Dentro de 10 semanas, Joe Biden presentará “la Visión de Joe para Estados Unidos” en un mitin electoral en Iowa, con la esperanza de que el estado que votará primero en las primarias demócratas lo ponga en carrera hacia la Casa Blanca.
Entre sus promesas está la de solucionar la crisis de préstamos para estudiantes que afecta a 45 millones de estadounidenses con deudas asfixiantes que en total llegan a la impactante cifra de 1,35 billones de euros. Una de las propuestas es permitir que las personas que están luchando por devolver préstamos estudiantiles a bancos y empresas de tarjetas de crédito puedan ser declaradas en bancarrota.
La promesa es una de las más llamativas dentro de las que ofrecen los candidatos de las primarias demócratas, teniendo en cuenta cómo se generó en primer lugar el problema que ahora Biden pretende solucionar. En 2005, los préstamos privados para estudiantes fueron excluidos de los posibles motivos para declararse en quiebra, una decisión legislativa que hizo que en una década se triplicara el volumen de deuda de este tipo y que atrapó a millones de estadounidenses en asfixiantes amortizaciones de su deuda que se extienden durante años.
La ley impulsada por el Partido Republicano endureció el código de quiebra, beneficiando enormemente a los prestamistas a expensas de los estudiantes endeudados. En aquel momento, 25 demócratas se opusieron fervientemente a este proyecto en el Senado. Pero de todas formas la ley fue aprobada, ya que 18 senadores demócratas rompieron filas y votaron a favor. Entre esos 18 senadores, un político resaltó por el entusiasmo con el que defendía a las sociedades de crédito que, justamente, habían aportado cientos de miles de euros a sus campañas: Joe Biden.
Las causas de la crisis de préstamos para estudiantes
La deuda estudiantil se ha convertido en un tema candente en las primarias demócratas. Los candidatos compiten por presentar la solución más radical para una crisis que actualmente afecta a más de uno de cada tres adultos jóvenes, así como a 3 millones de estadounidenses mayores de 60 años que aún luchan por devolver los préstamos que recibieron décadas atrás, cuando fueron a la universidad.
Más de un millón de personas por año se ven forzadas a incumplir los pagos de su deuda. Se calcula que en 2023 la proporción de prestatarios que tengan pagos atrasados llegará al 40%, perforando así un agujero enorme en el sistema.
Sin embargo, no se ha hablado mucho sobre cómo se ha generado este desastre. Cómo fue, por ejemplo, que la suma de préstamos para estudiantes otorgados por entidades financieras privadas se disparó de 5.000 millones de euros en 2005 a 13.500 millones en sólo 10 años, haciendo que el total de la deuda estudiantil ascienda hasta quedar segunda en el país, solo por detrás de las hipotecas inmobiliarias.
Hasta 2005, los préstamos privados para estudiantes podían ser motivo de una declaración de bancarrota, igual que cualquier otro préstamo privado. Pero ese año, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Protección de Consumidores y Prevención del Abuso de Quiebra, una ley que hizo mucho más difícil que los estudiantes que luchaban por devolver préstamos se declararan en bancarrota y empezaran de cero.
A principios de este año, Biden intentó justificar su apoyo a esta ley de 2005. Su portavoz de campaña le dijo a la revista Politico que “sabiendo que la ley se aprobaría gracias a la mayoría republicana, Biden intentó moderar el proyecto y proteger a las familias de clase media. Él creía que si tienes ingresos y deudas que puedes pagar, es mejor acordar un plan de amortización”.
Si uno indaga más en el tema, la historia es más complicada y deja a Biden bastante mal parado. La propuesta que presentará en Iowa el 3 de febrero representa en realidad una marcha atrás a una ley que él mismo ayudó a que se aprobase en 2005.
A pesar de sus justificaciones, es indiscutible que Biden fue un ferviente defensor de la ley de 2005 en general, como forma de endurecimiento del código de quiebra para beneficio de los prestamistas y a expensas de las familias endeudadas que lo tendrían mucho más difícil para declararse en bancarrota.
“Biden era uno de los políticos más poderosos que podría haber dicho que no, que podría haber cambiado esto. Pero en cambio, utilizó su liderazgo para ponerles límites a otros demócratas que tenían reparos y querían suavizar la ley”, afirma Melissa Jacoby, profesora de derecho de la Universidad de Carolina del Norte, especialista en bancarrota.
De hecho, otros líderes demócratas y defensores de los derechos de los consumidores sí rechazaron la ley. En 2005, durante el debate del proyecto en el Senado, Ted Kennedy fue rotundo sobre las consecuencias que implicaría su aprobación. “Esta legislación rompe el lazo que une a Estados Unidos. Sacrifica a los ciudadanos en pos de la codicia desenfrenada de la industria del crédito”, aseguró.
Kennedy advirtió que incluso antes de que entrara en vigor esta nueva ley, los jóvenes ya estaban abandonando sus estudios “por el costo de los préstamos para estudiantes, porque no los pueden pagar”.
Warren y el impacto de la ley en las mujeres
Cuando se presentó una versión anterior de la ley en el Congreso, una respetada profesora de Derecho de Harvard se enfureció tanto por las condiciones que establecía que en 2002 escribió un artículo criticando el apoyo de Biden a la ley. La autora, Elizabeth Warren, afirmaba que estos cambios perjudicarían a un grupo sobre todos los demás: las mujeres.
“El senador Biden apoya una ley que perjudicaría sobre todo a las mujeres”, escribió. “¿Por qué? La respuesta la debería dar él… Él defiende fervientemente a uno de sus principales fuentes de financiación de campaña: la industria de servicios financieros”.
Warren, cuya decisión de entrar en política surgió en gran parte por su lucha en contra de las leyes de quiebra en el Congreso, remarcó en su artículo que el “energético trabajo de Biden a favor de las empresas de tarjetas de crédito le ha ganado el aprecio de la industria bancaria y lo ha protegido de otros aspirantes a su escaño en el Senado”.
La sospecha de Warren de que el entusiasmo de Biden a favor de endurecer las leyes de quiebra provenía de sus vínculos con las empresas de tarjetas de crédito sobrevive aún hoy. La profesora Jacoby afirma: “No se me ocurre otra forma de explicar su posición respecto de la ley de quiebra más que su relación con la industria crediticia. Realmente, no hay otra explicación posible”.
Como senador nacional por el estado de Delaware, un estado que alberga a muchas de las más grandes corporaciones financieras de Estados Unidos, la relación surgió de forma natural. Tan cercana era su relación con MBNA, una gran empresa de tarjetas de crédito con sede en Delaware que luego fue adquirida por el Bank of America, que en 1999 sintió que era necesario aclarar: “Como senador, no represento a MBNA”.
Los comités de vigilancia de la financiación de campañas electorales remarcan este punto. Durante el mandato en el Senado 2003-2008, Biden recibió más de 450.000 euros de aportes de parte de empresas de tarjetas de crédito, servicios financieros y bancos, según revelaron las bases de datos de Open Secrets.
En los debates previos a la aprobación de la ley de quiebra de 2005, Biden intentó justificar su apoyo a la legislación señalando que algunas personas abusan del sistema de quiebra cuando deberían pagar al menos una parte de su deuda. Al obligar a algunos deudores a pagar lo que puedan de su deuda, los prestamistas privados podrían reducir tu tasa de interés en beneficio de todos los consumidores.
Ninguna de esas afirmaciones fue confirmada. Informes posteriores concluyeron que el nivel de abuso en el sistema de préstamos para estudiantes era relativamente insignificante, y las tasas de interés nunca bajaron tras el endurecimiento de las condiciones para declararse en quiebra. “No se comprobó nada de eso: el endurecimiento de las leyes de quiebra no hizo que el crédito fuera más accesible ni más barato”, indica Jacoby.
Lo que sí logró la ley de 2005 fue una explosión de los préstamos privados para estudiantes. Los prestamistas, confiados en que los futuros deudores ya no podrían declararse en bancarrota, les abrieron los brazos a nuevos prestatarios.
Actualmente, el total de préstamos privados estudiantiles pendientes de pago asciende a la impactante cifra de 111.000 millones de euros. Y eso representa solo un 8% de la montaña de 1,35 billones de euros de deuda total, pero también representa mucho sufrimiento humano, ya que se calcula que el préstamo privado promedio de un estudiante es de 12.600 euros.
Tasas de interés más altas
La mayoría de los préstamos estudiantiles pendientes se le deben al Gobierno federal. Si bien es igual de difícil declararse en quiebra por deudas en el sistema público, el peso de estas restricciones queda suavizado por programas de ayuda a deudores que incluyen el perdón de deudas.
Los préstamos privados, en cambio, no cuentan con estos amortiguadores. La única esperanza que le queda a quien tiene pagos atrasados es poder probar “dificultades excesivas”, algo prácticamente imposible de hacer ya que implica invertir miles de dólares en litigios que por supuesto el prestatario no tiene.
“Los préstamos privados para estudiantes suelen tener tasas de interés más altas que los préstamos públicos, son mucho menos flexibles cuando los prestatarios tienen dificultades para pagar y no participan de programas de reformulación o condonación de deuda”, explica Adam Minsky, abogado de quiebras que trabaja en casos de préstamos para estudiantes.
En “la Visión de Joe”, Biden remarca un intento que hizo el Gobierno de Obama en 2015, cuando él era vicepresidente, para que al menos algunos préstamos privados para estudiantes pudieran ser eliminados al declararse en quiebra. Él promete que, si llega a la Casa Blanca, promovería esa legislación, lo cual sería dar marcha atrás a la ley por la que votó en 2005.
Sin embargo, Biden no ha hablado mucho más sobre el tema y no se ha retractado por haber votado a favor de la ley de 2005. The Guardian ha pedido al equipo de campaña de Biden que responda a la acusación que sostiene que apoyó la ley de 2005 por sus vínculos con las corporaciones de Delaware, pero no ha recibido respuesta.
Sorprendentemente, el papel de Biden en las reformas de 2005 no ha llamado casi nada la atención hasta ahora en las primarias demócratas. El ex vicepresidente ha tenido que dar explicaciones por el caso de Anita Hill cuando esta acusó a Clarence Thomas, candidato a juez del Tribunal Supremo, de acoso sexual en 1991 y por su apoyo a una ley penal de 1994 que promovía el encarcelamiento masivo, pero sobre los préstamos para estudiantes no se le ha cuestionado mucho.
Warren –que ya no es profesora de derecho, sino su rival política– hizo una alusión al pasar sobre el historial de Biden en la ley de quiebra el día que este lanzó su candidatura presidencial en abril. “En el momento en que las principales instituciones financieras del país intentaban asfixiar a millones de familias trabajadoras, Joe Biden se puso del lado de las empresas crediticias”, dijo.
Traducido por Lucía Balducci.