La actualidad mundial es especialmente convulsa y la creciente crisis en Turquía compite con otras noticias. Para muchos, el intento de golpe de Estado de la semana pasada y sus consecuencias son un recordatorio de la creciente inestabilidad mundial y de la cercanía del peligro, ya que Turquía es un destino turístico popular. Sin embargo, es importante no perder de vista lo siguiente: el gobierno turco, cuyas tendencias represivas van en aumento, está librando una guerra contra la democracia con la complicidad de nuestros gobernantes.
Turquía es nuestro aliado en la OTAN. Es un mercado prioritario para nuestras exportaciones de armas, cuyo valor asciende a 550 millones de libras (660 millones de euros). La nueva primera ministra de Reino Unido ha mostrado su firme apoyo al gobierno democráticamente elegido de Turquía así como a sus instituciones. En vez de condenar las medidas represivas de la última semana, Theresa May se ha limitado a recordar que “Turquía debe respetar el orden constitucional” y ha reafirmado la importancia del Estado de derecho.
Analicemos los hechos. Turquía tiene un extenso historial de violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, sus aliados occidentales no han alzado la voz contra estas acciones, que no han tenido ningún tipo de consecuencia para el gobierno turco.
En el contexto del conflicto con las guerrillas kurdas que reivindicaban su independencia en la década de los noventa, las fuerzas de seguridad turcas destruyeron más de 4.000 pueblos y asentamientos, a menudo con incendios que arrasaban con todo. El balance fue de cientos de miles de desplazados y más de 30.000 víctimas mortales. Turquía es uno de los países con más periodistas en la cárcel. “Desde 2013, el gobierno ha ido aumentando su autoritarismo y su intolerancia hacia los disidentes y ha impulsado medidas extremas, como por ejemplo silenciar a los medios de comunicación”, indica Andrew Gardner, el analista de Amnistía Internacional para Turquía.
La situación no hizo más que deteriorarse después de que el conflicto con los guerrilleros kurdos se reanudara en julio de 2015. Según Amnistía Internacional, la presión del gobierno sobre los medios de comunicación durante ese periodo no tiene precedentes. El gobierno utilizó las leyes antiterroristas para impulsar enjuiciamientos masivos. El pasado septiembre, un grupo de abogados británicos redactó un informe sobre el pésimo historial de derechos humanos de Turquía y denunciaron la falta de independencia del poder judicial, la censura en internet, las limitaciones a la libertad de expresión y el trato degradante que sufren los detenidos. “Los aliados de Turquía han estado inusitadamente callados y no han pedido a Turquía que ponga fin a estas violaciones”, señala Gardner. El gobierno de Reino Unido no puede estar en absoluto sorprendido por la actuación del gobierno turco durante la ultima semana. En los últimos años ya había apuntado maneras.
Según Hisyar Özsoy, uno de los portavoces del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) –el principal partido de izquierdas en la oposición–, “Europa ha mostrado al gobierno autoritario de Erdogan su cara más amable porque cree que este puede frenar temporalmente la llegada masiva de refugiados”.
El intento de golpe de Estado de la semana pasada no tiene justificación; en eso deberíamos estar todos de acuerdo. “Para nosotros, mostrar nuestro rechazo fue una cuestión de principios, aunque creamos que las instituciones democráticas del país tienen defectos muy graves”, afirma Özsoy.
Los golpistas deben rendir cuentas ante la justicia por los crímenes que han cometido. Amnistía Internacional afirma que atacaron a la multitud desde helicópteros. “Eso es lo que tiene que ser, justicia”, indica Gargner. También deberán rendir cuentas aquellos civiles que, bajo la atenta mirada de los agentes de policía, atacaron a soldados que iban desarmados.
La “justicia” no tiene nada que ver con mantener a los arrestados incomunicados en centros de detención que no son los oficiales. No tiene nada que ver con darles un trato degradante durante la detención, como se desprende de las fotografías de soldados acusados de haber participado en la intentona de golpe, con moratones y heridas en la cara. Bajo ningún concepto “justicia” implica la reinstauración de la pena de muerte, como han avanzado algunos altos cargos del gobierno. La duración de las condenas también tiene que ser proporcionada. Entre los 7.500 detenidos se encuentran muchos jueces y fiscales. No son sospechosos de haber participado en el intento golpista sino que están siendo interrogados a causa de su ideología política.
Nuestros aliados turcos utilizan la intentona de golpe de Estado como excusa para llevar a cabo una purga masiva de más de 50.000 personas, entre las que se encuentran profesores y decanos universitarios. A muchos periodistas les han revocado la acreditación de prensa y no pueden trabajar.
“Se está convirtiendo en un castigo colectivo”, afirma Özsoy: “La represión se está expandiendo y afectará a toda persona que no apoye al gobierno”. Como señala Gardner, se los discrimina en base a sus opiniones políticas. Todas las víctimas de la purga sufrirán las consecuencias en carne propia, con condenas o con la pérdida de su medio de subsistencia. También sufrirán las consecuencias la ya de por sí maltratada democracia turca, el sistema laico y la paz y la seguridad. “El país está al borde de una guerra civil”, alerta Özsoy. Occidente cree que mirando hacia otro lado obtendrá favores del gobierno, especialmente en lo relativo a los refugiados. Sin embargo, como señala el HDP, ¿a qué precio? Si Turquía cae presa de la polarización política, la violencia y el conflicto, en especial con los guerrilleros kurdos, ¿cuáles serán las consecuencias no solo para el país sino también para Europa y Oriente Medio? El intento de terminar con la oposición en Turquía tal vez no será un proceso tan limpio como afirman los matones de Erdogan.
Y es precisamente en este punto donde el papel a desempeñar por el Reino Unido y Occidente es crucial. Siempre que se habla de la actitud de los aliados de Occidente frente a determinadas acciones de los países aliados y se cuestiona su responsabilidad, la respuesta suele ser relativista: ¿Y qué hay de las acciones mucho más condenables de regímenes cuya enemistad con Occidente es más que conocida, como Corea del Norte? ¿Por qué no hay protestas ante la embajada de Corea del Norte en Londres?
Nuestros gobiernos no son los cómplices del totalitarismo de Corea del Norte. No proporcionan armas a los dictadores del país, no los apoyan y tampoco son sus aliados. De hecho, nuestros gobiernos a menudo condenan las violaciones de derechos humanos de este país.
En cambio, cuando tienen que lidiar con las acciones de aliados como Turquía nuestros gobiernos no logran condenarlos públicamente y mucho menos impulsan medidas para que estos actos tengan consecuencias para sus responsables. Si nosotros, como ciudadanos, presionamos a nuestros gobiernos para que no se queden de brazos cruzados cuando un país como por ejemplo Turquía, Israel o Arabia Saudí comete una violación de los derechos humanos, tal vez exista la posibilidad de propiciar el cambio.
Con demasiada frecuencia, la política occidental apuesta por la “estabilidad” en detrimento de la democracia. Los aliados occidentales de Turquía tienen la responsabilidad de defender los derechos y libertades fundamentales y de apoyar el proceso de democratización de los países aliados. No hacerlo pone en riesgo la paz y la seguridad mundiales. Tal vez estos sean tiempos convulsos y se cometan muchas injusticias, pero si crees en los valores democráticos y en los derechos humanos tienes la responsabilidad de pedirle a tu gobierno que defienda estos principios.
Traducción de Emma Reverter