El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se ha labrado en poco tiempo una reputación extraordinaria. En esta corte, famosa por su lentitud, Khan ha actuado con celeridad para acusar al presidente ruso, Vladímir Putin, por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, y lo ha vuelto a hacer contra altos cargos del grupo islamista Hamás y del Gobierno de Israel por la guerra en Gaza.
Hace tiempo que se venía especulando que las órdenes de detención de la CPI podían ser inminentes y el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha referido a ellas en las pasadas semanas. Aun así, la petición de Khan a los jueces de la CPI para que dicten las órdenes representa un momento nuevo y significativo para el tribunal de La Haya.
En un contexto tan crítico y haciendo frente al rechazo de Estados Unidos (que no ha suscrito el tratado fundacional de la CPI) y de otras naciones occidentales, la petición de Khan es coherente con su determinación de convencer a una comunidad mundial que no termina de creerse —al menos, la del sur global— que la CPI está para perseguir a presuntos criminales de guerra en todo el mundo y no sólo en los países africanos que han centrado tantos de sus casos.
Ese fue el mensaje explícito en la declaración de la CPI donde se anunciaba la solicitud de órdenes de detención contra los responsables militares y políticos de Hamás y de Israel. Además de Netanyahu, figuran en esa solicitud el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y tres cabecillas de Hamás, incluido el líder del grupo en Gaza, Yahya Sinwar, y el jefe de su brazo militar, Mohammed Deif.
“Seamos claros hoy sobre una cuestión fundamental: si no demostramos nuestra voluntad de aplicar la ley por igual, si se considera que se aplica de forma selectiva, estamos creando las condiciones para su colapso”, dijo Khan en el anuncio del lunes. “Al hacerlo, estaremos soltando los lazos que aún nos mantienen unidos, las conexiones estabilizadoras entre todas las comunidades e individuos, la red de seguridad a la que todas las víctimas acuden en momentos de sufrimiento. Este es el verdadero riesgo al que nos enfrentamos en este momento”.
Un fiscal jefe con interés por los derechos humanos
El británico Khan, que actualmente tiene 50 años, fue nombrado en 2021 como fiscal de la CPI imponiéndose en una votación secreta a los candidatos de Irlanda, Italia y España. Ganó tras una segunda ronda de votaciones en la que 72 naciones le dieron su apoyo, diez más de las 62 que necesitaba.
Tras estudiar Derecho en el King's College de Londres, Khan demostró pronto un interés por el derecho internacional y los derechos humanos, una inclinación que él mismo ha atribuido en parte al trabajo voluntario con los ahmadíes, una secta perseguida dentro del islam, de la que él es miembro.
La Comunidad Ahmadía trasladó su sede a Reino Unido en la década de los ochenta, después de que el Gobierno de Pakistán aprobara una ley que restringía sus prácticas religiosas y prohibía a los ahmadíes definirse como musulmanes. La experiencia con esta comunidad le ayudó a inclinarse por los derechos humanos, explicó el propio Khan.
Se colegió en 1992 y empezó a trabajar en la Fiscalía de la Corona (con jurisdicción en Inglaterra y en Gales). En su primera entrevista como fiscal de la CPI, Khan dijo a la revista Counsel que la retransmisión televisiva de los horrores de la guerra en los Balcanes le había animado a buscar trabajo en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, un objetivo que cumplió.
Khan no formaba parte del listado original de candidatos para el puesto de la CPI. Fue incluido, en parte, debido a la insistencia del Gobierno de Kenia por su papel como abogado defensor del vicepresidente keniano, William Ruto, al que acusaban de crímenes contra la humanidad por los actos de violencia postelectoral del año 2007, en los que murieron 1.200 personas.
La CPI retiró las acusaciones contra Ruto en 2016 tras encontrar una “preocupante interferencia en los testigos y una intolerable intromisión política”. En diciembre de 2014, un testigo clave del proceso había sido asesinado. Antes de su elección para la CPI, Khan abordó este tema en una carta abierta donde detallaba cómo había hecho todo lo posible para evitar la intimidación, solicitando un programa de protección a testigos, y cómo había buscado después que hubiera una investigación.
“Una carrera impresionante”
El jurista y consejero del rey Philippe Sands conoce a Khan desde que le enseñó Derecho Internacional en el King's College. “Una carrera impresionante como abogado”, afirmó de su exalumno hace tres años, cuando Khan fue nombrado fiscal jefe de la CPI. “Tiene una experiencia enorme y aporta al puesto un conocimiento y una experiencia reales de lo que significa preparar, dirigir y litigar un juicio penal internacional”.
Pero su idoneidad para el cargo en la CPI también fue cuestionada por otras personas, con el argumento de que había defendido al expresidente de Liberia, Charles Taylor, condenado por crímenes de guerra en un tribunal especial para Sierra Leona.
La determinación que Khan ha demostrado como fiscal persiguiendo presuntos crímenes de guerra lo ha llevado a figurar en una lista de personas buscadas por Rusia. Más recientemente, sus investigaciones en torno a Gaza han hecho que reciba amenazas por parte de senadores republicanos del Congreso estadounidense. Unas amenazas que fueron respondidas por Khan con una declaración en la que alertó de los intentos de “impedir, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte con el propósito de obligarlo o inducirlo a no cumplir, o realizar de manera indebida, sus deberes”.