de que el material canadiense esté llegando al Ejército de Filipinas a pesar de las conocidas señales de alarma debería plantear cuestiones sobre la fortaleza de nuestros sistemas de control de exportaciones”, señala.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti