El antiguo jefe de una milicia que participó en la campaña de violencia en Uganda comparece ante un tribunal internacional en uno de los juicios más importantes en sus 14 años de historia. Dominic Ongwen era uno de los líderes más temidos del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés), una secta a la que se responsabiliza por la muerte de unas 10.000 personas y el secuestro de 60.000 niños.
Ongwen está acusado de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, saqueos y trata de personas, en el norte de Uganda y en países vecinos. Los cargos específicos que se han leído este martes se enfocan en una serie de ataques a campos de refugiados entre 2004 y 2005, pero a Ongwen se le responsabiliza por muchísimas otras atrocidades.
Una de las acusaciones más graves implica un ataque del LRA a los campos del noreste del Congo en diciembre de 2009. Durante los cuatro días que duró el ataque, fueron asesinados 350 civiles y 250 fueron secuestrados (80 de ellos eran niños). Ongwen podría ser condenado a cadena perpetua. Se ha declarado inocente.
El juicio ha sido elogiado por grupos de derechos humanos. Elise Keppler, directora adjunta de justicia internacional de Human Rights Watch, afirmó que “es un importante paso en el camino de la justicia por las atrocidades cometidas por el LRA”. Pero determinar la inocencia o culpabilidad de Ongwen no será tan sencillo como podría sugerir la cantidad de pruebas presentadas por el fiscal.
Ongwen fue un niño soldado y se cree que fue secuestrado por el LRA cuando tenía nueve años. Por eso, según su equipo de abogados y algunos analistas, es a la vez víctima y responsable.
Ledio Cakaj, autor de When the Walking Defeats You, un libro que narra la experiencia de un guardaespaldas de Joseph Kony, líder del LRA, dijo: “Muchos de estos miembros del LRA, que son considerados criminales, en primer lugar fueron de alguna forma víctimas. Es un tema muy complicado. Hay cuestiones muy interesantes para analizar en un caso como éste”.
Los abogados de la defensa argumentarán que muchas de las pruebas contra Ongwen no son fiables y dirán que su cliente quedó traumatizado durante su secuestro. “Fue torturado, lo obligaron a ver asesinatos, lo usaron como niño soldado. Incluso el fiscal ha dicho que todo lo que le pasó es un factor atenuante importante”, señaló Thomas Obhof, abogado estadounidense residente en Uganda y parte del equipo de la defensa.
Se supone que el fiscal enfatizará que la violencia, la aptitud y la lealtad de este exjefe del LRA lo ayudaron a escalar rápidamente en la organización.
Algunos ugandeses han pedido que se le perdone. “Quiero que se perdone al señor Ongwen como nos han perdonado a otros secuestrados rebeldes, porque la Biblia dice que debemos perdonar”, declara Dominic Ecodu, que pasó diez años con el LRA después de siete años de secuestro.
Nadie duda del salvajismo de Kony y sus compañeros. El LRA estuvo en guerra en cinco países del este y el centro de África durante casi 30 años y utilizó la mutilación como castigo, además de secuestrar y violar niñas.
Todavía les temen los civiles
Se cree que el grupo ahora está integrado de 100 combatientes, pero todavía es temido por civiles en poblados remotos y es fuente de inspiración para otros grupos paramilitares que copian sus brutales métodos. Cada semana llegan informes de nuevos ataques.
Joseph Akweyu Manoba, un abogado ugandés designado por el Tribunal Penal Internacional para representar a 1.500 supuestas víctimas de Ongwen, dijo que ninguno de sus representados cree que Ongwen sea una víctima. “Me dicen que si el TPI no lo condena y regresa a Uganda, lo matarán ellos mismos”, afirmó.
El caso de Ongwen también es importante por otras razones. De los cinco jefes del LRA imputados por el TPI hace once años, sólo Ongwen y Kony siguen con vida. A pesar de que se ofrece una recompensa de 4,7 millones de euros por información sobre su paradero, Kony continúa prófugo. Se han invertido muchísimos recursos para armar los casos contra los líderes del LRA, cuyas órdenes de arresto fueron primeramente emitidas por el TPI.
El TPI, fundado en 2002 con el propósito de juzgar a criminales que escapan de los sistemas de justicia locales, ha sido muy criticado en África por los que lo ven como una institución racista e imperialista. Nueve de cada diez casos investigados por el TPI tienen que ver con presuntos crímenes en África.
Los defensores alegan que la mayoría de las investigaciones han surgido de peticiones explícitas o cesiones de jurisdicción de los gobiernos de los países donde presuntamente se han cometido los crímenes, como es el caso de Uganda. Otros señalan que las críticas a la institución llegaron en 2009 cuando se comenzó a investigar presuntos delitos cometidos por líderes actuales o por sus socios. A pesar de esto, el TPI, que cuenta con un presupuesto anual de más de 150 millones de euros, ha hecho muchos avances en los últimos meses.
En septiembre, condenó a Ahmad al-Faqi al-Mahdi a nueve años de cárcel después de que se declarara culpable de destrozar santuarios que formaban parte del patrimonio de la humanidad de la Unesco en Timbuktu, Mali, cuando la ciudad fue tomada por radicales islámicos en 2012.
Sudáfrica, Gambia y Burundi han anunciado su retirada de la Corte, pero es posible que ninguno se marche.
El presidente electo de Gambia, Adama Barrow, que venció al líder autoritario Yahya Jammeh en las elecciones de la semana pasada, dijo que el país seguirá comprometido con el TPI. El lunes, el principal partido de la oposición sudafricana presentó una demanda para bloquear los planes del gobierno de retirarse del TPI, alegando que sería inconstitucional.
Los ciudadanos ugandeses podrán ver el juicio contra Ongwen en La Haya porque la Torte ha preparado “sitios de visita” donde se cometieron algunos de presuntos crímenes.
Pero Keppler advierte que muchas víctimas no obtendrán justicia, sea cual sea el resultado. “El juicio contra Ongwen cubre importantes crímenes, pero no abarca todas las atrocidades que cometió el LRA en Uganda”, afirmó. “Es una verdadera derrota de las víctimas del LRA en [la República Democrática del] Congo, la República Centroafricana y Sudán del Sur”.
Traducido por Lucía Balducci