Reino Unido y Francia llevan enfrentados desde principios de año por las licencias de pesca en aguas británicas en la era pos-Brexit. Aunque sigue habiendo diálogo entre las partes, los dos países han amenazado con tomar medidas unilaterales (y los errores de traducción no han ayudado).
¿Cuál es el motivo del conflicto?
En virtud del acuerdo de cooperación y comercio firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido (TCA, por sus siglas en inglés), los pescadores franceses con una licencia discrecional expedida por Reino Unido podrán seguir pescando hasta 2026 a una distancia de entre 6 y 12 millas de la costa británica y frente a las islas de Guernsey y de Jersey.
Para que les concedan esa licencia, los pescadores deben haber faenado en esas aguas entre 2012 y 2016. El problema es que los dos países no se ponen de acuerdo en las pruebas que hacen falta para demostrar esa actividad pasada ni sobre la actividad mínima a acreditar.
Francia dice que se han solicitado 454 licencias para la zona acordada, pero que hasta ahora solo se han concedido 210. Según las autoridades francesas, solo una veintena de barcos de la flota de la región de Boulogne (compuesta por 112 embarcaciones) tiene el permiso para pescar en esas aguas.
Reino Unido dice haber concedido unas 1.700 licencias, lo que equivale al 98% de las solicitudes de la UE. Pero en ese número se incluyen los permisos para pescar en la zona económica exclusiva británica (entre 12 y 200 millas de la costa), que en los términos del TCA se establecían como licencias automáticas.
El quid de la cuestión está en esas zonas en disputa de entre 6 y 12 millas y alrededor de Jersey y Guernsey: el TCA define qué barcos pueden optar a las licencias por su actividad anterior en el área, pero no especifica con claridad las pruebas que hacen falta para demostrarlo.
¿Cuáles son las amenazas de ambos lados?
Francia dice que las normas impuestas por Reino Unido, Jersey y Guernsey no son justas para las embarcaciones menores, que normalmente no llevan un equipo de GPS capaz de demostrar su presencia anterior en aguas británicas. Gran Bretaña dice que tiene derecho a pedir las pruebas que considere necesarias.
El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió el lunes que siguieran las conversaciones y suspendió la amenaza de prohibir a las embarcaciones británicas que desembarquen su mercancía en algunos puertos franceses; la de hacerles pasar por controles de permisos adicionales; la de endurecer los controles a camiones británicos; y la de reforzar controles aduaneros y de higiene a partir del martes.
Las dos partes parecen creer que la otra ha incumplido las claúsulas del TCA o está a punto de hacerlo. El ministro francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, dijo el domingo que Reino Unido había dejado de otorgar una “cantidad significativa” de licencias y que lo hacía “apuntando contra un país”. No se trata de “una cuestión técnica, sino de una decisión política y de una violación del TCA”, dijo.
El lunes, la ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss, dio 48 horas a Francia para que retirara sus amenazas “completamente irrazonables”. De lo contrario, advirtió, Reino Unido podría “utilizar los mecanismos del acuerdo comercial con la UE para tomar medidas”.
¿Qué pasa a continuación?
Depende de cómo se desarrollen las conversaciones, de las medidas que aplique Francia, si es que lo hace, y de la respuesta de Reino Unido. Pero cualquiera de las partes, o las dos, podría acogerse al procedimiento de resolución de diferencias previsto en el TCA.
En primer lugar, eso implicaría consultas a las dos partes y, si fracasan, la puesta en marcha del proceso de arbitraje. Si se determina que una de las partes ha incumplido el TCA, deberá cumplir la sentencia en un plazo razonable o se arriesgará a que la parte ganadora le deje sin acceso a las ventajas previstas en el TCA.
Una desescalada rápida no parece probable, en vista de la retórica que están empleando las dos partes y de la manera en que jugar duro rinde sus frutos en la política doméstica de cada país. Es posible que la UE27 no tenga muchas ganas de librar una guerra por la pesca, pero también existe la sensación de que Gran Bretaña está tentando a la suerte con demasiada frecuencia.
Los errores de traducción tampoco han ayudado. Boris Johnson citó el domingo una carta de Jean Castex, primer ministro de Francia, a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en la que, según Johnson, Castex pedía a la UE que “castigara” a Gran Bretaña. En otras publicaciones se decía que en la carta Castex pedía a la UE que “causara daño” al Reino Unido.
Sin embargo, la traducción correcta sería la siguiente: “Es vital mostrar a la opinión pública europea que el respeto a los compromisos adquiridos no es negociable y que es más perjudicial salir de la UE que permanecer en ella”. La redacción de este argumento no fue la mejor, pero desde el referéndum del Brexit es un argumento repetido por muchos líderes de la UE.
Traducido por Francisco de Zárate