El anuncio del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional solicitando órdenes de detención contra autoridades israelíes y de Hamás incluía una extraña advertencia. “Insisto en que debe cesar de inmediato todo intento de obstaculizar, intimidar o influir de manera indebida en los miembros de este tribunal”, dijo Karim Khan.
Sin dar detalles concretos de los intentos de interferencia en la labor de la Corte Penal Internacional (CPI), Khan hizo referencia a la cláusula del tratado fundacional de la Corte que tipifica como delito las injerencias de este tipo. Si se mantiene este comportamiento, añadió, “mi oficina no dudará en tomar medidas”.
El fiscal, sin embargo, no dijo quién había tratado de interferir en la administración de justicia ni de qué manera. Una investigación conjunta del periódico británico The Guardian y de las revistas +972 Magazine y Local Call, con sede en Israel, da a conocer ahora los detalles de la “guerra” secreta que Israel ha librado durante casi diez años contra la Corte. El país usó sus agencias de espionaje para vigilar, difamar, hackear, presionar y supuestamente amenazar a altos cargos de la CPI con el objetivo de ponerle fin a las investigaciones.
Los servicios de espionaje israelí vigilaron las comunicaciones de numerosos altos cargos de la CPI, entre ellos Khan y Fatou Bensouda, su predecesora como fiscal, interceptando llamadas, mensajes, correos electrónicos y documentación.
En estos últimos meses la vigilancia fue continua, lo que ha permitido a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, conocer de antemano las intenciones del fiscal. Por una comunicación interceptada recientemente se conoció la intención de Khan de emitir órdenes de detención contra israelíes y la “tremenda presión por parte de Estados Unidos” a la que estaba sometido, según el testimonio de una persona familiarizada con el contenido de esa comunicación.
Bensouda, la antecesora de Khan, había iniciado en 2021 la investigación como fiscal jefe de la CPI, allanando el camino para el anuncio de Khan de la semana pasada. A ella también la espiaron y, aparentemente, también fue amenazada.
Netanyahu ha mostrado mucho interés en las operaciones de espionaje contra la CPI. Según una persona de los servicios de inteligencia de Israel, el primer ministro estaba “obsesionado” con las informaciones obtenidas interceptando las comunicaciones. Coordinado por los asesores de Seguridad Nacional del Gobierno israelí, el espionaje implicó al Shin Bet (la agencia de espionaje nacional), al Aman (la dirección de inteligencia militar), y a la Unidad 8200 (la división de ciberataques).
Según las fuentes, la información obtenida al interceptar las comunicaciones se transmitía al Ministerio de Justicia, al de Asuntos Exteriores y al de Asuntos Estratégicos.
Como reveló este martes el periódico The Guardian, el estrecho aliado de Netanyahu y ex director del Mossad Yossi Cohen dirigió personalmente una operación secreta contra la fiscal Bensouda. En un momento dado, y como director de la agencia israelí de espionaje exterior, Cohen contó para ello con la ayuda del entonces presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Joseph Kabila.
El periódico The Guardian, la publicación palestino-israelí +972 Magazine y el medio en hebreo Local Call han desvelado los detalles de la campaña que durante nueve años desplegó Israel para frustrar las investigaciones de la CPI.
La investigación periodística conjunta se hizo a partir de más de una veintena de entrevistas a antiguos y actuales miembros del Gobierno y los servicios de espionaje israelíes, altos cargos de la CPI, diplomáticos y abogados con conocimiento de la investigación de la CPI y del intento israelí de socavarla.
Contactado por The Guardian, un portavoz de la CPI dijo ser consciente de “las actividades de recopilación de información de inteligencia desplegadas de manera proactiva por una serie de agencias estatales hostiles a la Corte”. También, que la CPI aplica contramedidas contra esas actividades de manera continua y que “ninguno de los ataques recientes por parte de agencias de espionaje estatales” había logrado acceder a las principales reservas de pruebas de la Corte, que siguen estando a buen recaudo.
“Las preguntas que nos han sido remitidas están llenas de muchas acusaciones falsas e infundadas destinadas a perjudicar al Estado de Israel”, ha respondido un portavoz de la oficina de Netanyahu tras ser contactado por The Guardian. Un portavoz del ejército israelí ha añadido: “Las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] no llevaron ni llevan a cabo operaciones de vigilancia ni otras operaciones de espionaje contra la CPI”.
Desde que fue creada en 2002, la CPI ha actuado como un tribunal permanente de última instancia para someter a juicio a personas acusadas de las peores atrocidades. Entre ellas, el ex presidente de Sudán, Omar al-Bashir; el difunto presidente de Libia, Muamar Gadafi; y en los últimos tiempos, el presidente de Rusia, Vladímir Putin.
La decisión de Khan de solicitar órdenes de detención contra Netanyahu y contra Gallant la semana pasada marca un antes y un después para la Corte, que hasta ese momento no había tomado medidas contra dirigentes de un país estrechamente aliado de Europa y de Estados Unidos.
Las acusaciones que Khan formuló contra Netanyahu y contra Gallant por crímenes de guerra y por crímenes contra la humanidad están relacionadas con la guerra de ocho meses que Israel está librando en Gaza, donde según la autoridad sanitaria del enclave ha terminado con la vida de más de 35.000 personas.
Pero el caso de la CPI lleva prácticamente una década gestándose, en paralelo a la preocupación creciente de las autoridades israelíes por unas órdenes de detención que impedirían a los acusados viajar a cualquiera de los 124 países en los que podrían ser detenidos por estar bajo la jurisdicción de la Corte.
Según un exalto cargo de los servicios de espionaje de Israel, el temor a un procesamiento en La Haya llevó a “todo el estamento militar y político” del país a considerar la contraofensiva contra la CPI “como una guerra que había que librar y en la que había que defender a Israel: se hablaba de ella en términos militares”.
Esa “guerra” comenzó en enero de 2015 cuando se confirmó la incorporación de Palestina a la Corte tras su reconocimiento como Estado en la Asamblea General de la ONU. “Terrorismo diplomático”, dijeron entonces varias autoridades de Israel sobre la incorporación de Palestina a la CPI.
Un ex funcionario de Defensa de Israel, familiarizado con la lucha de Israel contra la CPI dijo que la adhesión al tribunal había sido “percibida como el cruce de una línea roja” y “tal vez el movimiento diplomático más agresivo” de la Autoridad Palestina, responsable del gobierno en Cisjordania. “Ser reconocido como Estado en la ONU está bien”, añadieron. “Pero la CPI es un mecanismo que puede hacer daño”.
Una amenaza entregada en mano
La adhesión de Palestina a la Corte implicó una decisión trascendental para Fatou Bensouda, la respetada abogada gambiana que en 2012 había sido elegida fiscal jefe de la CPI. Según el Estatuto de Roma, el tratado por el que se creó el tribunal, la CPI solo tiene jurisdicción sobre delitos cometidos en los Estados miembros o sobre nacionales de esos Estados miembros.
Aunque Israel, Estados Unidos, Rusia y China no sean miembros de la CPI, la incorporación de Palestina a la Corte dejó bajo la jurisdicción de Bensouda cualquier presunto crimen de guerra cometido por personas de cualquier nacionalidad en los territorios palestinos ocupados.
El 16 de enero de 2015, a pocas semanas de la incorporación de Palestina, Bensouda inició un examen preliminar de lo que en la jerga jurídica del tribunal se denominó “la situación en Palestina”. Un mes después, dos hombres que habían conseguido la dirección privada de la fiscal se presentaron en su casa de La Haya.
Según personas con conocimiento del incidente, los hombres se negaron a identificarse al llegar y dijeron que querían entregar en mano a Bensouda la carta de una mujer alemana desconocida que quería darle las gracias. El sobre contenía cientos de dólares en efectivo y una nota con un número de teléfono de Israel.
No fue posible identificar a los hombres ni terminar de determinar sus motivos, según fuentes conocedoras de la investigación que la CPI condujo sobre el incidente, pero la conclusión fue que probablemente Israel estaba haciendo saber a la fiscal Bensouda que tenía conocimiento de su domicilio. La CPI comunicó el incidente a las autoridades holandesas y puso en marcha medidas de seguridad adicionales, instalando cámaras de seguridad en la residencia de la fiscal jefe.
La investigación preliminar de la CPI en los territorios palestinos era una de las pesquisas que el tribunal tenía abiertas en ese momento, un primer paso antes de una posible investigación completa. Bensouda también se estaba encargando entonces de nueve investigaciones completas, entre ellas las relativas a la República Democrática del Congo (RDC), a Kenia, y a la región sudanesa de Darfur.
Creyendo que la Corte era vulnerable a intentos de espionaje, los trabajadores de la Fiscalía introdujeron medidas de contravigilancia para proteger el secreto de sus investigaciones.
En Israel, el Consejo de Seguridad Nacional del primer ministro puso en marcha una acción de respuesta que movilizó a sus agencias de inteligencia. Netanyahu y algunos de los generales y jefes de espionaje que las autorizaban tenían un interés personal en el resultado de las operaciones.
A diferencia de la Corte Internacional de Justicia de la ONU (CIJ), que se ocupa de la responsabilidad legal de los Estados miembros de Naciones Unidas, la CPI es un tribunal penal que procesa a personas centrándose en las consideradas como máximas responsables de las atrocidades.
Según múltiples fuentes en Israel, los altos cargos de las FDI querían que la inteligencia militar también formara parte de la operación, dirigida por otras agencias de espionaje, para asegurar la protección a oficiales de alto rango frente a posibles acusaciones. “Se nos decía que hay oficiales superiores con miedo a aceptar puestos en Cisjordania por temor a terminar siendo juzgados en La Haya”, dice una fuente.
Dos funcionarios de los servicios de inteligencia israelí implicados en las comunicaciones interceptadas de la CPI dijeron que la oficina del primer ministro se interesaba mucho por su trabajo. Según una de esas personas, la oficina de Netanyahu enviaba “áreas de interés” así como “instrucciones” de seguimiento a funcionarios del tribunal. Otra persona dijo que el primer ministro estaba “obsesionado” con comunicaciones interceptadas que desvelasen las actividades de la CPI.
Correos hackeados y llamadas pinchadas
Según cinco personas conocedoras de las actividades desplegadas por los servicios de inteligencia israelí, espiar las llamadas telefónicas que Bensouda y su personal hacían a palestinos era lo habitual. Con el bloqueo israelí de los accesos a Gaza y a Cisjordania, incluido Jerusalén Este, la CPI se vio forzada a hacer gran parte de sus investigaciones por teléfono, lo que la hacía más fácil de vigilar.
Según las fuentes, el acceso generalizado que los agentes de inteligencia de Israel tienen de la infraestructura de telecomunicaciones palestina les permitió interceptar las comunicaciones telefónicas sin necesidad de instalar programas espía en el teléfono de los funcionarios de la CPI.
“Si Fatou Bensouda hablaba con cualquier persona de Cisjordania o de Gaza, esa llamada entraba en los sistemas [para interceptar comunicaciones]”, dice una de las fuentes. Otra persona señala que, a nivel interno, no había ninguna duda sobre el espionaje a la fiscal. “Bensouda es negra y africana, así que, ¿a quién le importa?”, dice.
El sistema de vigilancia no interceptaba las llamadas entre funcionarios de la CPI y personas fuera de Palestina. Para números del extranjero, muchas de las personas entrevistadas explicaron que el sistema requería la selección activa de los números de teléfono en los que las agencias de espionaje israelí estaban interesadas, para así escuchar las llamadas que los funcionarios de la CPI hacían a esos números.
Según una fuente en Israel, un servicio de inteligencia israelí tenía una gran pizarra con los nombres de aproximadamente 60 personas bajo vigilancia. Una mitad de Palestina y la otra de otros países. Entre ellos había funcionarios de la ONU y personal de la CPI.
Bensouda y sus principales colaboradores en La Haya fueron alertados, por canales diplomáticos y por asesores de seguridad, de que Israel estaba vigilando su trabajo. “Nos hicieron saber que estaban tratando de obtener información sobre el punto en el que estábamos con el examen preliminar”, señala un ex alto cargo de la CPI.
Los funcionarios también supieron de amenazas concretas contra Al-Haq, una destacada ONG palestina que lucha por la defensa de los Derechos Humanos y solía enviar información a la CPI, a menudo en extensos documentos donde se daba el detalle de incidentes a tener en cuenta por la fiscal. La Autoridad Palestina también presentó expedientes similares.
Dichos documentos solían contener información sensible, como los testimonios de posibles testigos. También se sabe que las presentaciones de Al-Haq incorporaban acusaciones concretas por delitos tipificados en el Estatuto de Roma contra altos cargos de Israel, entre los que había jefes de las FDI, directores del Shin Bet y hasta ministros de Defensa como Benny Gantz.
Años más tarde, cuando la CPI ya había abierto una investigación completa por Palestina, Gantz declaró “organizaciones terroristas” a Al-Haq y a otros cinco organismos de defensa de los derechos palestinos, una etiqueta que varios países europeos rechazaron y que la CIA consideró después que se había tomado sin pruebas suficientes. Las organizaciones dijeron que la clasificación representaba un “ataque selectivo” contra los organismos que se habían comprometido de manera más activa con la investigación de la CPI.
Según el testimonio de varios funcionarios y exfuncionarios de los servicios de inteligencia, tanto las unidades militares de ciberataque como el Shin Bet vigilaban de manera sistemática a los miembros de ONG palestinas y de la Autoridad Palestina que mantenían una relación con la CPI. Según dos fuentes en dichos servicios, los operativos israelíes hackearon los correos electrónicos de Al-Haq y de otros grupos que se comunicaban con la oficina de Bensouda.
Una de las fuentes dijo que el Shin Bet había llegado a instalar el programa espía Pegasus, de la empresa privada NSO Group, en el teléfono de varios empleados de ONG palestinas, así como en el teléfono de dos altos cargos de la Autoridad Palestina.
Tener controlada la información que llegaba desde Palestina para la investigación de la CPI se consideraba parte del mandato del Shin Bet. Pero a algunos oficiales del ejército les preocupaba que espiar a una organización civil extranjera fuera una línea roja, por la escasa relación que tenía con las operaciones militares. “No tiene nada que ver con Hamás, no tiene nada que ver con la estabilidad en Cisjordania”, dice una fuente militar sobre la vigilancia a la CPI. “Utilizamos nuestros recursos para espiar a Fatou Bensouda; no es algo legítimo para una inteligencia militar”, dice otra.
Reuniones secretas con la CPI
Legítima o no, la vigilancia a la CPI y a los palestinos que pedían el procesamiento de israelíes fue una baza para el gobierno de Israel en el canal secreto que había abierto con la Fiscalía.
El tema de las reuniones de Israel con la CPI era muy delicado: si se daban a conocer, podían debilitar la postura oficial del gobierno israelí de no reconocimiento a la autoridad del tribunal.
Según seis fuentes con conocimiento de las reuniones, una delegación de abogados y diplomáticos gubernamentales de alto nivel viajaba a La Haya para celebrarlas. Dos de las fuentes dijeron que las reuniones tenían la autorización de Netanyahu.
En la delegación israelí viajaba gente del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Oficina del Abogado General Militar. Las reuniones tuvieron lugar entre 2017 y 2019 bajo la dirección del conocido abogado y diplomático israelí Tal Becker.
“Al principio era tenso”, cuenta un ex miembro de la CPI. “Entrábamos en detalles de incidentes concretos, les decíamos 'nos están llegando denuncias de estos ataques, de estos asesinatos', y ellos nos daban información.”
Según una persona con conocimiento directo de los preparativos que hacía Israel para las reuniones a puerta cerrada, los funcionarios del Ministerio de Justicia recibían información de inteligencia obtenida gracias a las comunicaciones interceptadas por el gobierno de Israel antes del viaje de la delegación a La Haya: “Los abogados que llevaban el tema en el Ministerio de Justicia estaban ansiosos por los informes del espionaje”.
Aunque fuera un tema delicado, las reuniones a puerta cerrada representaron una oportunidad única para la delegación israelí, que de esa forma pudo presentar directamente argumentos jurídicos cuestionando la jurisdicción de la fiscalía de la CPI sobre el territorio palestino.
En La Haya también trataron de convencer a la fiscalía de que contaban con procedimientos fiables para exigir responsabilidades a sus fuerzas armadas, a pesar del muy cuestionable historial del ejército israelí investigando irregularidades en sus propias filas. Era una cuestión clave para Israel, ya que el principio de complementariedad de la CPI impide a su fiscal investigar o juzgar a personas cuando en sus propios países son objeto de investigaciones y procesos penales creíbles.
Según múltiples fuentes, los agentes de la vigilancia israelí tenían la misión de averiguar qué incidentes concretos podrían integrar un futuro enjuiciamiento por parte de la CPI. El objetivo era permitir que los organismos de investigación israelíes abrieran “investigaciones con carácter retroactivo” en esos mismos casos.
“Si la CPI estaba recibiendo materiales, teníamos que saber exactamente qué eran, para asegurarnos de que las FDI lo investigaba de forma independiente y suficiente, de manera que fuera posible reclamar [el principio de] complementariedad”, explicó una fuente.
Las reuniones secretas que Israel celebró con la CPI terminaron en diciembre de 2019, cuando Bensouda anunció el final de su examen preliminar y dijo que tenía una “base razonable” para concluir que Israel y los grupos armados palestinos habían cometido crímenes de guerra en los territorios ocupados.
Un importante revés para los dirigentes israelíes que podía haber sido peor, ya que Bensouda no llegó a iniciar una investigación formal.
En el gobierno israelí, algunos interpretaron la decisión como un logro parcial de los intentos de presión ejercidos por Israel. En vez de iniciar la investigación formal, Bensouda dijo que pediría a un grupo de jueces de la CPI un pronunciamiento sobre el polémico tema de la jurisdicción de la Corte sobre los territorios palestinos, debido a una serie de “cuestiones jurídicas y tácticas muy polémicas y únicas”.
Pero Bensouda también dejó claro que estaba dispuesta a iniciar una investigación completa si los jueces le daban luz verde. Fue en ese contexto en el que Israel intensificó su campaña contra la CPI, pidiendo a su principal jefe de servicios de espionaje que se encargara personalmente de aumentar la presión sobre Bensouda.
Amenazas y “campaña de desprestigio”
Entre finales del año 2019 y principios del 2021, mientras la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI estudiaba el tema de la jurisdicción, el entonces director del Mossad, Yossi Cohen, intensificaba los esfuerzos para convencer a Bensouda de que no siguiera adelante con la investigación.
Iniciados varios años antes, los contactos de Cohen con Bensouda fueron descritos al periódico The Guardian por cuatro personas que escucharon el relato sobre ellos hecho por la fiscal, así como por personas con conocimientos de la operación del Mossad.
En uno de los primeros encuentros, Cohen sorprendió a Bensouda al aparecer de manera inesperada en la suite de un hotel de Nueva York a la que la fiscal había acudido para reunirse oficialmente con el entonces presidente de la RDC, Joseph Kabila.
Según fuentes con conocimiento de aquel encuentro, tras pedir al personal de Bensouda que abandonara la suite el director del Mossad apareció de manera repentina detrás de una puerta en una “emboscada” cuidadosamente coreografiada.
Tras ese incidente en Nueva York, Cohen siguió insistiendo en establecer contacto con la fiscal, presentándose sin previo aviso y sometiéndola a llamadas no deseadas. Según las fuentes, el comportamiento de Cohen pasó de ser amistoso, en un principio, a tener un tono cada vez más intimidatorio y amenazante.
Estrecho aliado de Netanyahu en aquel entonces, Cohen era un veterano jefe de espionaje del Mossad, con reputación de eficacia para el reclutamiento de agentes extranjeros y experiencia en el trato con altos cargos de gobiernos extranjeros.
El relato de sus reuniones secretas con Bensouda sugiere que buscaba “construir una relación” con la fiscal a la vez que trataba de disuadirla de seguir adelante con una investigación que, de mantenerse, podía afectar a funcionarios israelíes.
Según tres fuentes con conocimiento de sus actividades, Cohen estuvo tratando de convencer a Bensouda para que se aviniera a las peticiones de Israel mientras duró la deliberación de la Sala de Cuestiones Preliminares. Se volvió más amenazador, dijeron, cuando comenzó a darse cuenta de que no convencería a la fiscal para que abandonara la investigación. En un momento dado, hizo comentarios sobre la seguridad de Bensouda y pronunció amenazas apenas veladas sobre las consecuencias que tendría para su carrera proseguir con la investigación.
El periódico The Guardian ha intentado contactar con Cohen y con Kabila, pero no ha obtenido respuesta. Bensouda no ha querido hacer comentarios.
Según fuentes con conocimiento de las revelaciones, Bensouda describió formalmente a un pequeño grupo de la CPI sus encuentros con Cohen para que quedara constancia de que creía haber sido “amenazada personalmente” durante su trabajo como fiscal.
No fue la única presión que Israel trató de ejercer sobre la fiscal. Casi al mismo tiempo, funcionarios de la CPI descubrieron lo que las fuentes describen como una “campaña de difamación” diplomática relacionada con un familiar cercano.
Según múltiples fuentes, el Mossad se había hecho con un paquete de materiales que incluía transcripciones de una aparente operación encubierta contra el marido de Bensouda. El origen del material sigue sin estar claro, lo mismo que su supuesta autenticidad.
En un intento fallido de desacreditar a la fiscal jefe, las fuentes explicaron que Israel hizo circular elementos de ese material entre miembros del cuerpo diplomático occidental. Una persona con información sobre esa campaña dijo que entre los diplomáticos tuvo poca repercusión y que se veía como un intento desesperado de “ensuciar” la reputación de Bensouda.
Trump contra la CPI
En marzo de 2020, tres meses después de que Bensouda remitiera a la Sala de Cuestiones Preliminares el caso de Palestina, una delegación del gobierno israelí viajó supuestamente a Washington para hablar con altos cargos del gobierno estadounidense sobre “una lucha conjunta israelí-estadounidense” contra la CPI.
Según un funcionario de los servicios de inteligencia israelí, la Administración Trump era percibida como más colaboradora con Israel que la de su predecesor demócrata. Los israelíes se sintieron lo suficientemente cómodos como para pedir información sobre Bensouda a los servicios de espionaje de EEUU. Una solicitud que, según la fuente, habría sido “imposible” durante el gobierno de Barack Obama.
Días antes de esas reuniones en Washington, Bensouda había sido autorizada por los jueces de la CPI para proseguir con otra investigación sobre crímenes de guerra cometidos en Afganistán por los talibanes, por miembros del ejército afgano, y por miembros del ejército estadounidense.
Ante el temor de un posible procesamiento a las fuerzas armadas de EEUU, la Administración Trump emprendió su propia campaña de ataques a la CPI, que en el verano de 2020 culminó con la imposición de sanciones económicas a Bensouda y a uno de sus altos cargos.
La impresión entre los funcionarios de la CPI es que las sanciones financieras y restricciones de visados que Estados Unidos había impuesto al personal de la Corte tenían que ver tanto con la investigación sobre Palestina como con el caso de Afganistán. Según dos ex funcionarios de la CPI, fueron altos cargos de Israel los que les dijeron expresamente que Israel y Estados Unidos estaban trabajando juntos.
En una rueda de prensa celebrada en junio de ese año, autoridades de la Administración Trump anunciaron su intención de sancionar a funcionarios de la CPI tras recibir unos supuestos informes no especificados sobre “corrupción financiera y prevaricación en los más altos niveles de la fiscalía”.
Mike Pompeo, entonces secretario de Estado de EEUU, atribuyó las sanciones al caso de Palestina. “Está claro que la CPI solo está poniendo a Israel en su punto de mira con fines claramente políticos”, dijo. Meses después, Pompeo acusó sin pruebas a Bensouda de haber “participado en actos corruptos en su beneficio personal”.
EEUU nunca aportó información pública para corroborar esas acusaciones y Joe Biden retiró las sanciones a pocos meses de llegar a la Casa Blanca. Pero lo cierto es que Bensouda enfrentaba entonces presiones cada vez mayores de los dos poderosos aliados, aparentemente coordinados entre bastidores. Como ciudadana de Gambia, no gozaba de la protección política que otros colegas en la CPI sí tenían como ciudadanos de países occidentales. Como dijo una persona que antes trabajaba en la CPI, eso la dejaba “aislada y vulnerable”.
Según las fuentes, la fiscal estaba especialmente preocupada por el accionar de Cohen, llegando incluso a temer por su seguridad personal. Cuando en febrero de 2021 la Sala de Cuestiones Preliminares confirmó por fin la jurisdicción de la CPI sobre Palestina, algunos en la Corte llegaron a creer que Bensouda debía dejar a su sucesor la decisión final de iniciar la investigación completa.
Pero el 3 de marzo, a pocos meses de que terminara su mandato de nueve años, Bensouda anunció el inicio de una investigación completa en el caso de Palestina, poniendo en marcha un proceso que podría llevar a acusaciones penales.
“Cualquier investigación que lleve a cabo la oficina se realizará de forma independiente, imparcial y objetiva, sin miedo ni favoritismos”, dijo entonces Bensouda, advirtiendo del tiempo que podría llevar. “Les pedimos paciencia, tanto las víctimas palestinas e israelíes como a las comunidades afectadas”.
Khan anuncia las órdenes de detención
En junio de 2021, cuando Khan tomó las riendas de la fiscalía de la CPI, heredó una investigación “en la falla de San Andrés de la política internacional y los intereses estratégicos”, como él mismo la describiría después.
Cuando asumió el cargo, investigaciones relacionadas con sucesos en Filipinas, en la RDC, en Afganistán y en Bangladesh competían por su atención. En marzo de 2022, días después de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, Khan abrió una muy conocida investigación por los crímenes de guerra presuntamente cometidos por Moscú.
Según fuentes conocedoras del caso, en un principio el equipo del fiscal británico no consideró prioritaria la investigación sobre Palestina, un tema políticamente delicado. De hecho, estaba “en la estantería”, dijo una de esas fuentes. Una afirmación que es desmentida por la oficina de Khan, donde dicen haber formado un equipo de investigación específico para llevarla a cabo.
Mientras tanto en Israel, los principales abogados del gobierno veían en Khan a un fiscal más prudente que Bensouda. Según un ex alto funcionario israelí, a diferencia de lo que ocurría con su predecesora, había “mucho respeto” por Khan, que antes había defendido a señores de la guerra como Charles Taylor, ex presidente de Liberia. Su nombramiento para la CPI había sido un “motivo de optimismo” , dijeron, hasta que el atentado del 7 de octubre “cambió esa realidad”.
El atentado de Hamás en el sur de Israel, donde los milicianos palestinos mataron a casi 1.200 israelíes y secuestraron a unas 250, fue claramente un crimen de guerra descarado. En opinión de muchos expertos jurídicos, también lo ha sido la guerra posterior de Israel en Gaza, donde se calcula que ha matado a más de 35.000 personas, llevando al territorio al borde de la hambruna al obstruir la ayuda humanitaria.
Khan se encontraba en el paso fronterizo de Rafah cuando terminaba la tercera semana del bombardeo israelí sobre Gaza. Posteriormente viajó a Cisjordania y al sur de Israel, donde lo invitaron a reunirse con supervivientes del ataque del 7 de octubre y con familiares de personas muertas durante el atentado.
En febrero de 2024, Khan difundió una enérgica declaración que los asesores jurídicos de Netanyahu interpretaron como una mala señal. Publicó en X una advertencia a Israel, para que no lanzara un ataque contra Rafah, la ciudad más al sur de la Franja de Gaza y en la que un millón de desplazados del enclave habían buscado refugio.
“Estoy profundamente preocupado por los bombardeos y por la posible incursión por tierra de fuerzas israelíes en Rafah”, escribió. “Quienes no cumplan con la ley no deben quejarse después cuando mi oficina tome medidas”.
En el gobierno israelí saltó la alarma por un comentario de Khan que era muy diferente a sus declaraciones anteriores sobre la guerra, interpretadas por los funcionarios israelíes como tranquilizadoramente prudentes. “Ese tuit nos sorprendió mucho”, dijo un alto cargo del gobierno de Israel.
La preocupación en Israel por las intenciones de Khan aumentó en abril, cuando el gobierno del país informó a los medios de que el fiscal estaba contemplando la posibilidad de pedir órdenes de detención contra Netanyahu y contra otras autoridades de su gobierno, como Yoav Gallant.
La inteligencia israelí había llegado a esa conclusión tras interceptar correos electrónicos, archivos adjuntos y mensajes de texto de Khan y de otros funcionarios de su oficina. “El tema de la CPI ascendió dentro de la escala de prioridades de la inteligencia israelí”, dijo una persona de los servicios de espionaje del país.
Las comunicaciones interceptadas permitieron a Israel averiguar que Khan se había planteado entrar en Gaza a través de Egipto solicitando ayuda urgente para hacerlo “sin el permiso de Israel”.
Otra información de los servicios del espionaje israelí, que fue muy difundida entre la comunidad de inteligencia, vino por la escucha de una llamada entre dos políticos palestinos. Uno de ellos decía que Khan había hablado de una inminente petición de órdenes de detención contra dirigentes israelíes, y había dicho que estaba “bajo una presión tremenda de Estados Unidos”.
Fue en ese contexto cuando Netanyahu salió a decir en público que la petición de órdenes de detención podía ser inminente, pidiendo a “los líderes del mundo libre que se opongan firmemente a la CPI” y que “utilicen todos los medios a su alcance para detener esta peligrosa medida”. “Calificar a los dirigentes y soldados de Israel de criminales de guerra echará gasolina al fuego del antisemitismo”, dijo.
En Washington, un grupo de importantes senadores republicanos ya había enviado una carta a Khan, amenazándolo con una advertencia clara: “Apunta Israel y te apuntaremos a ti”.
La CPI ha reforzado sus medidas de seguridad haciendo barridos periódicos a las oficinas del fiscal, controlando la seguridad de los dispositivos electrónicos, dejando zonas libres de teléfonos, introduciendo equipos especializados y haciendo una evaluación semanal de las amenazas.
Según un portavoz de la CPI, la oficina de Khan había sido objeto de “varias formas de amenazas y comunicaciones que podrían considerarse como intentos de influir de manera indebida sobre sus actividades”.
Entrevistado por la CNN, Khan dijo hace poco que algunos dirigentes electos habían sido “muy bruscos” con él antes de su decisión de pedir las órdenes de detención. “'Este tribunal se hizo para África y para matones como Putin', fue lo que me dijo un alto dirigente”, contó.
A pesar de las presiones, Khan siguió la línea de su predecesora en la fiscalía y decidió seguir adelante solicitando, la semana pasada, órdenes de detención contra Netanyahu y contra Gallant, además de contra tres dirigentes de Hamás, por crímenes de guerra y por crímenes contra la humanidad.
Acusó al primer ministro y al ministro de Defensa de Israel de ser responsables de exterminio, hambruna, denegación de ayuda humanitaria y ataques deliberados contra civiles.
De pie ante un atril y flanqueado por dos de sus principales fiscales (uno estadounidense y otro británico), Khan dijo que en repetidas ocasiones había dicho a Israel que tomara medidas urgentes para cumplir con el derecho humanitario.
“Subrayé específicamente que la inanición como arma de guerra y la denegación de ayuda humanitaria constituyen delitos tipificados por el Estatuto de Roma; no pude ser más claro”, dijo. “Como también subrayé en mis declaraciones públicas repetidamente, los que no cumplan con la ley no deben quejarse después, cuando mi oficina tome medidas; ese día ha llegado”.
Traducción de Francisco de Zárate