Para Lilian Looloitai, una mujer masái del este de África, “la tierra significa vida”. Para su tribu nómada, que ha pastoreado ganado durante siglos en las tierras altas de Tanzania, una encarnizada disputa que tiene lugar al borde del parque nacional del Serengeti no solo genera incertidumbre, sino que amenaza su mera existencia. Este es el último ejemplo de cómo crecen las tensiones entre la explotación de la vida salvaje, que aporta beneficios al país, y los derechos de los nómadas, que necesitan la tierra para sobrevivir.
“¿Durante cuánto tiempo el gobierno seguirá expandiendo los parques nacionales? Esto sirve para la vida silvestre, pero nosotros somos seres humanos”, comenta Looloitai, directora general de Cords Limited, un grupo asentado en Arusha que lucha por los derechos humanos. “Como pastores, nos estamos viendo afectados”.
El largo enfrentamiento fronterizo entre los masáis de Loliondo y las autoridades repuntó hace dos meses, en medio de informaciones que señalaban que en apenas dos días cientos de hogares habían sido incendiados.
Un estudio llevado a cabo por el International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), una ONG danesa que trabaja con comunidades locales en Tanzania, calculó que 185 hogares fueron incendiados para provocar desahucios forzados. Esta acción dejó a miles de personas sin hogar, además de dispersar su ganado.
Todo esto se suma a la gran sequía contra la que están luchando los pastores en esa misma zona, que ha reducido la cantidad y calidad de los pastos.
El 21 de septiembre, vecinos de cuatro localidades de Loliondo –Ololosokwan, Olorien, Kirtalo y Arash– presentaron el caso ante el Tribunal de Justicia de África Oriental para intentar detener futuros desalojos. “Debemos hablar sobre el problema de la tierra. El gobierno no ha tomado medidas apropiadas para informar y comunicar cuáles son sus intenciones”, apunta Looloitai.
“Nos han dicho, 'no puedes pisar esta tierra, pertenece al gobierno. No puedes pisar esta tierra porque pertenece a inversores'. No estamos seguros ni estables –como comunidad y sociedad– y esto afecta a nuestro futuro”. “La manera en la que están haciendo las cosas es yendo en contra de los derechos humanos. No esperábamos que la gente fuese desalojada”.
En Tanzania, la tierra es del estado
En Tanzania toda la tierra pertenece al Estado, por lo que los desahucios no son ilegales aunque se utilice la fuerza, comenta Looloitai. Sin embargo, urge al gobierno que encuentre una solución pacífica: “Al presidente se le ha dado el poder de supervisar y controlar el uso de la tierra, pero sin infringir los derechos humanos”.
Looloitai, que es de Monduli, un distrito vecino de Ngorongoro, donde se encuentra Loliondo, explica: “Para mí la tierra es vida. Es un recurso fundamental que hace que los pastores puedan seguir manteniendo su tradicional estilo de vida”.
Cuando en 2012 empezaron a aparecer denuncias de que el gobierno tanzano quería obligar a los pastores a abandonar su tierra para dar paso a zonas de caza mayor, se produjeron protestas a nivel internacional. El plan, que al parecer beneficiaría a la empresa con sede en Dubai Otterlo Business Corporation, una compañía de safaris de lujo creada por una autoridad de Emiratos Árabes Unidos cercana a la familia real, habría desplazado en torno a 30.000 personas y causado problemas a los masáis, que dependen de los pastos estacionales para alimentar a su ganado.
El gobierno de Tanzania, que había planeado crear un “corredor de vida silvestre” de casi 1.000 kilómetros cuadrados, aparcó sus planes después de la campaña en contra, liderada por la web activista avaaz.org. El entonces presidente del país, Jakaya Kikwete, prometió vía Twitter en 2014, que no se producirían desahucios.
Las últimas informaciones están provocando nuevas preocupaciones. Las ONGs aseguraron que los desahucios eran una sorpresa porque una comisión había estado trabajando para encontrar una solución a la disputa de la tierra.
El IWGIA, la ONG danesa, afirma que las áreas en disputa en Liliondo estaban “legalmente registradas como tierras comunales”, y pidió que cesasen los desahucios. “Mientras la crisis en Loliondo continúa, pedimos al gobierno de Tanzania que termine con los desahucios ilegales y con la violación de los derechos humanos. El gobierno debe respetar la orden de paralización de la Comisión de Derechos Humanos y de Buen Gobierno en Tanzania”, sostiene Julie Koch, el director ejecutivo de la organización.
The Guardian contactó con el gobierno de Tanzania, pero en el momento de la publicación todavía no había obtenido respuesta.
Traducido por Cristina Armunia Berges