Una mujer estadounidense que sobrevivió a un ataque del ejército egipcio contra un grupo de turistas (los soldados creían que eran terroristas) libra ahora una batalla para impedir que Estados Unidos venda a Egipto armas como las que a ella le han dejado secuelas de por vida.
En septiembre de 2015, April Corley, de San Diego (California) y su novio mexicano, Rafael Bejarano, viajaron al Desierto Blanco en una excursión organizada cuando fueron atacados por militares egipcios. Tras el ataque, los militares afirmaron que pensaron que los turistas eran militantes yihadistas.
“Estaba haciendo volteretas en la arena, Rafael me hacía fotos. Entonces, de repente, sentí como si me hubieran tirado al suelo, y Rafael ya no estaba cerca de mí. La arena se tiñó de negro, negro”, recuerda.
Corley describe la escena y recuerda cómo fueron atacados por un helicóptero apache que durante horas les disparó desde el aire con misiles y ametralladoras de 30 mm. El grupo de turistas intentaba refugiarse mientras sus guías ondeaban desesperadamente una bandera blanca.
“Me hice la muerta”, afirma y relata cómo los helicópteros regresaron para volverles a disparar, a pesar de que un miembro de la policía turística egipcia viajaba con ellos y los vehículos de la compañía de viajes lucían los logotipos de la empresa.
Cuando los helicópteros dejaron de atacarles, Corley se percató de que su novio, la madre de este y otros seis turistas mexicanos estaban muertos, así como cuatro de los guías egipcios. Ahora Corley quiere alertar sobre las consecuencias mortales del armamento producido en Estados Unidos y que se utiliza en otros países.
Estados Unidos suministra anualmente a Egipto ayuda militar por un valor de unos 1.300 millones de dólares. Corley y sus abogados están presionando a Donald Trump para que hable del ataque contra el grupo de turistas cuando el presidente del país, Abdel Fatah al Sisi, visite Washington la próxima semana.
Corley ha pedido a Estados Unidos que frene la venta de otros diez helicópteros Apache AH-64E (por un importe de 1.000 millones de dólares), y argumenta que el ataque es un claro ejemplo de las consecuencias del uso indebido de los helicópteros que fabrica la estadounidense Boeing. “No fueron diseñados con este fin”, indica.
La artillería le rompió el hombro, la clavícula, el brazo y las costillas, le arrancó partes de la piel y músculo de los huesos. Todavía sufre trastorno de estrés postraumático. “No fui entrenada para una guerra”, señala.
El Gobierno egipcio le ha ofrecido una indemnización de 150.000 dólares, muy por debajo de los más de 14 millones de dólares que según Corley y sus abogados serán necesarios para cubrir los gastos del tratamiento médico y la pérdida de ingresos de por vida.
En un discurso pronunciado durante una visita a El Cairo en enero, el secretario de Estado EEUU, Mike Pompeo, afirmó que Estados Unidos es una “fuerza del bien”, en Oriente Medio.
El pasado mes de julio Estados Unidos desembolsó 195 millones de dólares en ayuda militar a Egipto. Durante los meses anteriores esta ayuda había quedado bloqueada ante el temor de que Egipto estuviera vulnerando los derechos humanos. Sin embargo, en un memorándum filtrado, Pompeo exigió que se desbloqueara esta ayuda, si bien reconoció que “el clima general de los derechos humanos en Egipto sigue deteriorándose”, y que los funcionarios acusados de abusos no rinden cuentas ante la justicia.
Cada vez son más los legisladores que ponen el caso de Corley como ejemplo de por qué Estados Unidos debería reevaluar la ayuda militar suministrada a Egipto. De hecho, 46 congresistas escribieron una carta a Pompeo en la que expresaban su preocupación por el uso que hace Egipto de las armas fabricadas en Estados Unidos. A raíz de esta carta, el proyecto de ley de asignaciones fiscales de 2019 exige que Estados Unidos reduzca la ayuda militar anual a Egipto a 1.000 millones de dólares y retenga otros 300 millones de dólares hasta que Egipto pueda demostrar un mayor respeto a los derechos humanos. Pompeo tiene hasta mediados de abril para pronunciarse sobre la indemnización que ha pedido Corley.
“La batalla que libra April es una prueba de que Egipto no está dispuesto o es incapaz de cumplir con su obligación de salvaguardar y dar prioridad a los derechos humanos”, señala Jared Genser, asesor legal de Corley, en un informe técnico que detalla su caso. “Sisi no ha pedido responsabilidades a los miembros de sus fuerzas de seguridad....hasta donde sabemos, Egipto no ha investigado el ataque de una forma que resulte creíble”.
Si bien en un inicio el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Sameh Shoukry, calificó el ataque de “lamentable” y prometió una investigación completa, nada parece indicar que se haya hecho. Los medios de comunicación egipcios recibieron la orden de no informar sobre lo sucedido.
Más tarde, las autoridades egipcias culparon a la agencia de viajes que había organizado la visita al Desierto Blanco, alegando que llevó al grupo a una “zona restringida”. Lo cierto es que en todo momento estuvieron escoltados por la policía turística y llevaban los permisos necesarios para pasar a través de los puestos de control militares en una ruta utilizada regularmente por los turistas.
En 2016, la Asociación Egipcia de Agentes de Viajes, un organismo cuasi gubernamental, acordó pagar una indemnización a los familiares de al menos tres víctimas mortales, presuntamente a cambio de que renunciaran a la posibilidad de demandar a Egipto por lo sucedido. The Guardian contactó con la oficina del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto, que no ha respondido a las reiteradas solicitudes para que se pronuncie sobre este caso.
Los grupos de turistas siguen viajando al Oasis de Bahariya por la misma ruta, a pesar de que las autoridades egipcias no han podido demostrar que la seguridad sea ahora mayor. Corley, por su parte, no puede trabajar, sufre secuelas psicológicas y tiene miedo de que alguien la vuelva a atacar.
“Después de toda esta cadena de errores y el mal uso de las armas, las autoridades egipcias tienen que dar una explicación. Tienen que demostrar que han tomado cartas en el asunto y que se ha mejorado la seguridad”, afirma.
Traducido por Emma Reverter