Juana Ruiz Sánchez, una mujer española residente en Cisjordania y detenida sin cargos por Israel desde hace casi dos semanas, estará arrestada durante al menos otra semana para seguir siendo interrogada hasta la celebración de una nueva vista con la corte militar el próximo 2 de mayo en un proceso cuyo final es todavía incierto.
En la cuarta audiencia sobre su caso celebrada este lunes en el tribunal militar de la prisión de Ofer, las fuerzas de seguridad israelíes pidieron prolongar su arresto “una semana más para acabar los interrogatorios y trasladar el expediente a la fiscalía militar”, dijo a Efe una portavoz de la familia que conoce el caso.
Según concretó, esto podría significar que el procedimiento y su detención se pudieran extender por un período aún más largo.
En la vista del siguiente domingo se prevé que esté presente el fiscal militar, que podría decidir si pedir una nueva prolongación de su detención para examinar y presentar posibles cargos contra ella, mientras que su abogado defensor exigirá su liberación.
Ruiz Sánchez, de 62 años y vecina del pueblo cisjordano de Beit Sahur, vive en Cisjordania ocupada desde hace más de 35 años.
Trabaja desde hace décadas como coordinadora de proyectos de los Comités de Trabajos para la Salud, una ONG palestina que provee ayuda a la población en materia de salud.
Sin antecedentes penales previos ni haber sido detenida antes por las autoridades israelíes, fue arrestada la noche del pasado 13 de abril en su domicilio por el Ejército israelí.
Según concretó un portavoz castrense, las fuerzas militares sospechan que desde su empleo como trabajadora humanitaria en la ONG participó en un presunto “plan de lavado de dinero que ayudó a financiar” al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), un grupo político izquierdista considerado terrorista por Israel.
El Ejército la considera sospechosa “de haber cometido delitos de prestación de servicios para una organización ilegal afiliada” al FPLP, de mantener “contacto con un agente extranjero” y de “delitos relacionados con el blanqueo de capitales”, según detalló.
Desde que fue arrestada hace dos semanas, sigue “detenida con propósito de interrogación”, una modalidad por la que, según la ley militar que se le aplica, puede permanecer encerrada hasta 75 días.
Tras la vista de hoy en la que se extendió su arresto por siete días, se espera que los servicios de inteligencia israelíes terminen esta semana el proceso de interrogatorios. Mientras tanto permanece encerrada en la cárcel de Hasharón, en el norte de Tel Aviv, y se la traslada para ser interrogada en un centro de interrogatorios en la ciudad israelí de Ashkelón, cercana a la Franja de Gaza.
La familia de Ruiz Sánchez denunció hoy en un comunicado que Israel prosigue “con larguísimos interrogatorios” sobre ella “sin que medie ningún cargo” en su contra, y dijo que “la diplomacia española y europea deberían tomar su caso como auténtica prioridad”.
Según agregó, Ruiz Sánchez mantiene que es inocente y niega las sospechas en su contra, que aún no han derivado en cargos formales.
A su vez, familiares y allegados lamentaron que esta trabajadora humanitaria tiene “problemas de salud” y se le “está sometiendo a un trato que puede afectar a su situación sanitaria y psicológica”.
En los últimos días se puso en marcha una intensa campaña para pedir su liberación que ha tenido difusión por redes sociales y entre movimientos sociales, grupos de solidaridad con la causa palestina y miembros de partidos políticos españoles.
Más de 2.000 personas, incluyendo escritores, artistas, políticos y cargos públicos españoles, firmaron también un manifiesto pidiendo su liberación inmediata. A su vez, un grupo de 15 eurodiputados de los grupos de la Izquierda y los Verdes solicitó hoy al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, la mediación de la Unión Europea en el caso.