Debido a la polémica que suscitó la agresiva rueda de prensa que Trump convocó a principios de mes, ya nadie recuerda que el propósito inicial de ese encuentro con los medios era hablar de las infraestructuras del país. El presidente de Estados Unidos mostró dos gráficos y explicó que había firmado un decreto presidencial para suavizar los requisitos necesarios con los que obtener permisos de obra pública y que a partir de ahora iban a ser “muy, muy rápidos”.
Esa rueda de prensa pasará a la historia por el hecho de que el presidente pasó “muy rápido” a tratar otro asunto [los enfrentamientos en Charlottesville, en el Estado de Virginia] y trató por igual a las dos partes enfrentadas; los racistas blancos y los grupos antifascistas.
Sus polémicas declaraciones eclipsaron sus planes para agilizar las obras de infraestructura, pero es muy probable que la normativa que se propone impulsar genere, a largo plazo, tanta polémica como sus declaraciones sobre Charlottesville.
El huracán Harvey ha obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares en Houston y las proximidades de la ciudad debido a las inundaciones. La tormenta se dirige hacia Luisiana y las autoridades creen que la cifra de afectados no hará más que crecer.
Trump dictó un decreto presidencial a principios de mes para dejar sin efecto una directiva de Obama que establecía los requisitos obligatorios para los proyectos de infraestructuras financiados por el Gobierno federal en zonas con riesgo de inundación o de experimentar una subida del nivel del mar. Por ejemplo, muchas de las zonas en Texas que han quedado inundadas.
El problema de las normativas permisivas
De hecho, Houston ya tiene una de las normativas más permisivas en lo relativo a la construcción en zonas con riesgo de inundación. Ahora el presidente se propone que en otras partes del país la normativa sea similar.
“No tiene sentido”, indica Steve Ellis, vicepresidente de Taxpayers for Common Sense (contribuyentes a favor del sentido común). “Los contribuyentes se merecen tener la seguridad de que si ayudan a una comunidad que necesita construir o reconstruir obra pública se hace de forma que no vuelva a suponer un gasto para el contribuyente en un futuro”.
Las tormentas y las inundaciones cada vez son más costosas y frecuentes, y la información disponible deja entrever que el cambio climático es el principal culpable.
Muchas localidades están situadas en el litoral o en llanuras aluviales. Según la Administración Nacional de Asuntos Oceanográficos y Atmosféricos de Estados Unidos (NOAA), en estos lugares “las normas de construcción a menudo no son suficientes para evitar daños ante situaciones extremas”.
En las últimas décadas ha aumentado la cifra de situaciones que causan daños millonarios: desastres naturales, como inundaciones o incendios forestales, que suponen daños superiores a los mil millones de dólares. Mientras que en 1985 el coste medio era de 10.000 millones de dólares en cinco años, en 2015 este coste se ha quintuplicado.
Obama firmó el decreto presidencial 13690 en 2015 para dar respuesta a la subida del nivel del mar y a las tormentas cada vez más frecuentes, en especial, los ciclones tropicales. El decreto de Obama, con sus referencias a la subida del nivel del mar y al cambio climático, se convirtió en uno de los blancos de ataque de la nueva Administración, deseosa de eliminar esos términos del vocabulario político.
“Esa orden presidencial tenía por objetivo facilitar que la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA en sus siglas en inglés) pudiera presionar a las comunidades para que reconstruyeran de una forma más inteligente y más resistente”, afirma Ellis: “[La medida de Trump] termina con esta presión”.
Los requisitos que contemplaba el decreto 13690 todavía no se habían aplicado cuando quedó sin efecto. Sin embargo, algunas agencias federales, entre ellas la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, que financia y hace un seguimientos de los proyectos de vivienda social, ya habían iniciado los trámites para que pudieran ser respetados.
Los nuevos requisitos encarecerían la vivienda
El decreto de Obama establecía que las estructuras construidas en zonas que estadísticamente tenían una posibilidad del 1% de sufrir una inundación (dentro de un plazo de cien años) debían elevarse más de medio metro para evitar daños. Muchos criticaron esta medida. La Asociación Nacional de Constructores de Casas se opuso frontalmente a este decreto y argumentó que si se endurecían las medidas, se limitaba también la posibilidad de las familias de clase trabajadora a acceder a una vivienda asequible.
Rob Moore, analista principal de políticas del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, refuta este argumento e indica que tal vez la Asociación estaba menos preocupada por el impacto que podía tener este decreto sobre la vivienda privada que por las limitaciones de las nuevas promociones inmobiliarias.
“Si el Gobierno federal no apoya la infraestructura que permite el desarrollo, como carreteras y plantas potabilizadoras, será imposible que la zona se desarrolle”, explica. “Si las compañías privadas quieren construir en una zona que podría inundarse es su problema, pero no veo ningún motivo por el cual el gobierno deba dejar sin efecto este decreto”.
La Asociación Nacional de Constructores de Casas no ha querido hacer declaraciones.
En los días posteriores al huracán Sandy, que asoló el área metropolitana de la ciudad de Nueva York en otoño de 2012, las agencias federales, estatales y municipales se gastaron miles de millones de dólares en reparar las infraestructuras dañadas. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, calculó que reparar los daños representó para el Estado un gasto de unos 33.000 millones de dólares. El Estado de Nueva Jersey se gastó unos 30.000 millones. En aquel momento no existían unos criterios para conceder o denegar una ayuda y la mayoría del dinero se destinó a proyectos de reconstrucción en zonas de inundación.
Las viviendas sociales, las más vulnerables
Las viviendas sociales, que a menudo se levantan en zonas propensas a inundarse porque los terrenos son más baratos, son especialmente vulnerables. Según el Departamento de Vivienda, más de 11.000 edificios de viviendas sociales, el 5% del total, se encuentran en zonas propensas a inundarse. Nueva Orleans tiene 1.944 edificios en este tipo de zona, Miami y Jacksonville, en Florida, 1.157.
“Muchos de estos edificios públicos quedaron destruidos por el huracán Sandy y lo cierto es que una normativa más estricta los hubiera protegido mejor”, indica Moore: “En parte, la Administración de Obama decidió exigir que se cumplieran ciertos requisitos para evitar tener que gastar dinero público en la reconstrucción de estructuras poco seguras”.
El decreto de Obama ha sido revocado pero todavía existe la posibilidad de que las garantías que contemplaba puedan sobrevivir. La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y la Agencia para la Protección del Medio Ambiente impulsarán normas para poner en práctica el decreto presidencial.
“Estas normas todavía podrían ser aprobadas sin necesidad de que el presidente de Estados Unidos intervenga”, puntualiza Moore. “Para la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano es crucial hacerlo, ya que las tareas de reconstrucción de las viviendas e infraestructuras afectadas por el huracán Harvey deberían ceñirse a una normativa más rigurosa”.
El hecho de que sea fácil construir en zonas inundables tendrá probablemente graves consecuencias. Hasta la fecha, unas 30.000 personas han tenido que abandonar sus hogares. Se trata de la tercera gran inundación que sacude al país este año y la tercera vivida en el área de Houston desde marzo del año pasado. Se da por sentado que tanto el litoral como las llanuras centrales de Texas sufrirán inundaciones catastróficas.
“Dejar sin efecto el decreto presidencial de Obama fue una idea pésima pero ahora el presidente puede trabajar con los legisladores para proteger a los contribuyentes y para que el dinero público se destine a construcciones que sigan unos criterios más rigurosos”, explica Ellis. “Si los responsables del país no protegen a los contribuyentes, se construirá mal y tendremos que volver a reconstruir estas estructuras inseguras cuando queden dañadas por tormentas futuras”.
Traducido por Emma Reverter