El gobierno de Canadá ha facilitado la apertura en todo el país de centros para que los adictos consuman drogas intravenosas con supervisión médica. De esta manera, se ofrece a las comunidades una ayuda en la lucha contra la crisis de opiáceos que en los últimos años se ha cobrado miles de vidas.
Aprobada esta semana, la nueva ley simplifica los más de 20 requisitos que hasta ahora se necesitaban para abrir estos espacios supervisados por médicos y con equipos esterilizados para las personas adictas a las drogas intravenosas.
“Hay pruebas concretas que demuestran que, montados y mantenidos de manera adecuada, los centros de consumo supervisado salvan vidas sin aumentar el consumo de drogas o los delitos en el vecindario”, afirmó esta semana la ministra de Salud canadiense, Jane Philpott, ante el Parlamento.
La ley se basa en logros anteriores de Canadá en este ámbito. Para frenar una epidemia de VIH y hepatitis C en el barrio Downtown Eastside de Vancouver, las autoridades sanitarias de esa ciudad lanzaron en 2003 Insite, la primera instalación de Norteamérica para inyectarse drogas bajo supervisión.
Para 2015, Insite ya había registrado más de tres millones de visitas y tratado de manera segura casi 5.000 casos de sobredosis sin ninguna víctima mortal. Insite consiguió reconocimiento mundial por el papel fundamental que desempeñó salvando vidas y evitando la transmisión del VIH y de la hepatitis C. Según las investigaciones, las personas que visitaban la clínica eran más propensas a seguir un plan de desintoxicación luego.
Pero el programa se topó con el gobierno federal conservador de ese entonces y con su enfoque de mano dura para tratar el delito. Después de su fracaso ante la Corte Suprema para cerrar Insite, los conservadores contraatacaron con una ley para dificultar el proceso de apertura de los centros de consumo supervisados.
Entre otras exigencias, a partir de ese momento las comunidades se vieron obligadas a presentar cartas de apoyo, recabar informes detallados con las tasas de delito y de VIH y verificar los antecedentes de su personal. La abrumadora cantidad de requisitos detuvo los planes de varias comunidades y dejó a otras encargando estudios de viabilidad por más de diez años.
Preocupados por el repentino aumento en el número de muertes por sobredosis, los progresistas han empleado un enfoque diferente desde que llegaron al poder a finales de 2015. El año pasado el Partido Liberal dio luz verde al segundo centro del país de inyección de drogas bajo supervisión y allanó el camino para abrir otros tres en las próximas semanas en Montreal. Además, según declaró el Gobierno esta semana, se acelerarán las 18 solicitudes de otras 10 ciudades.
2.300 muertos por sobredosis en un año
El éxito de Insite ha despertado el interés de toda Norteamérica: grupos en Seattle, San Francisco y Nueva York, entre otras ciudades, están evaluando ahora crear instalaciones del mismo tipo.
El énfasis del Gobierno canadiense en los centros de inyección segura llega en un momento de críticas por no haber hecho lo suficiente para enfrentar la devastación que está provocando en todo el país el fentanilo, una droga 50 veces más adictiva que la heroína y otros opiáceos.
“Sabemos que, como mínimo, el año pasado murieron 2.300 canadienses por sobredosis de opiáceos”, señaló Philpott en una conferencia en Montreal esta semana. “El total de víctimas es mayor que el de cualquier epidemia de una enfermedad infecciosa ocurrida en Canadá, incluido el pico máximo de muertes por sida, desde la gripe española que hace 100 años se cobró la vida de 50.000 personas”, añadió.
Un grupo de manifestantes interrumpió su conferencia con pancartas que decían: “Ellos hablan, nosotros morimos”.
El viernes, la Asociación Canadiense de Personal de Enfermería (CNA, por sus siglas en inglés) calificó la nueva ley como un buen comienzo. “Realmente creemos que es una mejoría muy importante en comparación con las regulaciones de gobiernos anteriores”, dijo Barb Shellian, presidenta de la CNA.
La nueva ley presenta cinco categorías de requisitos, entre ellos, la carta de apoyo de un ministro provincial o local y pruebas de las mejoras a la salud pública que traerá el centro de consumo controlado. Entre las enmiendas del Senado de Canadá, figuran el requisito de establecer un período mínimo de 45 días para consultas públicas y hacer que el personal de los centros ofrezca tratamientos con medicación antes de permitir al cliente usar las drogas ilegales. “En un mundo perfecto, hubiésemos preferido que no estuvieran algunas de esas cinco categorías, específicamente las categorías que ofrecen rehabilitación en todas y cada una de las visitas –explica Shellian, de la CNA–, pero sin duda es un triunfo”.
La CNA continuará siguiendo de cerca la ley para garantizar que los requisitos no dificulten la creación de estos centros tan necesarios, dijo Shellian. “Estas personas son el hermano de alguien, la hermana, la madre de alguien. Debemos prestar atención urgentemente a esta epidemia”.
Traducido por Francisco de Zárate