Un grupo reducido de personas curiosean desde una barricada de la policía en el distrito de Sur en Diyarbakir, en el sureste de Turquía, mientras el eco de la artillería pesada y de las ametralladoras resuena por las calles. La mayoría son amigos y familiares de unas 200 personas que se han quedado atrapadas al otro lado y que viven como pueden dentro de edificios en ruinas en unos barrios donde hace meses se impuso un toque de queda.
Desde que en julio fracasara el alto el fuego acordado entre Ankara y el Partido Obrero de Kurdistán (PKK), el sureste de Turquía, predominantemente kurdo, ha sufrido una escalada de violencia sin precedentes en las últimas dos décadas. El proceso de paz iniciado hace tres años ha quedado reducido a cenizas y ha vuelto a aflorar un conflicto que desde 1984 ha causado la muerte de 40.000 personas.
En agosto del año pasado, los activistas kurdos declararon la autonomía administrativa de Sur, en un intento por autogobernar las ciudades y los pueblos de la región.
El gobierno de Turquía, inquieto ante la posibilidad de una mayor autonomía kurda similar a la que ya existe en la frontera con Siria e Irak, respondió con contundencia. Desde el verano han muerto cientos de militantes, miembros de las fuerzas de seguridad y civiles. Se han impuesto toques de queda en varias ciudades y distritos de la región. Desde el 3 de diciembre, gran parte de Sur está cercada por las fuerzas de seguridad turcas, que quiere que los militantes kurdos salgan de las zonas urbanas. Los militantes de la sección juvenil del PKK han contraatacado cavando trincheras y con puntos de control. Los enfrentamientos han asolado barrios enteros.
Esta semana, la policía turca utilizó balas de goma, gases lacrimógenos y cañones de agua contra miles de personas que se manifestaban en contra del toque de queda en Diyarbakir.
“Temen que la policía los mate”
Los defensores de los derechos humanos, las ONG, las organizaciones locales de comercio y los parlamentarios de la Unión Europea han pedido al gobierno turco que suspenda el toque de queda durante 24 horas y que permita un corredor humanitario para que los civiles que están atrapados en el fuego cruzado en Sur puedan ser evacuados de forma segura. La semana pasada, el gobernador de Diyarbakir, Hüseyin Aksoy, accedió a un cese al fuego de hora y media durante varios días consecutivos para que la policía pudiera dirigirse, con la ayuda de altavoces, a todos los que todavía se esconden dentro de los edificios en ruinas y pedirles que se rindan. Sin embargo, muchos no se atreven a salir por miedo a las represalias.
“A mis hermanos les da miedo salir, temen que la policía los mate”, dice Mehmet Karatay, un hombre de mediana edad: “¿Por qué iban a rendirse? Son civiles y viven aquí. No quisieron abandonar sus hogares porque temían perderlo todo. Nunca pensaron que el estado de sitio se prolongara tanto, nadie pensó que la situación empeoraría hasta este extremo”.
El gobernador insiste en el hecho de que todos aquellos que quieran salir de la zona de combate pueden hacerlo sin ningún riesgo. “El Estado también garantiza la seguridad de los terroristas que quieran salir. Deberían hacerlo y nosotros los entregaremos a la justicia”, ha dicho. El gobierno acusa a los militantes kurdos de utilizar niños como escudos humanos.
Fatma tiene 39 años y es madre de cuatro hijos. Explica que Mehmet Salih, su hijo de 12 años, se quedó atrapado cuando se coló en el distrito durante un breve levantamiento del toque de queda que duró 17 horas a mediados de diciembre. “Fue allí al salir de clase, sentía curiosidad”, explica: “Estoy muy preocupada. No he tenido noticias suyas en dos meses y medio”.
Los residentes atrapados en el fuego cruzado soportan las consecuencias de la violencia. El Partido Democrático de los Pueblos (HDP), un partido pro kurdo, calcula que desde la imposición de toques de queda en agosto, unas 290 personas han muerto en el sureste de Turquía; 25 en Sur.
El Jefe del Estado Mayor del Ejército turco ha dicho que unos 200 militantes armados han perdido la vida en enfrentamientos, también 60 soldados y policías. Lo cierto es que es difícil tener datos fiables.
“Esto es un infierno”, admite un joven policía, que hace guardia en uno de los puntos de seguridad. “Llegué cuando se impuso el toque de queda hace tres meses y solo había lodo y hielo. Han matado a muchos de nuestros hermanos”, lamenta. Una anciana se acerca lentamente y le habla en kurdo y en un tono desafiante. “Abuelita terrorista, aléjate de aquí”, grita el policía.
Avance kurdo en Siria
Muchos habitantes de Diyarbakir creen que están siendo castigados por el avance kurdo en Siria. Turquía ha intentado por todos los medios, de momento en vano, convencer a los aliados occidentales de que el YPG, una organización siria cercana al PKK, es una organización terrorista. Sin embargo, los habitantes de Sur culpan al PKK de la violencia que se vive en las ciudades y los pueblos.
“Estoy indignado con el PKK. ¿Por qué han llevado la guerra hasta nuestros hogares? si los militantes no hubiesen cavado las trincheras, si no hubiesen iniciado toda esta discusión en torno a la autonomía, la policía nunca habría venido hasta aquí”, afirma un hombre de 35 años de Bingöl que trabaja como conductor de un minubús: “Somos los únicos que estamos sufriendo las consecuencias. Antes apoyaba la causa kurda pero en las elecciones de noviembre voté al AKP (el partido en el gobierno). Estoy harto”.
Las ONG locales afirman que los abusos de los derechos humanos en la región han aumentado desde las elecciones del pasado junio y han escalado tras el fracaso del alto el fuego un mes más tarde. Se han registrado muestras de violencia y abusos generalizados. Decenas de miles de niños no pueden ir a la escuela. Se han interrumpido los servicios de asistencia médica. El doctor Zeki Parlak y Murat Aba, voluntarios de la Fundación para los derechos Humanos de Turquía, afirman que en los últimos seis meses han aumentado los casos de tortura en manos de las fuerzas de seguridad.
“Hay una atmosfera generalizada de impunidad”, lamenta Parlak: “La policía se siente respaldada por el gobierno y cree que es intocable. El presidente de Turquía [Recep Tayyip ErdoÄŸan] no ha dudado en expresar públicamente que los dirigentes locales pueden ignorar la ley si es necesario”.
“Muchos civiles han muerto y nadie está investigando estas muertes. La policía piensa que si matarlos no es un problema, entonces unos puñetazos son una minucia”.
“El gobierno como organización criminal”
Reha RuhavioÄŸlu, de la organización de derechos humanos Mazlumder, cree que existe el peligro de que la situación se descontrole. “Es un problema que (el gobierno) actúe como si fuera una organización criminal”, dice: “Si hoy no respetas la ley, mañana los ciudadanos te podrían pagar con la misma moneda”.
RuhavioÄŸlu deja claro que también es muy crítico con a las acciones del PKK, especialmente su decisión de llevar la lucha a las ciudades y a los pueblos. “Pero eso no autoriza a la policía a cometer estas atrocidades”, concluye.
Un informe elaborado recientemente por el principal partido de la oposición en Turquía, el Partido Republicano del Pueblo, señala que el 80% de los edificios que se encuentran dentro del perímetro del toque de queda en Sur han sido destruidos, y que la mayoría de los residentes ha abandonado sus hogares, incluso en zonas no destruidas, por miedo. Según el ministro de Sanidad turco, Mehmet MüezzinoÄŸlu, los enfrentamientos en la región kurda han provocado el desplazamiento de más de 355.000 civiles. Algunos se alojan en hoteles locales pero la mayoría de familias kurdas se alojan en casa de familiares o han alquilado pisos en barrios cercanos y se están endeudando.
Hanife Okatan, una mujer de 40 años que tiene tres hijos, ha alquilado un piso pequeño en Baglar, un barrio pobre de Diyarbakir. Explica que depende de la caridad de sus vecinos y del municipio. “Atamos una camiseta blanca a un palo y abandonamos nuestra casa. No nos llevamos nada”, afirma. “Teníamos una casa muy bonita, cerca de la iglesia Caldea”, recuerda. Indica que el gobierno ha proporcionado ayuda económica a algunas familias que han tenido que salir de Sur pero aclara que no ha sido su caso. Todavía no ha podido comprar una nueva lavadora y un frigorífico.
La guerra sucia de los ochenta y de los noventa convirtió a cerca de 1,2 millones de kurdos en desplazados. La mayoría huyeron a grandes ciudades del oeste del país, donde las perspectivas laborales son mejores, pero esto ha cambiado. “Es importante señalar que la gran mayoría de los desplazados no se han ido al oeste del país”, dice un profesor de Diyarbakir. Cuando el gobierno turco incendió poblados enteros en la década de los noventa muchos kurdos se mudaron a ciudades turcas situadas en el oeste del país, como Estambul o Izmir. “Ahora nuestra gente ya no quiere vivir con los turcos. Esta actitud pone en evidencia la gravedad de la ruptura”, subraya.
Aksoy, el gobernador de Diyarbakir, ha afirmado esta semana que el 98% de las ciudades sitiadas de Sur están “limpias” y las operaciones de seguridad están a punto de finalizar. Los hombres de negocios y los comerciantes están cada vez más preocupados. La mayoría de tiendas en Sur han cerrado y los restaurantes que siguen abiertos se pueden contar con los dedos de una sola mano.
Los hoteles del distrito histórico están vacíos o, simplemente, han cerrado. El año pasado la UNESCO declaró varios sitios históricos patrimonio de la humanidad, pero ahora parece una ciudad fantasma semi destruida.
Sakine, una mujer de 35 años de Sur y que ha tenido que dejar su casa también está enfadada con Europa: “La UE sabe lo que está pasando. Tienen miedo de los refugiados kurdos, nos han abandonado. Espero que la mala consciencia los carcoma”.
Traducción de Emma Reverter