¿Cuál es la cuestión menos debatida por los políticos británicos? Yo diría que todo lo relativo a la tenencia de tierra. Literal y metafóricamente, la tierra sostiene nuestras vidas, pero un reducido número de personas concentra la propiedad y el control sobre la misma.
Como resultado de esta situación, han aumentado las desigualdades y la exclusión; alquilar o comprar una vivienda decente es carísimo; se están deteriorando la vida silvestre y los ecosistemas; se han producido repetidas crisis financieras; y se ha perdido el espacio público. Sin embargo, esta cuestión clave apenas ha entrado en la agenda política de los últimos setenta años.
Espero que esto cambie a partir de hoy. El Partido Laborista acaba de publicar el informe Tierra para la mayoría [Land of the Many], que he redactado junto con seis expertos en esta materia. Nuestro objetivo es que esta cuestión, desatendida durante años, pase a ocupar el lugar que le corresponde: un lugar central en el diálogo y los debates políticos.
Desde 1995, el valor de la tierra en el Reino Unido ha aumentado en un 412%. La tierra supone ahora un sorprendente 51% del patrimonio neto del Reino Unido ¿Por qué? En gran parte porque los sucesivos gobiernos han utilizado exenciones fiscales y otras ventajas para convertir la tierra bajo nuestros pies en una máquina especulativa de hacer dinero.
Un informe publicado esta semana por la coalición independiente Tax Justice UK revela que 261 familias ricas consiguieron evadir 208 millones de libras (235 millones de euros) en el impuesto de sucesiones en el periodo fiscal 2015-2016 al ser propietarios de tierras calificadas como agrícolas. Debido a que las tierras de cultivo se utilizan como refugio fiscal, los agricultores cada vez tienen menos acceso a las mismas. En 2011, los agricultores compraron el 60% de la tierra que estaba en venta; en seis años la cifra ha bajado al 40%.
Las casas son tan caras no por el precio de los ladrillos y el cemento, sino porque el suelo ya supone el 70% del precio. Y lo que es peor, cuando se concede un permiso de obras en tierras agrícolas, su valor puede multiplicarse por 250. Aunque este “pelotazo” es producto de nuestra sociedad, el dueño se queda con la mayor parte de las ganancias. Para la mayoría, esta vasta inflación en el valor de la tierra se traduce en alquileres e hipotecas escandalosas.
El impuesto sobre las ganancias de capital es más bajo que el impuesto sobre la renta, y el impuesto municipal es proporcionalmente más caro para los pobres que para los ricos. Como resultado de todo ello y de la asombrosa opacidad del sistema, la tierra en el Reino Unido se ha convertido en un imán para los criminales internacionales que buscan blanquear su dinero.
La mayoría de nosotros pagamos por estas distorsiones a diario. Las viviendas se han vuelto tan caras no porque el precio de los ladrillos y la argamasa haya subido, sino porque la tierra que las sustenta supone el 70% de su precio. Hace veinte años, una familia trabajadora necesitaba ahorrar durante tres años para poder pagar una entrada de una casa. Hoy en día, debe ahorrar durante 19 años. La situación es aún peor para los inquilinos. Mientras que los costes de la vivienda se tragan el 12% de los ingresos medios de los hogares para los que tienen hipotecas, los inquilinos dejan el 36% de sus ingresos en el alquiler.
Como prácticamente no tenemos información sobre las cuestiones de fondo, culpamos a las causas equivocadas del coste y la escasez de vivienda: la inmigración, el crecimiento de la población, el cinturón verde, la burocracia. En realidad, el poder de los terratenientes y las empresas constructoras, sus ventajas fiscales y financieras y el gran desplazamiento de los préstamos bancarios hacia el sector de la vivienda han inflado tanto los precios que ni siquiera un programa público de construcción de viviendas podría contrarrestarlos.
Las mismas fuerzas son responsables de la pérdida de espacio público en las ciudades, de un derecho a deambular que sólo cubre el 10% de la tierra, de la falta de asignación de tierras y de oportunidades para los nuevos agricultores y de la destrucción generalizada de los ecosistemas. El informe que acabamos de presentar quiere enfrentarse a estas fuerzas estructurales y recuperar el control de la tierra del país.
Un gobierno laborista debería reemplazar el impuesto municipal por un impuesto progresivo sobre la propiedad, a pagar por los propietarios, no por los inquilinos. La tasa para las viviendas desocupadas debería ser automáticamente más alta. El impuesto de sucesiones debe ser reemplazado por un impuesto de por vida sobre las donaciones que se aplique al beneficiario. El impuesto sobre las ganancias de capital en segundas residencias y propiedades de inversión debería igualar o exceder las tasas del impuesto sobre la renta. Las tarifas comerciales deben ser reemplazadas por un impuesto sobre el valor de la tierra, basado en el valor del alquiler. También se debería gravar con un impuesto del 15% a las propiedades que se poseen a través de paraísos fiscales.
Queremos crear nuevas entidades públicas de urbanismo que permitan democratizar el desarrollo y la planificación. Junto con las autoridades locales, reunirían la tierra necesaria para construir viviendas asequibles y nuevas comunidades. Los constructores tendrían que competir en calidad, en lugar de acumular terrenos. Estas empresas públicas utilizarían adquisiciones obligatorias para comprar tierras a precios de explotación agrícola, en lugar de tener que pagar por el aumento generado por el permiso de construcción. Esto podría reducir el precio de las viviendas asequibles en el sureste del país en casi un 50%.
Proponemos una entidad de participación comunitaria para ayudar a las personas, y no a las grandes empresas, a convertirse en la fuerza motriz para crear planes locales e influir en las grandes infraestructuras. Con el fin de garantizar que se tengan en cuenta todas las opiniones, sugerimos que se constituya una modalidad de jurado para deliberar y decidir los proyectos a impulsar. Para representar a los niños y a los que todavía no han nacido, nos gustaría que cada autoridad local designara a un defensor de las generaciones futuras.
Los ayuntamientos deberían tener nuevas competencias que les permitieran crear parques, espacios verdes urbanos, refugios de vida silvestre y servicios públicos. Proponemos una nueva definición de espacio público, que atribuya a los ciudadanos el derecho legal de utilizarlo y revoque el poder de los terratenientes privados a sofocar el ocio, los eventos culturales y las protestas.
Proponemos un control mucho más estricto del alquiler y de los desahucios, así como un ambicioso programa de construcción de viviendas sociales. También queremos crear nuevas oportunidades para que la gente diseñe y construya sus propias casas, con un derecho comunitario de compra como el que tiene Escocia. Se deberían emitir órdenes de venta obligatoria para sacar al mercado las tierras desocupadas y abandonadas y los grupos comunitarios deberían tener prioridad en la compra de las mismas.
Con el objetivo de estabilizar los precios de la tierra y que las viviendas sean más asequibles, proponemos un nuevo organismo, llamado Common Ground Trust [fideicomiso de tierras comunitarias]. Cuando la gente no puede permitirse comprar una vivienda, pueden pedirle al fideicomiso que compre el terreno sobre la que se asienta, y pagar solo por los ladrillos y la argamasa (alrededor del 30% del coste). Le pagarían al fideicomiso un alquiler por la tierra. Sus costes generales de vivienda se reducirían y el fideicomiso acumularía una cartera de tierras que ayudaría a luchar contra la especulación y permitiría crear un patrimonio común a gran escala.
Reivindicamos el derecho a circular por todas las tierras no cultivadas y vías fluviales (excepto los jardines y otras limitaciones similares). Queremos cambiar la Ley de Asignaciones, para asegurarnos de que nadie tenga que esperar más de un año para obtener una parcela. Nos gustaría utilizar parte del vasto excedente del Registro de la Propiedad para ayudar a los fideicomisos de tierras comunitarias a comprar tierras rurales para la agricultura, la silvicultura, la conservación y la recuperación.
Nos gustaría que una nueva Comisión de la tierra pudiera tomar decisiones agrícolas y forestales importantes sujetas a permisos de planificación, para ayudar a detener la crisis medioambiental. Y queremos transformar el derecho del público a saber, garantizando que sea pública toda la información sobre la propiedad de la tierra, las subvenciones a los terratenientes y la planificación.
Esperamos que estas propuestas hagan del Reino Unido un país más igualitario, inclusivo y de espíritu generoso, caracterizado no por los cotos privados y la miseria pública, sino por la suficiencia privada y el lujo público. Nuestra tierra debe ser de utilidad para la mayoría, no sólo para unos pocos.
Traducido por Emma Reverter