Valencia Gunder ha encontrado muchas maneras de poner su grano de arena en las comunidades más vulnerables de Miami y los suburbios de la ciudad.
Como organizadora comunitaria, ha participado en campañas contra el cambio climático y al desplazamiento de las personas más vulnerables como consecuencia de este fenómeno. En momentos de crisis, como por ejemplo durante el huracán Irma de 2017, participó en las tareas de ayuda y recuperación en los barrios de las comunidades hispanas del sur de Florida.
Es la fundadora de la entidad sin ánimo de lucro Make the Homeless Smile (haz sonreír a las personas sin hogar), que en parte fundó porque ella vivió en carne propia esta situación.
Sin embargo, durante años no ha podido participar en una convocatoria determinante: votar en las elecciones. Debido a que en 2007, cuando era universitaria, fue condenada por el delito de entregar un cheque sin fondos, Gunder no ha podido votar desde entonces. “Soy una organizadora comunitaria, una activista, una persona que quiere transformar su comunidad. Sin embargo, no tengo voz. Esto me duele”, reconoce.
Esta situación ha cambiado tras las recientes elecciones legislativas. Los votantes de Florida votaron a favor de una medida que reestablece el derecho al voto a los cerca de 1,5 millones de ciudadanos que fueron condenados por un delito en el pasado. Los impulsores de esta medida los llaman “ciudadanos retornados”.
Gunder se sentía agotada por haber estado haciendo campaña a favor de la Cuarta Enmienda de la Constitución estatal, participado en numerosos actos y por haber ido casa por casa para conseguirlo. Ahora, está eufórica con el desenlace.
“Como ciudadana de Estados Unidos y como residente del estado de Florida, así como por hecho de ser una persona a quien le afectan las decisiones que toman los líderes que elegimos, debería poder expresar mi opinión”, indica Gunder: “Estoy convencida de que el hecho de que tenga la obligación de pagar impuestos pero no derecho a votar vulnera los derechos humanos”.
El martes por la noche, la emoción también era evidente en la sede de la campaña de Andrew Gillum, el candidato demócrata a gobernador que no consiguió ganar las elecciones. Mientras el candidato se preparaba para reconocer públicamente su derrota, sus seguidores aplaudieron con entusiasmo cuando se anunció que se había aprobado la medida. Durante toda la campaña Gillum había apoyado con vehemencia esta enmienda.
“Recuperar mis derechos me ha costado 18 años”, indica George Jackson, un residente de Miami que ha votado a Gillum. “Hemos estado insistiendo, insistiendo, insistiendo y al final lo hemos conseguido, estamos entusiasmados”.
En 1989, cuando tenía 19 años, Jackson cometió un delito grave; robo a mano armada. Explica que era pobre, empezó a frecuentar malas compañías y se dejó llevar por la promesa de que ganaría dinero fácil. A finales de la década de los noventa, Jackson cambió y ahora dirige un negocio de jardinería y hace teatro en su tiempo libre.
Votar es un derecho
Tras tener durante años la sensación de que lo habían privado de un derecho básico, se unió a la campaña para reivindicar la devolución del derecho a voto a los ciudadanos retornados. “Votar es un derecho, no un privilegio. Es como si me hubieran quitado mi derecho a conducir”, indica Jackson.
La Cuarta Enmienda devuelve el derecho al voto a todos los ciudadanos de Florina que hayan sido condenados por un delito grave, excepto a aquellos condenados por asesinato o por un delito sexual grave. La medida se aprobó por un margen de 30 puntos, y con el sólido apoyo del Partido Demócrata y del Partido Republicano; 65% a favor y 35% en contra, en un estado famoso por sus ajustadísimos resultados electorales.
El hecho de que la medida haya sido apoyada por ambos partidos ha sorprendido a algunos pero no a Gunder, que indica que una de las estrategias de la campaña ha sido precisamente alejarla de discursos partidistas.
“Quisimos asegurarnos de que todo el mundo entendía de que era una cuestión que afectaba a todas las personas y no solo a un grupo concreto de personas, de una cierta religión o raza; es un tema que nos afecta a todos”, indica Gunder.
Neil Volz, otro ciudadano retornado y miembro del patronato de la Florida Rights Restoration Coalition [Coalición para el Restablecimiento de los Derechos en Florida], uno de los principales grupos que ha propiciado el cambio, también señaló que el hecho de no haber enviado un mensaje partidista ha sido fundamental.
Volz, que en el pasado estaba registrado como republicano, ha indicado que para conseguir el máximo apoyo ha sido necesario terminar con la percepción que si se reestablecía el derecho al voto a los ex convictos esto podía suponer un aumento de voto demócrata en un estado en el que el resultado electoral puede depender de unos cuantos votos.
Esta percepción se consolidó con las elecciones presidenciales del año 2000 [un polémico recuento de votos en unas elecciones en las que se presentaban el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore, y en las que Bush finalmente fue declarado vencedor en el estado por un margen de poco más de 1.700 votos]. Fue entonces cuando muchos estadounidenses descubrieron que los exconvictos no podían votar.
Una de las explicaciones más simplistas de la teoría según la cual los exconvictos votan al Partido demócrata indicaba que una gran mayoría de exconvictos del estado de Florida son negros y que los votantes negros suelen votar al Partido Demócrata.
Sin embargo, los estudios demuestran que la realidad no es tan simple. Si bien es cierto que los estadounidenses negros conforman la gran mayoría de personas atrapadas por el sistema de justicia penal del país, también lo es que los exconvictos de Florida son mayoritariamente blancos y suelen votar al Partido Republicano.
Un estudio de 2012 impulsado por un investigador de la Universidad Northwestern concluyó que si los expresidiarios hubieran podido votar en las elecciones de 2000, habrían contribuido a que la victoria de George Bush no fuera tan ajustada. Un estudio reciente de Vox obtuvo un resultado parecido.
Volz perdió el derecho al voto cuando trabajaba en un lobby y fue condenado por fraude. Señala que todavía no se sabe si esta medida beneficiará a republicanos o demócratas pero que lo más inteligente es dejar que “todo siga su curso” ya que los principios que subyacen en la medida que restablece el voto de los exconvictos son más importantes que saber qué partido se beneficiará del cambio.
Explicó que cuando fue evidente que la iniciativa iba a aprobarse todos los asistentes a una fiesta celebrada en Orlando para seguir la noche electoral, entre ellos cientos de exconvictos, se abrazaron y lloraron.
“Tenía la sensación de que un techo de cristal me impedía opinar sobre cuestiones que afectan a mi comunidad por algo que pasó muchos años atrás, algo por lo que ya pagué mi deuda”, indica Volz. “Ahora, este techo de cristal se ha roto en mil pedazos”.
Traducido por Emma Reverter