Ahora que los incendios forestales abrasan California todo el país ha oído hablar de los prisioneros que el estado está convirtiendo en bomberos para combatir las llamas. Con las autoridades estatales pasando dificultades para llenar las filas del cuerpo de bomberos, es importante recordar en primer lugar por qué hemos llegado a esta escasez de mano de obra profesional: se debe a una política que ha priorizado asegurar la mano de obra barata antes que buscar lo mejor para las comunidades y para las personas encarceladas, que con otras políticas podrían tener un camino hacia la libertad y una mejor oportunidad para el empleo.
Durante mi encarcelamiento en la prisión central de mujeres de California pasé dos años y medio auxiliando en accidentes de tráfico, corriendo a casas en llamas y luchando contra incendios forestales. Allí me enseñaron a usar cizallas y expansores para sacar de los coches destrozados a las personas accidentadas. Allí aprendí a apagar incendios en matorrales y en edificios. Allí supe lo que significa ir hacia el peligro manteniendo a salvo al resto de tu equipo.
Fuimos mi equipo y yo los que acudimos al rescate de la hija y el nieto de un oficial del centro penitenciario. El coche en el que iban se había salido de la carretera por los huertos de almendras que rodean a la cárcel. Recuerdo que me emocionó tener a un niño pequeño en mis brazos mientras preparábamos al bebé para el transporte aéreo. Llevaba mucho tiempo lejos de mis hijos.
Una Nochebuena, la casa de otro guarda de la cárcel se incendió y entramos corriendo a salvar las fotografías y los regalos de la familia para que pudieran celebrar sus vacaciones. Estoy orgullosa de haber formado parte de mi equipo de bomberos, una experiencia que me hizo crecer como persona y como bombera.
Mi sueldo como técnico principal era de 37 centavos por hora: 56 dólares (47 euros) al mes. No luché contra el fuego por dinero y tampoco para que me redujeran la sentencia, dado que los delitos por los que me habían condenado no lo permitían. Lo hice porque me ayudaba a sentir que contribuía a mi estado y a una parte de la gente a mi alrededor.
Por desgracia, pese a mi capacitación, a mi experiencia y a que las autoridades de la cárcel consideraron que mi labor ayudando a salvar vidas en la comunidad no representaba ningún peligro, no encontré ninguna manera de seguir haciendo ese trabajo tras ser liberada. El empleo estacional en Cal-Fire [el organismo estatal encargado de proteger los bosques y luchar contra los fuegos], una de las pocas maneras de conseguir un trabajo en extinción de incendios, no era una opción para mí debido a la limitación de desplazamientos asociada a mi libertad condicional.
Es responsabilidad de los legisladores que la situación haya llegado a donde está hoy. Sus esfuerzos para reducir las barreras que afrontan las personas con un pasado en la cárcel para conseguir permisos y certificaciones no han sido suficientes.
Seis años antes de que se convirtiera en la primera mujer de color para una candidatura a la vicepresidencia de EEUU, Kamala Harris trabajaba como fiscal general de California, cuyo departamento que frustró una y otra vez los esfuerzos por reducir el hacinamiento en las cárceles. En un momento dado la Fiscalía llegó a argumentar que la liberación temprana de los reclusos “afectaría gravemente a los equipos de bomberos, un efecto peligroso para California durante una dura temporada de incendios y de sequía grave”.
Los esfuerzos por reducir la población carcelaria provocaron esta respuesta de Harris pero también que yo, condenada por un delito grave y violento, pudiera servir en el cuerpo de bomberos de la cárcel. Lo que sí se hizo para evitar la superpoblación en prisiones fue adoptar cambios que implicaron menos traslados de las cárceles del condado a las del estado. Por eso las autoridades de los centros penitenciarios ampliaron el criterio para admitir a reclusos en las brigadas contra incendios, abriendo así la posibilidad de que también participaran en ellas personas condenadas por delitos más graves.
Eso no quiere decir que el ingreso a estas brigadas esté garantizado. Para obtener la aprobación, tuve que presentarme ante una comisión interna en la que argumenté por qué merecía una oportunidad en la lucha contra los incendios. Antes de decidir que mi trabajo no representaría un riesgo para la comunidad, la comisión tuvo en cuenta mis delitos, mi comportamiento en la cárcel y las recomendaciones de los asesores.
Si se nos considera personas fiables para trabajar para nuestra comunidad, ¿cómo es posible que no lo seamos para vivir en la comunidad?
Pese a este proceso que nos designa como personas fiables para responder ante una emergencia, cuando nos convertimos en personas en libertad condicional no se nos aplica la misma lógica. Si se nos considera personas fiables para trabajar para nuestra comunidad, ¿cómo es posible que no lo seamos para vivir en la comunidad?
La historia de las prisiones de California y la forma en que las autoridades del estado están gestionando el aumento de la población carcelaria dejan clara la respuesta: todo se reduce a que los presos somos mano de obra barata. Para los legisladores, eso es más importante que la promesa de reducir el hacinamiento.
Hago un llamamiento a los legisladores de California para que liberen a las personas encarceladas que han sido consideradas fiables para trabajar en la comunidad, salvándolas así de los devastadores efectos que el coronavirus está provocando en la población carcelaria. Les pido que proporcionen a estas personas un camino hacia el trabajo después de salir de la cárcel. Hago un llamamiento a los líderes para que hagan lo correcto y respalden, con acciones, sus declaraciones de compromiso con la justicia racial y social.
Amika Mota es la directora estatal de políticas en el Centro de Libertad de las Mujeres Jóvenes
Traducido por Francisco de Zárate