La vida en Zanuta, una aldea palestina situada en lo alto de una cresta ventosa en las desoladas colinas del sur de Hebrón, en lo profundo de la Cisjordania ocupada, nunca ha sido fácil. La comunidad está formada en su mayoría por pastores que cuidan cabras y ovejas en este árido paisaje durante los sofocantes veranos y los gélidos inviernos, y que se han negado rotundamente a abandonar sus hogares a pesar de las crecientes dificultades que plantean los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), por un lado, y los colonos radicales israelíes, por el otro.
Sin embargo, tras semanas de creciente hostilidad y violencia por parte de los colonos israelíes tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, los 150 residentes de Zanuta han tomado la decisión conjunta de marcharse. Colonos armados –algunos con uniformes del ejército de reserva, otros con la cara cubierta– han empezado a irrumpir en sus casas por la noche, golpeando a los adultos, destruyendo y robando pertenencias y aterrorizando a los niños.
Durante décadas han librado una lucha a la desesperada por conservar sus tierras, pero ahora los miembros de la comunidad han llegado a la conclusión de que han perdido.
La semana pasada, los hombres y mujeres lloraban mientras vaciaban sus hogares y empaquetaban al azar paneles solares, comida para animales y objetos personales en camionetas. El ruido de la demolición de las casas ahogaba los balidos de los corrales de los animales y levantaba polvo y escombros que desgarraban los ojos y la garganta.
“Es una nueva Nakba”, lamenta Issa Ahmad Bagdad, de 71 años, en referencia a la expulsión de 700.000 palestinos en 1948, tras la creación de Israel: “Mi familia se va a Rafat. Pero no conocemos a nadie allí. No sabemos qué explicación deberíamos dar a los niños”.
En la Franja de Gaza, donde Israel ha lanzado una campaña militar para destruir a Hamás, el grupo que causó 1.400 muertes con su ataque, los civiles atrapados no pueden salir [ya van casi 10.000 muertos por los bombardeos israelíes]. En Cisjordania, en cambio, se les obliga a abandonar sus hogares.
Amenaza de anexión
Masafer Yatta, un conjunto de aldeas de pastores entre las que se encuentra Zanuta, está en la zona C, el 60% escasamente poblado de Cisjordania bajo pleno control israelí y bajo amenaza de anexión. Aquí, las cisternas de agua, los paneles solares, las carreteras y los edificios palestinos son demolidos con frecuencia por carecer de permisos de construcción, casi imposibles de obtener, mientras florecen los asentamientos ilegales israelíes circundantes.
Según una investigación de Kerem Navot, una ONG que supervisa la actividad de los colonos, en los últimos cinco años los colonos israelíes que pastorean ovejas se habían hecho con el control del 10% de la zona C. Sin embargo, sólo en el último año, los colonos de los puestos avanzados de pastoreo se han anexionado unos 110.000 dunams, es decir, 110 km2 de Cisjordania. Como dato comparativo, la totalidad de las zonas de asentamientos israelíes construidas desde el inicio de la ocupación en 1967 abarca sólo 80 kilómetros cuadrados.
“Desde que los colonos abrieron la granja de Mitarim, al otro lado del valle, hace tres años, vivimos tiempos difíciles en la aldea. Ha sido más difícil sacar las ovejas, y los jóvenes colonos destruyen cosas como las cosechas, o roban ovejas, o llaman al ejército para que venga a acosarnos. Pero ahora están entrando en nuestras casas. Mis hijas están aterrorizadas”, afirma Amin Hamed al-Hudarat, de 41 años, mientras rompe a llorar: “Había pensado que quizá tendríamos que marcharnos antes, pero no esperábamos que ocurriera de esta manera. No puedo creer que mañana tenga que abandonar mi hogar. Vamos a acampar en las afueras de Deira, pero no sé qué pasará después, qué haré para trabajar, qué haremos con las ovejas. Mi vida está en Zanuta. La comunidad se está desintegrando. No sé cuándo volveré a ver a mis vecinos para charlar, contar historias y tomar café”.
Más demoliciones
Tras una batalla legal de años, el Tribunal Supremo de Israel falló el pasado mes de mayo a favor de las FDI [el Ejército israelí] que un área de 3.000 hectáreas de Masafer Yatta seguiría siendo una zona de entrenamiento militar, conocida como Zona de Tiro 918. Según el derecho internacional, esta sentencia es ilegal y constituye una de las mayores decisiones de expulsión desde que comenzó la ocupación. Desde entonces, el ejército y los colonos israelíes no han dejado de aumentar la presión para tratar de obligar a la comunidad palestina de la Zona de Tiro, así como a los que viven en decenas de pueblos cercanos, a marcharse.
Las demoliciones de casas, carreteras e infraestructuras palestinas han aumentado desde la sentencia del tribunal, mientras que los pastores afirman que el ejército les ordena periódicamente que abandonen las tierras de pastoreo, de las que luego se apoderan los colonos, o los colonos los expulsan.
El ejército ha impedido las entregas de agua y pienso, así como las visitas de organizaciones humanitarias y activistas israelíes de izquierdas que solían contribuir a disuadir la violencia de los colonos. Desde el 7 de octubre, los colonos han empezado a golpear y a utilizar fuego real contra los activistas, así como contra los palestinos.
Pueblos aislados
Los nuevos puntos de control han aislado completamente pueblos como Jimba, lo que dificulta la salida de sus habitantes. Los soldados retienen e interrogan a los palestinos, a veces durante horas, y se han confiscado decenas de coches sin licencia, obligando a los residentes a utilizar burros en su lugar.
Bajo esta campaña de desgaste, algunas familias ya han tomado la difícil decisión de marcharse, la mayoría de ellas a la cercana ciudad de Yatta. Durante la visita de The Guardian a la zona hace un mes, dos familias de Khirbet ar-Ratheem, cerca del asentamiento de Asael, insistieron en que no se irían, a pesar de la presión. Hoy se han ido.
Nasser Nawadja, investigador sobre el terreno de la aldea de Susiya para el grupo israelí de derechos humanos B'Tselem, afirma que ahora que aldeas enteras como Zanuta se han quedado sin población palestina, se teme que se produzca un efecto dominó en la zona. El investigador ha sido agredido y detenido en numerosas ocasiones durante su trabajo.
“La violencia de los colonos es ahora peor que nunca. A veces llevan uniformes de reservistas, y ya no sabemos quién es el ejército y quién es un colono”, afirma: “A los habitantes de Tuba les han dado un ultimátum de 24 horas para que se marcharan, de lo contrario, los colonos amenazan con volver y matarlos. Eso fue el sábado. No sabemos qué pasará después”. Según B'Tselem, en las últimas tres semanas 858 palestinos de 32 comunidades diferentes, y 13 comunidades enteras en total, han sido desplazados por la fuerza. Las cifras aumentan cada día que pasa.
La comunidad internacional, incluido Estados Unidos, ha pedido al gobierno israelí “tomar medidas para proteger a los palestinos de los ataques de los colonos extremistas israelíes”. “Estos ataques son inaceptables, los responsables deben ser detenidos y rendir cuentas”, decía un comunicado del Departamento de Estado en Washington.
Sin embargo, palestinos y activistas israelíes afirman tener poca fe en las autoridades israelíes. Según datos de la ONU de septiembre, en cuatro de cada cinco comunidades en las que los residentes habían presentado denuncias a la policía por violencia de los colonos, sólo el 6% tenía conocimiento de que se hubiera hecho algún seguimiento.
Para algunos, las medidas son demasiado escasas y llegan demasiado tarde. El lunes, en Zanuta, las camionetas bajaban por el camino de tierra hasta la carretera principal, llenas hasta los topes; unas horas más tarde volvieron vacías para recoger más pertenencias de la comunidad destruida. Tres soldados israelíes permanecían de pie junto a un vehículo patrulla blindado en el desvío a la carretera principal, observando en silencio.
“No sé cuándo podré volver”, lamenta Hudarat. “Creo que me estoy despidiendo de mi hogar para siempre”.
Traducción por Emma Reverter.