El rincón más secreto de Guantánamo podría abrirse por primera vez al supervisor de la tortura de la ONU, si una audaz maniobra legal sale adelante. Los abogados de Ammar Al Baluchi, uno de los acusados por complicidad en el 11-S que se enfrentan a un tribunal militar en el penal estadounidense, solicita que el juez del caso permita el acceso a Camp 7 –el campo de Guantánamo en el que residen casi incomunicados tanto él como otros detenidos que estuvieron bajo custodia brutal de la CIA– al relator especial de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez.
Sostienen que prohibir a Méndez el acceso a Camp 7 también impide que Baluchi obtenga pruebas que son relevantes para su defensa, que incluye acusaciones de tortura, ya que busca evitar que se usen contra él en el juicio las declaraciones que hizo bajo detención y que, según él, se consiguieron bajo coacción. Un respetado diplomático estadounidense, el exasesor jurídico principal de la Armada de EEUU y un conocido abogado británico de derechos humanos apoyan la petición.
Méndez ha solicitado durante su mandato el acceso ilimitado a Guantánamo, pero el Gobierno de Obama se lo ha denegado. El relator, que dejará pronto el cargo, ha rechazado ofertas del Ejecutivo para visitar las partes relativamente abiertas del centro de detención bajo estricta supervisión militar, algo que el Ejército permite a dignatarios y periodistas.
Al contrario que el Comité Internacional de la Cruz Roja, que consigue acceso a prisioneros de todo el mundo a cambio de silencio, a Méndez no se le permitiría entrevistar a detenidos en una visita así, un elemento clave del mandato que le enconmienda la ONU. Su perspectiva es única: el propio Méndez sobrevivió a la tortura de manos de la dictadura militar argentina en los años 70.
“Es esencial para mi mandato asegurarme de que las instituciones del Estado, incluido el centro de Guantánamo, mantienen inequívocamente una política de tolerancia cero contra la tortura y los malos tratos y se esfuerzan en eliminar el riesgo de maltrato y de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de detención”, dice Méndez en una declaración dirigida a la comisión militar.
Los abogados de Baluchi –que fue torturado por la CIA en sus prisiones clandestinas, tal y como está documentado en un informe del Senado de 2014– apuestan por que Méndez pueda lograr el apoyo del juez militar de su caso, el coronel James Pohl, para eludir las constantes acusaciones de tortura en Guantánamo.
Golpes en la cabeza y privación del sueño
Los detenidos, sus abogados y los observadores de derechos humanos sostienen que el proceso del Ejército de alimentación forzada por sonda a los detenidos en huelga de hambre es suficientemente doloroso para constituir tortura. El Ejército lo niega con vehemencia.
Los detenidos de Camp 7 en particular argumentan que sus condiciones de incomunicación son similares a la tortura que experimentaron de manos de la CIA. Uno de los acusados que acompañan a Baluchi, Ramzi bin Al Shibh, declaró hace poco al tribunal militar que su reclusión en Camp 4 lo somete a “sonidos y vibraciones” como método de privación del sueño. Otros detenidos de Camp 4 –incluido un hombre que sufrió lo que el informe del Senado denomina “prolapso rectal sintomático”– sostienen que no reciben suficiente tratamiento médico por su tortura, que les supone revivir las condiciones de “indefensión aprendida” que les infligieron.
Entre ellos está Baluchi, que en una carta escrita en Guantánamo el 6 de agosto de 2015 –proporcionada a the Guardian– relató las operaciones de la CIA en el centro clandestino en el que lo detuvieron, donde le “golpeaban la cabeza contra la pared reiteradamente”, hasta el punto en que “veía chispas de luces en los ojos”. “A medida que crecía la intensidad de esas chispas por los golpes continuos, de repente sentí una fuerte sacudida eléctrica en la cabeza y luego no veía nada”, escribió Baluchi. “Todo se volvió oscuro y perdí el conocimiento”.
Baluchi contó que la tortura –que, según dice, ocurrió entre finales de mayo y principios de junio de 2003, algo coherente con el relato del informe del Senado– tuvo un efecto permanente. “Después de esa lesión concreta en mi cabeza, perdí la capacidad de dormir. No podía tener un sueño normal ni profundo. Sigo reviviendo las pesadillas de ese momento todas las noches, cada vez que intento cerrar los ojos aparece, y esta fue solo una de las muchas cosas que pasaron”, escribió.
“Dadas las circunstancias, creo que Ammar ha sufrido probablemente una lesión cerebral traumática, y he recomendado una resonancia para mayor evaluación”, asegura a the Guardian Stephen Xenakis, el general de brigada retirado y psiquiatra que asesora al equipo de defensa.
Los abogados de Baluchi sostienen que permitir el acceso a Méndez es un elemento clave para investigar las dudas sobre las condiciones de Camp 7, que vienen de lejos, y abordarlas si se encuentra que son válidas. También argumentan que unas acusaciones de tortura validadas serían relevantes durante la fase de imposición de condena del tribunal del 11-S, retrasada durante años, en este caso en el que cabe la pena de muerte.
El juez a cargo, bajo amenaza de recusación
Su apuesta es audaz. Como miembro de las comisiones militares, Pohl está fuera de la cadena de mando del centro de detención, gestionado por una unidad militar que responde ante el mando a cargo de las operaciones en Sudamérica y el Caribe, que está en Florida. En el pasado, Pohl ha podido influir en la unidad responsable de Guantánamo en cuestiones relacionadas con el traslado de detenidos a su juzgado, pero la estrategia del equipo de Baluchi pondría a prueba la relación entre esos responsables y los tribunales militares.
Pohl está ahora sometido a una nueva e inesperada presión de distinta procedencia. Los abogados de otro acusado, Khalid Sheikh Mohammed, están pidiendo la recusación de Pohl del tribunal del 11-S. Lo acusan de confabular presuntamente con la Fiscalía para destruir en secreto pruebas relevantes para la defensa de Mohammed. Esta acusación podría acabar con un polémico tribunal que lleva años de retrasos de procedimiento sin acercarse a la fase de juicio.
Los abogados de Baluchi tienen el apoyo de miembros relevantes de las élites de la seguridad nacional estadounidense y de los derechos humanos a nivel internacional. Alberto Mora, que fue responsable del servicio jurídico de la Armada y se enfrentó al Pentágono de Donald Rumsfeld por las torturas en Guantánamo, declarará al tribunal que las preocupaciones sobre torturas o malos tratos actuales en el penal son “extremadamente inquietantes”. “Una visita del relator especial Méndez ayudaría o bien a identificar cualquier maltrato o a desmentir que se esté dando eso”, escribe Mora en una declaración para el juzgado.
Thomas Pickering, antiguo embajador estadounidense y alto cargo del Departamento de Estado, manifestará ante el juzgado que restringir el acceso de Méndez a Guantánamo “es perjudicial para nuestra seguridad nacional”, al evitar que el relator garantice el cumplimiento de los estándares internacionales contra la tortura. Nigel Simon Rodley, uno de los predecesores de Méndez en el cargo de la ONU, cuenta que solía recibir apoyo de Estados Unidos contra países que le impedían el acceso a los reclusos.
“El Gobierno que, según el presidente, es el más transparente de la historia sigue evitando cualquier investigación sobre la tortura en Guantánamo”, explica Alka Pradhan, uno de los abogados de Baluchi. “Para mí, la única razón posible para eso es que sigue habiendo fuego bajo 14 años de humo”.
El comandante Gary Ross, portavoz del Pentágono sobre Guantánamo, señala: “No sería apropiado que yo hiciera declaraciones sobre un expediente que no se ha remitido a la Comisión”. Y zanja el asunto con esta explicación del procedimiento legal: “Cuando cualquier expediente se envíe apropiadamente a la Comisión, el juez militar tomará la decisión final sobre el asunto”.
Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo