Trabajar como periodista bajo la ocupación rusa en Ucrania: “Solo podía esperar un golpe de kaláshnikov o torturas”

El día que comenzó la invasión rusa de Ucrania, el pasado 24 de febrero, Vladyslav Hladkyi sintió el impulso de grabar el inicio de los combates en Jersón –ciudad del sur donde vivía con su pareja, también periodista, que fue ocupada por el Ejército de Vladímir Putin poco después–, pero dice que fue imposible acceder a la zona. Fue el comienzo de cinco meses de trabajo clandestino, en los que se escondió constantemente para seguir con su labor informativa.

A principios de marzo, según cuenta, varios hombres armados fueron directamente a su apartamento y llamaron a la puerta, lo que, a su juicio, demuestra que estaban “en el punto de mira”. “Esperé 20 largos minutos sin moverme, en silencio. Presa del pánico, reseteé uno de mis teléfonos del trabajo para borrar toda la información”, dice el hombre de 44 años en uno de los tres testimonios recopilados y publicados este martes por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Después de este episodio, se marcharon de allí. “Pero los soldados rusos volvieron cuatro veces para interrogar a los vecinos y tratar de averiguar dónde estábamos”.

Según relata Hladkyi, desde el comienzo de la invasión, en la ciudad “se buscaba a los periodistas, así como a los activistas o cargos electos, o cualquiera que pudiera obstaculizar los esfuerzos de propaganda del Estado ruso”. “Nuestros nombres, nuestros rostros, eran relativamente bien conocidos en Jersón, teníamos miedo de ser denunciados”. Cuenta que, tras dar a entender en sus redes sociales que estaba en Polonia, trabajó activamente en la ciudad para su medio, recabando información, verificándola y publicando resúmenes en Telegram, pero lo más duro vino cuando se cortaron las comunicaciones.

Denuncia un “acoso permanente” que los puso a prueba. “A veces tenía la tentación de dejarlo todo, de quedarme en un rincón y ponerme a llorar. Sentía que no estaba haciendo lo suficiente y que mi trabajo no tenía sentido. La única respuesta que podía esperar era, en el mejor de los casos, un golpe de kaláshnikov de los rusos, y en el peor, torturas. Pero para aguantar, tenía que seguir escribiendo”. Ya al límite de sus fuerzas, Hladkyi consiguió salir de Jersón a principios de julio cruzando unos 40 controles.

RSF habló a principios de este mes por teléfono con periodistas de tres regiones del sur y el este de Ucrania que han descrito cómo es trabajar bajo la ocupación rusa. La entidad explica que ha verificado su trayectoria con sus compañeros y otras fuentes locales y que está documentando estos casos “para responsabilizar a las autoridades rusas por sus crímenes de guerra contra los periodistas”.

“Los que permanecen en los territorios ocupados son perseguidos sistemáticamente por las fuerzas rusas, en su afán por difundir su propaganda y eliminar a los profesionales que puedan contrarrestar el discurso oficial del Kremlin. Intentan reproducir brutalmente en estas zonas la burbuja de desinformación construida en Rusia”, dice en una nota Jeanne Cavelier, responsable del Área de Europa del Este y Asia Central de RSF.

Forzada a colaborar

Entre los testimonios divulgados por RSF también está el de Olena (nombre ficticio), una periodista de 37 años en la región de Lugansk –en el Donbás, al este del país– que explica que, tras el 24 de febrero, dejó de ir a la redacción y comenzó a trabajar desde casa. A principios de marzo, el Ejército ruso ocupó su ciudad y se cortaron las comunicaciones móviles. Dice que sintió “mucho miedo” y casi no salía. “En una localidad pequeña como la nuestra, cuando eres periodista, todo el mundo te conoce. No se puede trabajar como antes. Imposible no caer en la autocensura. Evité todo lo que podía sonar a antirruso”.

Olena relata cómo fue detenida en abril al salir de su casa, trasladada con los ojos tapados, interrogada durante seis horas y forzada a colaborar con los rusos. Junto a ella estaban su compañera y la jefa de la redacción. “Los ocupantes nos ofrecieron tres opciones: prisión, ‘deportación’ o colaboración. Para mí, la ‘deportación’ no era una opción, porque no sé qué significaba, dónde nos iban a liberar (...). La directora, solo podía ‘elegir’ entre la colaboración y la cadena perpetua o la pena de muerte. Con el miedo en el estómago, ‘aceptamos’ la colaboración”.

La periodista cuenta que, unos días más tarde, tres hombres uniformados fueron a la redacción. “Era un auténtico comando de intimidación. Teníamos que publicar tres ‘artículos’ al día de la agencia de información de la [autoproclamada] República Popular de Lugansk –territorio separatista reconocido por el Kremlin–. Nos vemos obligadas a difundir esta propaganda que celebra los ‘éxitos’ del ocupante, como la apertura de cualquier servicio administrativo. Un militar valida nuestras palabras a través de un chat común de Telegram”.

“Vivimos con el temor de dar un paso en falso y ser detenidas. Una presión insoportable”. Después de que otro hombre llegara a su barrio buscándola, decidió huir y ahora trabaja como redactora en otro medio ucraniano, según su testimonio.

Bajo el fuego en Mariúpol

Por último, la organización especializada recoge el caso de Yuliia Harkusha, de 42 años, que trabajó en la devastada ciudad portuaria de Mariúpol, ahora bajo ocupación rusa tras semanas de intensos combates. Relata las dificultades de trabajar sin conexión, pero quería documentar a toda costa los horrores en la ciudad.

“He trabajado siete años para un informativo de televisión. Pensé que lo había visto todo (...) Pensé que este cinismo profesional, este caparazón, me ayudaría a soportar los horrores de la guerra. Pero es imposible prepararse para lo que nos hicieron los rusos”, dice. “Las fosas comunes en los patios de los edificios, los vecinos enterrando a sus vecinos, los destrozos, los saqueos… A pesar del riesgo, cada minuto, de ser asesinada, durante tres semanas observé, fotografié y grabé, corriendo bajo el fuego, acompañada por mi hijo de seis años en patinete”, dice.  

Harkusha dice que todos sus vecinos sabían que era periodista y era “un blanco prioritario para el Ejército ruso”. “Por mi trabajo, conozco a muchos soldados locales, se puede encontrar fácilmente mis artículos en Internet, y también trabajo como fixer (ayudante editorial) para periodistas extranjeros. Los rusos podrían sacarme mucha información confidencial y encarcelarme para dar un golpe de efecto”. Logró salir de la Mariúpol sitiada el 19 de marzo. “Para poder irme, tuve que destruir todo cuando salí de la ciudad, pero esos reportajes permanecerán grabados en mi memoria”.

RSF ha registrado que ocho periodistas han sido asesinados durante los seis primeros meses de invasión en Ucrania, “algunos deliberadamente, por las fuerzas rusas” y ha interpuesto seis denuncias en la Corte Penal Internacional (CPI) y la Fiscalía general ucraniana. El Comité para la Protección de los Periodistas, por su parte, denuncia la muerte de 12 reporteros mientras cubrían la guerra.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos ha documentado también la detención arbitraria y posibles desapariciones forzadas de periodistas en zonas que se encuentran bajo el control del Ejército ruso, mientras que expertos designados por la ONU, incluido la relatora especial sobre libertad de expresión, han mostrado su preocupación por el riesgo que corren estos profesionales en el país, citando “numerosas informaciones” de que están siendo “atacados, torturados, secuestrados, agredidos y asesinados, o se les niega el paso seguro desde las ciudades y regiones sitiadas”.

“Durante los conflictos armados los periodistas son considerados civiles y deben ser protegidos como tales. Un ataque para matar, herir o secuestrar a un periodista constituye un crimen de guerra”, denunciaron en un comunicado el pasado mayo. “Recordamos que es precisamente en tiempos de guerra y de conflicto armado cuando el derecho a la libertad de expresión y al libre acceso a la información debe defenderse enérgicamente, ya que es fundamental para promover una paz duradera, comprender la naturaleza del conflicto y garantizar la rendición de cuentas”.