Todas las claves del decreto migratorio de Trump: ¿es realmente un veto musulmán?

¿Qué hace el decreto?

Suspende todo el sistema estadounidense de admisión de refugiados durante 120 días, aunque ya era uno de los regímenes más rigurosos del mundo. El proceso duraba entre 18 y 24 meses, e incluía entrevistas y averiguaciones de antecedentes de los solicitantes a través de varias agencias federales. Trump ha dicho que quiere que el sistema sea más estricto pero no ha especificado en qué sentido.
Suspende el programa de refugiados sirios indefinidamente. Estados Unidos aceptó 12.486 refugiados sirios en 2016, mientras que Alemania recibió en el mismo año a unos 300.000. Desde el comienzo de la guerra en Siria, Turquía ha recibido a 2,7 millones de refugiados, el Líbano un millón y Jordania 650.000.
Prohíbe durante 90 días la entrada al país de ciudadanos de siete países con mayoría musulmana: Irán, Irak, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Esta es la cláusula más difusa, que en la práctica le prohíbe la entrada al país incluso a personas con residencia legal en Estados Unidos. El decreto permitiría que el Departamento de Seguridad Nacional vete a otros países en cualquier momento.
También se prohíbe durante 90 días la entrada al país a personas con doble nacionalidad, cuando una de ellas sea de alguno los siete países vetados, según el Departamento de Estado. Esto significa que ciudadanos de Irán, Irak, Somalia, Sudán, Siria y Yemen que tengan además pasaporte de otra nacionalidad, por ejemplo del Reino Unido o Francia, también tienen vetada la entrada a Estados Unidos.
No queda claro cómo determinará Estados Unidos que alguien tiene doble nacionalidad, o si se harán excepciones con ciudadanos de países aliados de Estados Unidos, por ejemplo Canadá. “No se sabe cómo se interpretará esto,” afirma Abed Awad, abogado y miembro de la junta directiva del Comité Anti-Discriminación Árabe-estadounidense. Awad explica que una persona puede no tener pasaporte de uno de los siete países vetados, pero sí haber nacido o tener padres de allí, y por eso se los puede considerar ciudadanos o con derecho a la ciudadanía, a pesar de que en algunos casos ni siquiera hayan visitado el país en cuestión. No queda claro si Estados Unidos considerará a esas personas como si fueran de doble nacionalidad.
El decreto prioriza las solicitudes de asilo por motivos religiosos, siempre que el solicitante pertenezca a una religión minoritaria en su país de origen. Esta cláusula permitiría a la Casa Blanca priorizar la admisión de refugiados cristianos por sobre los musulmanes. Durante 2016, Estados Unidos aceptó 37.521 refugiados cristianos y 38.901 musulmanes. Desde 2001, Estados Unidos ha recibido casi 400.000 refugiados cristianos y 279.000 musulmanes.
Rebaja el total de admisiones de refugiados para 2017, de 110.000 a 50.000. También ordena una revisión de la potestad de los estados de aceptar o rechazar refugiados. El año pasado, un tribunal de apelaciones rechazó los intentos de Mike Pence, entonces gobernador de Indiana, de detener la llegada de refugiados sirios a su estado.

¿Cuáles han sido las consecuencias inmediatas?

Confusión y desesperación en puertos y aeropuertos, ya que detienen, obligan a bajar de los aviones y deportan a residentes legales en Estados Unidos, a personas que tengan doble nacionalidad (excepto a ciudadanos estadounidenses) y a personas con visa de entrada aprobada, mientras abogados y autoridades intentan hacer algo para detener esto. Abogados de inmigración y empleadores le han advertido a muchas personas que si salen del país corren el riesgo de no poder volver a entrar. Casi medio millón de personas de los siete países vetados han recibido tarjetas de residencia en la última década, o sea que cientos de miles de personas podrían perder su derecho a reingresar al país o ser separadas de sus familias.

Jueces federales de Nueva York y Virginia han ordenado la suspensión de las deportaciones de personas que tengan un visado válido, propinándole a Trump su primer golpe en la inminente batalla legal en los tribunales. Los fallos fueron puntuales, beneficiando sólo a aquellos que hubieran llegado al país o estuvieran volando cuando se firmó el decreto, pero los abogados estiman que unas 100 o 200 personas fueron liberadas de diferentes aeropuertos de todo el país.
Universidades, hospitales y empresas tecnológicas han criticado el decreto, que amenaza con prohibirle la entrada a miles de médicos, estudiantes, investigadores, ingenieros, entre otros. Por ejemplo, el decreto afecta a unos 200 empleados de Google, obligando a la empresa a contratar abogados para ayudar a reingresar al país a los empleados que podrían tener problemas. El decreto seguramente afecte la forma en que las empresas contratan empleados y los acuerdos comerciales.
Los refugiados perseguidos por su orientación sexual o que tengan problemas de salud han quedado en un limbo, junto al resto de personas que tienen prohibida la entrada, porque el decreto no propone excepciones aparte de establecer la prioridad a los solicitantes de asilo pertenecientes a minorías religiosas.
Hasta ahora, la imprecisión del decreto parece dejar muchas decisiones en manos de las fuerzas de seguridad en los puertos y fronteras, generando tanto caos como detenciones e interrogatorios arbitrarios. Durante meses, abogados de inmigración han advertido que intentar implementar un veto provocaría un torbellino de burocracia, juicios y posibles violaciones a los derechos civiles.

¿Cómo han reaccionado los estadounidenses?

Dos ciudadanos iraquíes con visados aprobados, que fueron detenidos en el aeropuerto de Nueva York, han demandado al gobierno, alegando que se está violando su derecho constitucional a un juicio justo. El Consejo de Relaciones Islámico-estadounidenses y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles también han anunciado su intención de presentar demandas, alegando que el veto es discriminatorio. El sábado por la noche, en Brooklyn, ganaron la primera batalla legal.
Miles de estadounidenses se manifestaron en aeropuertos se manifestaron en aeropuertosy fuera de un tribunal en Brooklyn, protestando en solidaridad con los inmigrantes y sus familias. Las protestas fueron pacíficas. Taxistas neoyorquinos dejaron de prestar servicio al aeropuerto J.F. Kennedy en protesta contra el decreto.
Demócratas y abogados de derechos civiles han rechazado el decreto. Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, afirmó que el decreto va en contra de los principios consagrados en la cultura estadounidense y representados por la Estatua de la Libertad.
Activistas por los derechos de los refugiados han remarcado que el decreto veta a hombres y mujeres que han arriesgado sus vidas por colaborar con las Fuerzas Armadas estadounidenses en Irak y Afganistán. A muchas de estas personas se les había prometido asilo y están amenazadas de muerte en sus países de origen.
Princeton y otras universidades le han recomendado a sus estudiantes que no salgan del país. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, ha criticado el decreto. Las empresas tecnológicas dependen mucho de los programas de visado para reclutar trabajadores cualificados de otros países.
La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, no quiso en principio condenar el decreto, escudándose en que era un “asunto interno” de Estados Unidos. Sin embargo, el sábado por la noche su despacho emitió un comunicado en el que afirma que “no está de acuerdo” con el decreto. El presidente francés François Hollande aseguró que el decreto “alienta el populismo e incluso el extremismo”.

¿Se han distanciado de Trump algunos republicanos?

El vicepresidente Mike Pence ha apoyado a Trump, aunque cuando era gobernador de Indiana había rechazado la propuesta: “prohibirle a los musulmanes la entrada a Estados Unidos sería ofensivo e inconstitucional”.

El portavoz del Congreso, Paul Ryan, elogió el decreto, aunque en julio había dicho que “rechazaría” que se prohibiera la entrada al país a una persona por motivos religiosos. “Nuestra principal responsabilidad es proteger a nuestro país”, dijo Ryan el viernes pasado. “Somos un país compasivo y apoyo el programa de admisión de refugiados, pero es hora de reevaluar y fortalecer el proceso de otorgamiento de visados”.

Los senadores John McCain y Lindsey Graham han criticado el decreto, describiéndolo como una “decisión apresurada que puede tener resultados muy dañinos”. McCain le dijo a la cadena CBS que la medida “hará que el Estado Islámico obtenga mayor propaganda en algunos sitios.”
Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana del Senado, afirmó en 2015 que su bloque en el Congreso no apoyaría un veto inmigratorio. Hasta ahora no ha rechazado el decreto presidencial.
El ex vicepresidente Dick Cheney se expresó en contra de un veto inmigratorio en 2015, aunque ha apoyado a Trump. “Creo que en este país no podemos decir ‘basta de musulmanes’ y vetar a toda una religión, porque iría en contra de todos los principios que nos representan y en los que creemos,” dijo en una entrevista radial.

El diputado Justin Amash has dicho que el decreto es una “extralimitación”.

Y el senador Ben Sasse ha criticado el veto:

¿Cuáles son los desafíos legales contra el decreto?

Aquellos que se oponen al decreto han señalado que le presentarán batalla en dos frentes: por un lado, porque lo ven como una discriminación religiosa inconstitucional que viola la primera enmienda sobre la libertad de credo. Por otro lado, argumentan que viola la quinta enmienda sobre el derecho a un juicio justo. Los demandantes alegarán que no han cometido ningún delito y ni siquiera estaban acusados de nada al momento de ser detenidos.
Históricamente la Corte Suprema ha dejado las decisiones sobre ejecución de políticas inmigratorias en manos del Congreso y la Casa Blanca, cediéndole directamente al Presidente grandes poderes sobre las fronteras. La Corte siempre se ha reservado el derecho a revisar casos, pero nunca tuvo que decidir directamente sobre un caso inmigratorio donde la premisa central sea la preferencia religiosa (sí ha examinado casos sobre preferencia racial o de ideología política). El año pasado las autoridades inmigratorias de Obama lograron un empate en la Corte Suprema (4 a 4), que envió un caso de regreso a un tribunal menor y congeló los intentos de proteger a algunos grupos de indocumentados.

Traducción de Lucía Balducci