La primera señal de que algo andaba mal coincidió con la llegada de un camión de 18 ruedas en el deteriorado barrio de Paseos del Valle, en las afueras de Guadalajara.
De por sí, el camión no tenía nada de especial, un vehículo blanco con un remolque refrigerado con el logo de un oso polar. Sin embargo, llegaba escoltado por la policía. Y mientras el enorme vehículo se dirigía a una pista embarrada entre la última fila de casas y un campo de maíz, los perros de todo el vecindario comenzaron a ladrar salvajemente ante el hedor que liberaba.
“Olía a muerte”, recuerda Alejandro Espinosa, un vecino que trabaja como empleado de mantenimiento en un hospital. Muy pronto, una multitud se acercó hasta allí y, cuando el camión se quedó atrapado en el lodo, un grupo de jóvenes pasó por delante de la policía y forzó las puertas del remolque para abrirlas.
En su interior encontraron decenas de cadáveres envueltos en bolsas de basura, atados con cinta adhesiva y apilados al azar uno encima del otro.
Más tarde la policía local confirmó que los 273 cadáveres habían sido depositados en el camión después de que el incesante ritmo de delitos con violencia saturara la morgue local. El camión había estado vagando durante dos semanas por los barrios marginales de la segunda ciudad más grande de México.
Debido a que el escándalo ha ido en aumento, las autoridades de Jalisco se han visto obligadas a reconocer que durante al menos dos años han estado utilizando remolques para almacenar cadáveres.
El macabro descubrimiento ha coincidido con la fiesta nacional del país y se ha convertido en una radiografía sobre el estado de la nación: en los 12 años transcurridos desde que México decidió que el Ejército combatiera el narcotráfico, más de 200.000 personas han muerto y otras 35.000 han desaparecido.
La morgue saturada
Sorprendentemente, Guadalajara no es la primera ciudad del país cuya morgue se satura por la escalofriante cifra de muertos; aunque sí es, de lejos, la más grande.
“Otros veinte estados del país tienen el mismo problema”, explica Octavio Cotero, que fue cesado como director del Instituto Forense de Jalisco tras el escándalo del camión.
El incidente se ha convertido en el símbolo perfecto de una crisis que no respeta la dignidad de las víctimas y que es percibida con indiferencia por la población y con mera profesionalidad por parte de las autoridades.
“En otras partes del mundo esto sería un escándalo mayúsculo. En México, es otra historia del crimen; esta vez sobre ruedas”, ha escrito el columnista Eduardo Caccia en un artículo publicado en el diario Reforma.
Tanto Guadalajara como el resto del estado de Jalisco se han visto sacudidos por una ola de violencia que se atribuye a las luchas internas del nuevo cartel Nueva Generación de Jalisco (GNCJ), que además ha tenido enfrentamientos con el cartel de Sinaloa.
Las autoridades locales señalan que el derramamiento de sangre es de tal magnitud que están superados. La semana pasada, tenían 444 cadáveres sin identificar. “Le dije al fiscal que no tenía dónde guardar los cuerpos. De hecho, los de la morgue ya estaban apilados”, indica Cotero.
En 2016, el Gobierno del estado de Jalisco empezó a guardar los cadáveres en camiones refrigerados. Se suponía que iba a ser una medida de choque provisional, hasta que se terminara de construir un nuevo cementerio. La construcción empezó hace unos meses pero se tuvo que parar debido a las protestas de los vecinos.
Mientras tanto, se llenó el primer camión y las autoridades se vieron obligadas a moverlo para dejar espacio a un segundo vehículo. En un inicio, escondieron el remolque en un almacén situado en la cercana ciudad de Tlaquepaque, pero el edificio había sido construido sin el correspondiente permiso de obras y los inspectores municipales encontraron el vehículo. Entonces fue trasladado a Paseos del Valle, cerca del aeropuerto de Guadalajara, donde quedó atrapado en el barro.
Según un representante de un grupo de familiares de desaparecidos de Jalisco, el camión solo es “la punta del iceberg”. Calcula que cada uno de los cinco investigadores que el estado destina a la búsqueda de personas desaparecidas gestiona unos 400 expedientes.
El congresista independiente Pedro Kumamoto señala que a los investigadores de Jalisco les ha costado adaptarse a las reformas judiciales que introdujeron los juicios orales y la presunción de inocencia con el objetivo de evitar la coerción y la tortura.
“La comisión de derechos humanos mandó un largo listado de advertencias a la fiscalía de Jalisco”, explica. “en algunos casos, en vez de investigar, ha optado por torturar”.
El camión de la muerte
El camión de la muerte, como lo llaman los periódicos más sensacionalistas, se ha convertido en la última reprimenda que ha recibido el presidente saliente Enrique Peña Nieto, quien prometió modernizar México cuando llegó al poder en 2012 pero que ha tenido una actitud de indiferencia frente a la violencia.
Al Gobierno del estado de Jalisco, liderado por Aristóteles Sandoval, un aliado de Nieto, también le han llovido las críticas. “Siempre hubo un esfuerzo por parte del gobierno por minimizar el problema de seguridad”, afirma Diego Petersen Farah, columnista del diario El Informador de Guadalajara. “Siempre quisieron ocultar los problemas de seguridad, pero ahora los remolques han mostrado la realidad”.
A pesar de su imagen de ciudad tradicional, Guadalajara ha sido el escenario de los crímenes más violentos del narcotráfico, entre ellos, el asesinato del agente de la DEA Kiki Camarena en 1985 y el asesinato del cardenal de la ciudad en pleno aeropuerto, Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993. Más recientemente, la ciudad ha intentado posicionarse como el Silicon Valley de México y el centro histórico ha vivido un boom de la construcción que muchos expertos atribuyen al lavado de dinero.
A los políticos mexicanos a menudo se les acusa de tratar la seguridad como si fuera un problema de relaciones públicas. Tras el escándalo del descubrimiento del camión lleno de cadáveres, los funcionarios de Jalisco utilizaron una táctica familiar: pasarse la pelota los unos a los otros.
Sandoval despidió al director del Instituto Forense de Jalisco y el fiscal prometió acelerar la construcción de un nuevo cementerio para cadáveres no identificados. A su vez, Cotero, el jefe forense destituido, responsabilizó a la fiscalía de lo ocurrido.
“Arrastramos el problema del aumento de la cifra de muertes violentas desde hace tres años”, ha lamentado Cotero. En el contexto del escándalo causado por el hallazgo del camión, Cotero reveló que su propia familia ha sido víctima de la violencia de Jalisco: su hija Indira Cotero, de 37 años, abogada, fue secuestrada en julio y no ha dado señales de vida desde entonces.
En una entrevista que tuvo lugar en su despacho, Cotero dio muestras de estar derrotado. Explicó que la investigación sobre la desaparición de su hija se había estancado, a pesar de que las autoridades conocían a los sospechosos.
“Abrieron un expediente, hicieron una llamada y ya está”, afirmó: “el crimen organizado tiene más poder que las autoridades locales, de hecho, han conseguido someter al Gobierno”.
Traducido por Emma Reverter