Raúl Ernesto Morales-Ramos, detenido en California y devastado por un cáncer, suplicó por un tratamiento. Le dieron ibuprofeno. A Tiombe Kimana Carlos, detenida en Nueva York y con esquizofrenia crónica, la mandaron a aislamiento. Se ahorcó haciendo un nudo con una sábana. Manuel Cota-Domingo, detenido en Arizona con una diabetes no tratada y neumonía, empezó a tener problemas para respirar. El personal perdió el tiempo dudando sobre quién debía llamar a emergencias.
Según un informe publicado esta semana, los tres murieron por culpa de una asistencia médica inadecuada en instalaciones para la detención de migrantes que se reparten por todo EEUU.
El estudio conjunto elaborado por Human Rights Watch (HRW) y Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement (Civic) detalla “fallos sistémicos” que provocan sufrimientos y muertes que podrían evitarse.
“Los datos revelan que las personas en centros de detención murieron de modo innecesario bajo el mandato de Obama, incluso con sus intentos de reforma”, cuenta Grace Meng, una investigadora de HRW. “La administración Trump ya ha anunciado su intención de revertir reformas clave mientras detiene incluso a más migrantes. Todo esto seguramente significará que más personas morirán sin necesidad”.
La página 104 del informe titulado Systemic Indifference: Dangerous & Substandard Medical Care Inmigration Detencion, detalla retrasos, errores y una gran falta de responsabilidad en la red de centros que detiene a unas 40.000 personas cada día y que retiene a unas 400.000 personas al año.
La administración Trump está buscando 1.200 millones de dólares de financiación adicional para incrementar la capacidad de detención, hecho que hace temer que los cuidados médicos deficientes vayan a peor. Más de dos tercios de los detenidos permanecen en instalaciones regidas por compañías privadas.
El informe se basa en análisis de registros de expertos médicos independientes procedentes de la investigación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) sobre las 18 muertes que tuvieron lugar entre los años 2012 y 2015 en centros de detención y en los registros médicos de 12 detenidos más. También se basa en las entrevistas con más de 90 personas entre las que se incluyen familiares, abogados y profesionales sanitarios de correccionales.
¿Enfermeros sin licencia?
“Los expertos hallaron numerosos problemas derivados de atención médica peligrosa y deficiente, como por ejemplo errores a la hora de seguir síntomas que requerían atención; personal médico ejerciendo aparentemente sin licencia o con falta de experiencia; cuidados mentales claramente inadecuados; envíos a aislamiento a personas con graves problemas mentales; y lentas intervenciones de emergencia”, apunta el informe.
Los expertos concluyeron que estos cuidados mediocres contribuyeron a que se produjesen siete de las 18 muertes. Entre ellos estaba Morales Ramos, un salvadoreño retenido en Adelanto, California. Desde el año 2013 padecía cáncer, pero sus peticiones para que se le administrase un tratamiento fueron ignoradas, según el informe.
En febrero de 2015 presentó una queja en la que se podía leer: “Para el que reciba esto. Quiero que sepas que estoy muy enfermo y que no han cuidado de mí. La enfermera solo me dio ibuprofeno, que apenas me aliviaba durante unas horas. Decidme si me podéis ayudar”. Murió dos meses después.
A Kimana Carlos, originaria de Antigua y Barbuda, le diagnosticaron esquizofrenia cuando era una adolescente. El personal del centro de detención de York, en Nueva York, conocía su enfermedad pero le dieron un tratamiento de salud mental “tremendamente inadecuado”, según dice un doctor en el informe. Se ahorcó en octubre de 2013.
En el centro de detención Eloy, situado en Arizona, una restricción sobre qué miembros del personal pueden llamar al 911 contribuyó a que se produjera una demora de ocho horas para brindarle tratamiento a Cota-Domingo, de 34, oriundo de Guatemala, que sufría problemas respiratorios a causa de la diabetes y la neumonía.
Además, el informe menciona otras demoras en casos que no llegaron a ser fatales y deficiencias a la hora de tratar a detenidos con otras condiciones, por ejemplo una rotura de ligamento y problemas de visión.
Esta situación se denuncia desde hace años
Estas denuncias no son nuevas. Este es el tercer informe que publica HRW sobre cuidados médicos en centros de detención de migrantes desde 2007. La semana pasada, el centro Immigrants' Rights Clinic del Penn State Law y el Project South publicaron un estudio detallando las quejas y supuestos abusos en dos centros de detenciones de Georgia.
El año pasado the Guardian informó del caso de José Jamarillo, que murió después de una asistencia precaria en un centro de Nuevo México. Otro centro de Pensilvania, al parecer, dejó sin tratamiento durante semanas a una niña de cinco años que tenía una enfermedad muy contagiosa.
Hay pruebas de que el ICE conoce las deficiencias de sus cuidados médicos pero carece de procedimientos para tomar medidas rápidas y apropiadas, asegura Christina Fialho, abogada y co-directora de Civic.
De acuerdo con Fialho, “la gran cantidad y consistencia de los casos que involucran atención médica deficiente apuntan a una crisis que justifica una acción inmediata. Los análisis hechos por los expertos en medicina confirman lo que hemos estado oyendo hace años de boca de los inmigrantes detenidos. Ya es hora de ponerle fin a las prácticas médicas deficientes que todos los años causan daño a muchas personas en los centros de detención de inmigrantes”.
El ICE recibirá este informe para determinar qué cambios, si es que son necesarios, deben basarse en sus recomendaciones, dijo una portavoz, Jennifer Elzea, a the Guardian. La organización también se comprometió a asegurar el bienestar de todas las personas que están bajo su custodia, dijo Elzea.
“El personal que atiende a los detenidos incluye enfermeras tituladas y profesionales de salud mental licenciados y de nivel medio que incluyen asistentes físicos y enfermeros practicantes, un médico, cuidado dental y acceso 24 horas a servicios de emergencia”, asegura.
Un detenido con unas condiciones médicas que requieran tratamiento tendrá tantas citas como necesite, añadió la portavoz. “Durante la detención, nunca se le negará atención médica a ningún detenido”, concluyó. La agencia agregó que gasta más de 180 millones de dólares cada año en servicios médicos para detenidos.
Traducido por Cristina Armunia Berges