Chipre vende la ciudadanía europea a inversores ricos, muchos involucrados en casos de corrupción

El Gobierno de Chipre ha recaudado más de 4.000 millones de euros desde 2013 facilitando la ciudadanía a millonarios. De este modo, los beneficiarios obtenían el derecho a vivir y trabajar en Europa a cambio de inversiones en el país. Se cree que solo el año pasado se entregaron más de 400 pasaportes a través de este sistema.

The Guardian ha tenido acceso a la lista de nombres de aquellos que se han beneficiado del programa 'ciudadanía mediante inversión' de Chipre. La lista refleja detalladamente la amplia variedad de personas que se han acogido a este sistema, aunque nada indica que hayan cometido un delito haciéndolo. También refleja hasta qué punto el interés de la élite rusa y ucraniana ha impulsado este programa.

Normalmente, los programas de “visados de oro”, mediante los cuales los países venden pasaportes o ciudadanía a cambio de inversiones, se llevan a cabo en absoluto secreto. Solo Malta ha llegado a publicar los nombres de sus beneficiarios. Antes de 2013, los ministros chipriotas entregaban la ciudadanía de una manera discrecional en lo que constituía una versión menos formal del actual sistema.

El ministro de Hacienda de Chipre asegura que el programa va dirigido a “inversores reales que establezcan una base empresarial y la residencia permanente en Chipre”. Muchos de los cientos de nombres a los que ha accedido the Guardian son destacados empresarios o individuos con influencia política en sus países de origen.

Beneficiarios vinculados a la corrupción

Leonid Lebedev, exdiputado ruso y dueño único de Sintez Group, es uno de los cientos de ciudadanos rusos que habrían adquirido la ciudadanía chipriota. Forbes calcula que su riqueza personal es superior a 1.000 millones de euros.

Otro nombre políticamente sensible es el de Alexander Ponomarenko, un empresario industrial ruso con unos activos de unos 2.500 millones de euros. En 2011, Ponomarenko pagó supuestamente 300 millones de euros por un palacio construido para el uso personal del presidente ruso Vladímir Putin. Ponomarenko adquirió la ciudadanía en 2016. Ni Lebedev ni Ponomarenko han querido hacer comentarios sobre este asunto.

Los ucranianos Gennady Bogolyunov y su antiguo socio de negocios, Igor Kolomoisky, fundaron PrivatBank en los 90 y fueron los principales accionistas del mismo hasta que el Gobierno ucraniano lo nacionalizó en 2016. El Banco Central ucraniano acusó a los dos socios de haber sacado ilegalmente 3.500 millones de euros de PrivatBank.

El abogado en representación de Bogolyunov ha confirmado que este recibió el pasaporte chipriota en 2010 “como resultado de sus importantes inversiones en el país (a través de varias empresas) y el cumplimiento pleno de los requisitos legales vigentes en el momento”. El abogado afirma que las acusaciones en relación a PrivatBank “no tienen fundamento, son falsas y difamatorias” y asegura que ha iniciado un proceso judicial por su nacionalización.

“Se le dio la ciudadanía de Chipre en reconocimiento de sus importantes inversiones en el país”, dice un portavoz de Kolomoisky. Kolomoisky también ha tomado medidas judiciales en Ucrania en relación a las acusaciones sobre PrivatBank.

Nikita Mishin, fundador y director comercial de Severstaltrans y antiguo miembro del Consejo de Expertos de Rusia, un órgano de asesores no dependientes del Gobierno, no ha negado haber recibido la ciudadanía chipriota en 2015.

Konstantin Stetsenko es el socio director de Invest Capital Ukraine (ICU), encargado de asesorar al presidente Petro Poroshenko en la venta de su negocio de repostería. Un representante de Stetsenko sostiene que ICU tenía operaciones en Chipre y que “la ciudadanía de Stetsenko es una ayuda en estas circunstancias”. Stetsenko adquirió la ciudadanía el año pasado.

El primo de Asad, chipriota por un año

Rami Makhlouf, primo del presidente sirio Bashar al Asad, figuraba en la lista de sanciones impuesta por Estados Unidos en 2008 por acusaciones de corrupción. Chipre le entregó la ciudadanía en 2010. No está claro qué controles se llevaron a cabo en su solicitud. Makhlouf, que posteriormente también fue sancionado en 2011 por la UE y cuya ciudadanía chipriota fue revocada tras el estallido de la guerra civil en Siria, no ha querido hacer comentarios.

El primo del dirigente sirio no recibió su ciudadanía a través del actual sistema, según informa Chipre, añadiendo que el programa de 2013 “establece un proceso mejorado y más transparente”. Chipre asegura que su decisión de retirar posteriormente la ciudadanía a Makhlouf es una muestra de su disposición a tomar medidas correctivas.

Konstantin Grigorishin es el principal inversor en la empresa ucraniana de servicios públicos Energy Standard Group y, de acuerdo con Forbes, un fan de la natación con una colección de arte valorada en 250 millones de euros. Sus oponentes lo describen como un oligarca por sus supuestos vínculos con el presidente Poroshenko; él lo niega. Grigorishin no ha querido confirmar si recibió la ciudadanía chipriota en 2010.

El multimillonario Teddy Sagi obtuvo la ciudadanía chipriota en 2009. Sagi es el accionista mayoritario de la empresa propietaria de Camden Market y también fundó la empresa Playtech, que proporciona servicios y software de juego. Un representante de Sagi no niega la adquisición de la ciudadanía, pero cuestiona que el pasaporte chipriota se pueda calificar justamente de “visado de oro”.

El origen de la venta de pasaportes

Poco conocida fuera de los círculos ricos, la industria del visado de oro apareció por primera vez en 1984, cuando las pequeñas islas de San Cristóbal y Nieves decidieron atraer inversiones a cambio de pasaportes.

Más tarde, países de todo el mundo siguieron su ejemplo, estableciendo sistemas para entregar a inversores extranjeros pasaportes y visados de residencia o ciudadanía a cambio de dinero. La inversión inmobiliaria suele ser un requerimiento fundamental en este tipo de sistemas.

Los bufetes de abogados que ofrecen asistencia a aquellos con una posible necesidad de un segundo o tercer pasaporte anuncian este tipo de programas en al menos una decena de países, incluido Reino Unido.

Los defensores de esta industria argumentan que estos sistemas atraen talento y riqueza en un momento en el que los fondos públicos en todo el mundo se enfrentan a déficits presupuestarios. Otros también argumentan que dan a aquellos con espíritu empresarial la posibilidad de buscar un vida mejor lejos de países represivos.

Por el contrario, los críticos denuncian estos sistemas por codiciosos y cínicos y sostienen que dañan el concepto de ciudadanía. Del mismo modo, también cuestionan el valor social de un inversor extranjero que compra propiedad que a menudo se deja deshabitada.

Aunque secreta, la industria ha sufrido varios escándalos en los últimos años. En 2013, 11 funcionarios portugueses fueron detenidos tras una investigación policial –cuyo nombre en clave era Operación Laberinto– que empezó a examinar si se habían emitido visados de oro de forma corrupta. A principios de este año se designó como sospechoso al exministro de Inmigración portugués como parte de esta operación.

Políticos de Malta han sido acusados de participar en un supuesto sistema de pago de favores relacionado con pasaportes, los cuales ha vendido desde 2014. En Estados Unidos ha salido a la luz recientemente que la antigua empresa del asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, ofrecía visados a empresarios chinos que invirtiesen en los proyectos de construcción de la compañía.

A principios de este año the Guardian informó de que el hijo de un empresario kazajo acusado de un fraude multimillonario en su propio banco recibió un “visado de inversor” por el Gobierno británico, a pesar de haber informado de que el dinero se lo había entregado su padre. El interés por el visado Tier 1 de inversor en Reino Unido se ha reducido tras las nuevas normas que exigen controles financieros más rigurosos.

Incluso San Cristóbal y Nieves, país creador original de estos programas, ha sido incapaz de librarse del escándalo. En 2014, la oficina estadounidense encargada de los delitos financieros advirtió que los criminales estaban comprando sus pasaportes “con el propósito de participar en actividades financieras ilegales”.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti