Un grupo de habitantes de Oklahoma, encabezado por una mujer de 105 años, acaba de presentar una demanda exigiendo que se les indemnice por la matanza ocurrida en Tulsa en 1921, en la que turbas de racistas blancos incendiaron un próspero barrio negro y asesinaron a cientos de personas.
La masacre figura entre los peores actos de violencia racial de los que hay registro en la historia de Estados Unidos. En la acusación presentada este martes se argumenta que la sombra de la masacre aún planea sobre el barrio de Greenwood y que las desigualdades raciales que sufre hoy Tulsa pueden conectarse con esos acontecimientos de hace casi 100 años.
Se estima que 300 personas negras fueron asesinadas entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1921, cuando un grupo de matones blancos apoyado por las autoridades y por la policía del lugar destruyó 35 manzanas de la ciudad y obligó a marcharse a miles de afroamericanos.
A principios de este año, la masacre fue noticia de nuevo cuando Donald Trump decidió programar un mitin de campaña en Tulsa el 19 de junio, justo la fecha en que Estados Unidos conmemora el fin de la esclavitud. Tras recibir un aluvión de críticas, Trump pospuso el mitin al día siguiente.
La demandante principal de la acusación se llama Lessie Benningfield Randle, tiene 105 años y es una de las dos supervivientes de la masacre aún con vida. Según sus abogados, a Randle todavía le vienen a la cabeza las imágenes de cuerpos apilados en la calle mientras el barrio se quemaba.
Entre los demandantes también figuran nietos de personas asesinadas y la bisnieta de JB Stradford, que en 1921 era la dueña del hotel Stradford. En aquel momento, su establecimiento de Greenwood era el mayor hotel regentado por afroamericanos en todo Estados Unidos.
En la demanda acusan al Ayuntamiento de Tulsa, al condado de Tulsa, al sheriff del condado de Tulsa de la época, a la Guardia Nacional de Oklahoma y a la cámara regional de Tulsa por su participación directa en la masacre. Según los abogados, los acusados se han “enriquecido injustamente a expensas de los ciudadanos negros de Tulsa así como de los supervivientes y de los descendientes de las víctimas de la masacre de 1921”.
Según Human Rights Watch, un 34% de los afroamericanos de Tulsa vive hoy en la pobreza, mientras que para los blancos ese porcentaje es del 13%. Según Damario Solomon-Simmons, uno de los abogados que firman la querella, los acontecimientos de 1921 contribuyeron a los problemas que aún hoy persisten en la ciudad. “La masacre de Greenwood privó a los residentes negros de Tulsa de su sensación de seguridad, de un poder económico que habían ganado con mucho trabajo y de su animada comunidad”, sostiene.
“Los daños que generó continúan hoy en día. Unos daños que han hecho que las propiedades de Greenwood perdieran valor y que ha provocado importantes desigualdades raciales en todas las medidas de calidad de vida, desde la esperanza de vida hasta los niveles sanitarios, de desempleo, de educación y de seguridad financiera. Durante casi un siglo, los acusados de esta demanda han continuado con una masacre a cámara lenta”.
Nadie ha asumido responsabilidades por la masacre. En 2001, una comisión del parlamento del estado de Oklahoma determinó que el Ayuntamiento había conspirado junto a los ciudadanos blancos en contra de los residentes negros y recomendó que se compensara con dinero a supervivientes y descendientes de las víctimas. Esas compensaciones nunca llegaron. Lo que sí hubo poco después ese año fue una medalla del Ayuntamiento para los supervivientes de la masacre.
Cuando se produjo la matanza, unas 10.000 personas negras vivían en Greenwood. El enclave tenía una próspera zona de tiendas, conocida como Black Wall Street y estaba entre los barrios negros más prósperos de Estados Unidos. La ciudad cayó en el caos después de una acusación falsa de agresión sexual contra un afroamericano de 19 años. La ofensiva que lanzaron los blancos, entre los que había personas reclutadas por el estado de Oklahoma, destruyó los hogares y negocios en un radio de 35 manzanas.
Según un informe de la Cruz Roja, se quemaron más de 1.000 hogares durante la masacre. “Treinta y cinco manzanas de la ciudad fueron saqueadas y luego incendiadas de forma sistemática hasta quedar en cenizas”, dice el informe. “La población, de 12.000 habitantes, se dispersó como hojas llevadas por el viento”.