El sueño contra la impunidad muere poco a poco en el momento que más se le necesita, por las masacres de civiles en Siria, Yemen y la República Democrática del Congo. El Tribunal Penal Internacional (TPI) nació en 2002 como el primer tribunal penal internacional permanente y nunca en su historia tuvo más sentido luchar contra los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Sin embargo, su idealismo pierde fuelle esta semana.
Justo en el momento en que la asamblea de este organismo internacional se reúne en La Haya para debatir sobre su futuro, dos hechos fundamentales obstruirán cualquier esfuerzo: la retirada de Rusia de la firma del Estatuto de Roma, tratado constituyente del TPI, y la respuesta de Estados Unidos a las investigaciones del tribunal por sus acciones en Afganistán, sospechosas de constituir crímenes de guerra. A ello se suma la queja histórica y la progresiva retirada de los países africanos, que denuncian un trato injusto.
Estados Unidos, que otras veces ha pedido la colaboración de países investigados por el tribunal, señala: “No creemos que la investigación del TPI sea apropiada o esté justificada. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma y no ha aceptado la jurisdicción de la Corte”. Sin embargo, el Estatuto de Roma permite juzgar los crímenes cometidos por nacionales de los estados parte o, como en este caso, los cometidos en su territorio, y Afganistán sí que es parte del tratado.
Otra opción para iniciar un proceso es a petición del Consejo de Seguridad de la ONU. Se da la paradoja de que de los cinco miembros permanentes del Consejo y con capacidad de veto (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia) solo los dos europeos han firmado y ratificado el tratado. Por tanto, Estados Unidos, Rusia y China, sin estar obligados por el tratado, tienen una capacidad de decisión fundamental para obligar, o no, a otros países. El máximo órgano de la ONU también tiene la capacidad de frenar procesos ya en marcha.
“Creemos que tenemos un sistema nacional de responsabilidad que es más que suficiente”. Así reaccionó el Departamento de Estado este martes cuando conoció que el tribunal investigaría sus acciones en Afganistán. Sin embargo, la Corte nunca quiso sustituir a los sistemas judiciales nacionales y no entra en funcionamiento hasta que estén agotadas todas las vías internas. “Como tribunal de último recurso, busca complementar y no sustituir a los sistemas nacionales”, señala la institución en su página web.
Las prioridades de Estados Unidos hacia el tribunal quedaron claras en esta reacción. “Nos involucramos con los estados parte en el Estatuto de Roma en asuntos importantes y apoyamos las acusaciones de la Corte en aquellos casos que potencian los intereses de Estados Unidos”, señaló un portavoz del Departamento de Estado.
“El futuro de la Corte es obviamente decisión de la Corte”, añadió el portavoz del Departamento de Estado. Sin embargo, las acciones de los estados parte y los que no lo son pero que están afectados –como en este caso Estados Unidos– están contribuyendo a la decadencia de la organización internacional mucho más que las propias decisiones de la organización.
¿Tiene sentido este tribunal?
La decisión de Rusia de retirar su firma del tratado (más bien de carácter simbólico ya que nunca ratificó su adhesión y no está bajo su jurisdicción) llega justo después de que la ONU haya reconocido la “ocupación temporal de Crimea” por parte Moscú y de que la fiscal del TPI, Fatou Bensouda, afirmase que la situación de Crimea y Sebastopol es similar a la del conflicto entre Ucrania y Rusia.
El Kremlin ha explicado en un comunicado las causas de su decisión, asegurando que el tribunal internacional no ha cumplido con todo lo que se esperaba. “La Corte no cumplió con las expectativas que se depositaron en ella. No se convirtió en un órgano de justicia internacional verdaderamente independiente y prestigioso. En diferentes ocasiones, en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad de la ONU, se ha constatado el trabajo ineficaz y unilateral de este órgano. En sus 14 años de funcionamiento, dictó solo cuatro sentencias gastando miles de millones de dólares”.
“Que Rusia diga esto es muy cínico”, asegura tajante Nacho Jovtis, experto en justicia internacional para España de Amnistía Internacional. “Uno de los motivos por los que la Corte no investiga más casos es porque Rusia utiliza su derecho a veto en el Consejo de Seguridad para frenarlo, incluido el caso de Siria”, explica Jovtis. “Rusia ha bloqueado que haya más investigaciones y esto es muy preocupante”.
¿Tiene sentido un tribunal que en doce años solo ha conseguido sentenciar cuatro casos? Para Amnistía Internacional, la respuesta es única y clara: “Sí”. “El tribunal no es un sistema perfecto y tiene que mejorar. Pero el hecho de que se debilite es una puerta que se cierra para las víctimas de estos crímenes”, apunta el experto.
Para Amnistía, la retirada de Rusia, la negación de EEUU y los ultimátum de los países africanos son alarmantes. “Vemos con mucha preocupación que todo esto pueda suponer un debilitamiento para la corte. Creemos que tiene que pasar lo contrario y que, en la cumbre, los países den un apoyo expreso a la Corte. Apoyo político pero también en forma de presupuestos y de coordinación tanto en detenciones como en entrega de sospechosos”, comenta.
Denunciado por colonialista
Es una nueva forma de colonialismo, denuncian algunos países africanos. Kenia lideró un movimiento por la retirada en bloque de algunos países africanos después de que el tribunal anunciase la investigación en 2007 de altos cargos del gobierno, incluido su presidente y vicepresidente por la violencia producida tras las elecciones. Finalmente, el caso fracasó por la intimidación a los testigos, el soborno y la falta de cooperación, según los fiscales de la Corte. El pasado mes de octubre, Sudáfrica, Burundi y Gambia anunciaron también su retirada del tribunal.
También existen firmes defensores africanos del Tribunal Penal Internacional. Este grupo, compuesto por Nigeria, Botsuana, Senegal, Costa de Marfil y Túnez, entre otros, impidió en julio de este año que la Unión Africana, organización que incluye a todos los estados africanos excepto Marruecos, hiciese un llamamiento general por la retirada de la Corte.
Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, también se ha pronunciado estos días sobre el futuro del organismo. Annan ha asegurado que es necesario frenar el éxodo de países africanos. “África ha sido uno de los defensores más entusiastas del TPI”. “De hecho, el primer país en firmar el tratado fue africano, concretamente Senegal. Además, África continúa sigue siendo el bloque regional con más miembros parte en el tratado, 34 de 124”.
Las cuatro sentencias del tribunal
Efectivamente, el tribunal solo ha dictado sentencia en cuatro casos pero ha trabajado en un total de 38. En estos momentos, diez casos se encuentran bajo estudios preliminares, diez están siendo investigados, cuatro están en fase de instrucción, cinco en proceso de juicio, uno en fase de apelaciones, tres en fase de indemnizaciones y cinco se han cerrado por diferentes motivos, como la falta de pruebas.
El primer caso en el que dictó sentencia el TPI fue en el Caso Lubanga en marzo de 2012. El tribunal condenó a Thomas Lubanga por su responsabilidad en crímenes de guerra por alistar y reclutar a niños durante los enfrentamientos en 2002 y 2003 en la República Democrática del Congo. Aunque la fiscalía solicitó para Lubanga una pena de 30 años de prisión, fue condenado a 14 años, a los que se tuvo que descontar seis, tiempo que ya había cumplido durante su detención.
Dos años después, el TPI dictó su segunda sentencia. La Haya condenó al excomandante de la Fuerza Patriótica de la Resistencia de la República Democrática del Congo, Germain Katanga, por haber cometido crímenes de guerra y contra la humanidad en la aldea de Bogoro, al noroeste del país. Katanga pertenece a la etnia lendu y los civiles que fueron masacrados en sus aldeas pertenecían a la comunidad hema. Fue condenado a 12 años de prisión y también se dedujo el tiempo de su detención preventiva, unos siete años.
La tercera sentencia es la del Caso Bemba que se produjo en marzo de este año. Esta sentencia no es firme todavía, dado que se encuentra en fase de recurso. Fue condenado a 18 años de cárcel y lo que puede suceder es que le rebajen la pena o la desestimen aunque, según los expertos, esto sería extraño.
Este caso es especialmente importante porque es la primera vez que el tribunal declara culpable a alguien por violación. También es la primera sentencia que dicta este órgano basándose en la responsabilidad de mando, esto quiere decir que se procesa penalmente a alguien que tiene autoridad sobre los actos de las personas bajo su mando.
Jean-Pierre Bemba Gombo fue declarado culpable por los actos delictivos que cometieron sus tropas en la República Centroafricana en 2002 y 2003. Los crímenes, que incluyen asesinatos, violaciones, esclavitud sexual y reclutamiento de niños, se cometieron cuando dirigía la milicia de la oposición.
La última sentencia es la del caso Al Mahdi y se produjo en agosto. Se trata de la primera vez que la Corte consigue meter en la cárcel a un yihadista. En esta ocasión, el acusado se declaró culpable por pertenecer a un tribunal islamista que ordenó demoler mausoleos y una mezquita en Tombuctú, Malí.