El escáner de seguridad de la entrada del edificio sirve de cajonera de espráis. En el suelo, una decena de extintores para actuar con rapidez ante cualquier ataque. Un par de jóvenes ataviadas de negro hacen guardia en el vestíbulo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Otro grupo de mujeres, en tejanos y camiseta, conversan distendidamente. La sede del organismo gubernamental en el centro histórico de la Ciudad de México es hoy un búnker feminista.
“Es la concreción de años de trabajo. Es nuestro bastión, aunque todavía sea un paso pequeño”, señala a elDiario.es una de las activistas que desde el pasado 3 de septiembre ocupan el edificio. Ya no hay espacio en las paredes para expresar tanto hartazgo por tantos motivos: una decena de feminicidios al día en México, el país del mundo con más abuso sexual a menores según la OCDE, seis de cada diez mexicanas víctimas de la violencia y una impunidad superior al 95%, entre otras aberraciones catalizadas en el mural de una llama y una mujer encapuchada que preside el barandal superior bajo el lema ‘Mujeres Luchando’.
El grupo de feministas, organizadas entorno al Bloque Negro —sin relación con los grupos black block de otras partes del mundo— , ha resumido un sinfín de reivindicaciones en un pliego de 14 puntos que van desde su inmunidad, la rendición de cuentas y la protección a la víctima hasta la instalación de una ducha. “De aquí no nos vamos, esto ya es de las mujeres”, zanja una activista. Ninguna de ellas revela su nombre, edad u ocupación, tanto por su seguridad como para evitar protagonismos en un movimiento horizontal.
Las autoridades tampoco tienen previsto sacarlas a la fuerza, según el compromiso expresado por la Secretaría de Gobernación —Ministerio del Interior— en conversaciones con las feministas, que han acercado la posibilidad de que se acepte otra de sus demandas: la liberación de Elis Hernández, universitaria de 24 años detenida en agosto, cuatro meses después de ocupar su facultad en la periferia de Ciudad de México.
La Policía ha disuelto la ocupación de otra sede de la CNDH en Ecatepec, en esos mismos lindes capitalinos donde, fuera del foco mediático, las mujeres denuncian haber sido golpeadas por funcionarios públicos una vez presas.
“Hay una criminalización y persecución de la protesta —agrega otra encapuchada sobre una de las razones de la desmovilización estudiantil—. Cuando salimos de aquí nos hacen seguimientos, nos paran los agentes para amedrentarnos. El acoso policial se ha vuelto peligroso”. Ese hostigamiento ha obligado a las feministas a extremar las precauciones como no salir solas, vigilar los coches sospechosos y evitar el uso de la red wifi del edificio.
Hacia las cinco de la tarde una decena de mujeres se reúne en el comedor, la antigua sala de juntas, para almorzar un arroz con pollo o zanahoria. En la oficina adjunta se lee la consigna “no perdonamos ni ¡olvidamos!”. En ese despacho de la presidenta de la CNDH arrancó la simbólica protesta cuando la madre de una niña violada se encadenó a la mesa después de la enésima reunión sin recibir respuestas concretas sobre su caso. El espontáneo acto recibió el apoyo de varios colectivos de madres de desaparecidos y acabó en la ocupación por parte de grupos feministas. “No es una protesta contra este organismo, sino contra todo un sistema que ha desatendido los derechos y la vida de las mujeres”, aseguran.
Rosa —nombre ficticio— llegó al edificio hace tres días desde Guadalajara junto a su hija de 12 años. En 2012 se separó de su marido después de meses de golpes a ambas. El maltrato psicológico continuó durante siete años hasta que el agresor la engañó para llevarse a sus otras dos hijas (de 10 y 8 años) e internarlas en un hogar de menores alegando que la madre les pegaba. “He ido a una, dos, tres instituciones y no me hacen caso. Nunca resolvieron mi denuncia por maltrato y ahora tampoco el proceso para devolverme a mis niñas, porque no hay elementos para inculparme. La Justicia es muy lenta. Vine aquí para cambiar eso y porque es el único lugar donde entienden mi dolor”, explica la mujer, de unos 40 años.
Hace unos días habló por teléfono con una de sus hijas, a la que que no ha podido ver desde hace un año:
—Estoy cerquita del presidente —le dijo entre lágrimas en referencia a los 900 metros que separan la sede de la CNDH del Palacio Nacional.
—¿Le vas a decir que nos saque de aquí? —le respondió la pequeña.
Su hija de 12 años pulula de un lado para el otro: “Tenemos que quedarnos aquí, es como mi familia. Me gusta porque son puras mujeres y quiero aprender de ellas y ayudarlas. Sé que han sufrido mucho”.
Uno de los principales objetivos de la Okupa es convertir las instalaciones en un refugio de mujeres. “Hay una falta de espacios para mujeres, mucha desatención”, considera una activista.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amagó al inicio de su mandato con retirar las subvenciones a la Red Nacional de Refugios, la organización civil que lidera la protección a víctimas con más de 67 albergues de máxima seguridad. El Gobierno ha planteado un modelo paralelo con escasa implementación y una línea telefónica de emergencia, pero sin ofrecer planes integrales y acciones concretas para atajar una violencia machista que sigue en aumento.
Para el mandatario, el fin de la violencia en general en México pasa por erradicar la pobreza. Bajo esa premisa, su gobierno ha priorizado la entrega de ayudas sociales por transferencia directa mientras recorta el presupuesto en políticas de género. “Lo del presidente es una falta de respeto hacia las mujeres, porque convierte la violencia machista en una cuestión de clases. Sólo pretende invisibilizarnos”, replica una de ellas.
AMLO ha omitido la violencia contra las mujeres de su discurso y en las contadas ocasiones que ha hablado al respecto, ha negado un incremento de esas agresiones, ha asegurado que el 90% de las llamadas de auxilio son falsas y suele diluir los feminicidios entre la criminalidad en general. El presidente ha restado importancia a la toma de la CNDH, reduciéndolo a rencillas personales y un asunto político “abrazado por el conservadurismo y magnificado” para perjudicarle.
Asimismo, López Obrador ha acusado a las manifestantes de “vandalismo” por dibujar sobre el retrato de Francisco I. Madero, entre otros lienzos de próceres que intervinieron las okupas. Una de las que pintaron el retrato del expresidente fue una niña violada a los 7 años por su padrastro. “¡Cómo se indigna [AMLO] por este cuadro! ¿Por qué no se indignó cuando abusaron de mi hija? Este cuadro no siente, mi hija sí”, responde Erika Martínez, la madre de la menor, en una de las contestaciones que, igual que el cuadro alterado, se han vuelto icono de la lucha feminista.
Tres años después, el violador sigue libre y Erika y su hija tuvieron que abandonar su vivienda. Encontraron un hogar en ese número 60 de la calle Cuba. “Hemos instalado una mesa de trabajo con la CNDH y otras instancias para analizar los casos. Cada día nos vienen de cinco a ocho mujeres para pedir ayuda y canalizamos sus denuncias. Pretenden (el gobierno) que trabajemos conjuntamente para dar largas a las reclamaciones y que nos cansemos”, apunta Erika a este diario. Varias de las salas se encuentran cerradas bajo llave con un letrero de 'clausurado', donde se resguarda toda la documentación de la CNDH, que ningún funcionario ha acudido a recoger pese al ofrecimiento de las ocupantes.
Recién tomado el edificio, Erika se asomó al balcón para exhibir varias bolsas con generosos cortes de carne hallados en el congelador del edificio, lo que blandieron como muestra del despilfarro y omisión de los encargados de velar por los Derechos Humanos en el país. A su lado se encontraba Yesenia Zamudio, madre de Marichuy, estudiante acosada por uno de sus profesores, quien supuestamente la asesinó en 2016 al arrojarla de un quinto piso. Desde entonces, Yesenia encabeza el Frente Ni Una Menos y se ha erigido como una de las líderes más mediáticas y activas en la búsqueda de justicia para las madres de víctimas de feminicidio.
Su liderazgo ha chocado con la estructura asamblearia de otros colectivos feministas y se han producido roces por decisiones estratégicas como aceptar ayuda de ciertos entes, abrir mayores canales de negociación o por el manejo del dinero recibido en donaciones. “(Las anarquistas) me están atacando, nos violentan a mí, a mis hijas y al resto de mamás”, dice Zamudio a elDiario.es. El 16 de septiembre abandonó el edificio junto a varias madres de mujeres asesinadas.
También se deslindaron del Bloque Negro las familiares de desaparecidos que, tras siete meses acampadas en el lobby de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), protestan por el incumplimiento de la atención y entrega de ayudas que AMLO les había prometido en campaña. “Nos dicen que el año que viene van a quitar los apoyos para búsquedas (de desaparecidos). Nos sentimos engañadas, pisoteadas, han jugado con nuestro dolor. Él (AMLO) empezó a hacernos una reunión al mes en palacio y ya no hizo más”, se queja Maribel Medina. A su hijo lo secuestraron hace seis años y nunca apareció.
“Siempre abrazaremos la lucha de las madres que tanto han sufrido, pero no podemos tolerar que alguien quiera apoderarse de esta lucha conjunta”, argumentan sobre la ruptura que ha dejado el edificio medio vacío. Las activistas de dentro afirman que suele haber de 30 a 40 mujeres en el edificio y que van entrando y saliendo según las posibilidades y necesidades de cada una. “Es un lugar de tránsito, estamos en un momento de transformación”, justifican. En el momento de la visita había alrededor de 15 personas dentro.
Las horas transcurren entre la limpieza, la cocina, talleres de danza aérea, de prevención de la drogadicción, terapias comunitarias… “Desgasta, claro que la convivencia genera riñas, pero todo anecdótico. Estamos muy juntas, con la capacidad de querer algo más. Esto solo empieza”, apunta una de las encapuchadas que trabaja en el planeamiento de un área de clases en línea para que las niñas y niños sin acceso a internet puedan estudiar durante el cierre de escuelas.
En el patio colonial se amontonan bultos de ropa que la población ha donado y que las feministas han repartido entre la población necesitada. “Ahora nos hace falta ropa negra, rodilleras, cascos y tasers [pistolas eléctricas] para la seguridad sobre todo en las marchas”, agrega una activista. El Bloque Negro pretende mantener la presión en las calles.
En los últimos dos años el movimiento feminista ha escalado los niveles de lucha, llevando a cabo en ocasiones acciones como pintadas de estatuas emblemáticas y destrozo de mobiliario. Esos métodos les han costado numerosas críticas y su criminalización en medios de comunicación. Pero, según ellas, les ha ayudado a ganar apoyo social: “Antes lo hacíamos por la vía pacífica y no se lograba nada. Ya nos cansamos, el feminismo se encapuchó. Y ahora ya sí nos voltean a ver. No es vandalismo, contamos con mucha empatía de la comunidad”. Como ejemplo, la gran cantidad de donaciones de ropa para esta ocupación y la histórica participación en la última marcha del 8-M y la posterior huelga de mujeres.
Una de las activistas se para a responder algunas preguntas de este periodista:
—¿Qué sigue ahora?
—El 28 de septiembre, prepararnos para la marcha (del día mundial por un aborto legal y seguro).
—¿Por qué la necesidad de que en esas marchas no se permita el acercamiento de hombres?
—Por seguridad. En marchas anteriores nos han agredido, hasta nos han tirado ácido. En algunas movilizaciones estudiantiles hay hombres que nos han traído comida que está envenenada o incluso una bomba en una maceta.
—¿Por qué ahora permitirme el acceso a esta ocupación?
—No dejamos entrar hombres porque no estamos dispuestas a educar a acosadores. Pero entendemos que haya prensa extranjera con sólo un corresponsal hombre y queremos que esta lucha sea mundial y llegue a otros lados.
—¿Consideran esta ocupación un referente del movimiento feminista?
—Nos consideramos hermanas. Vamos por pasos, recién estamos armando esto.
En las protestas han participado jóvenes de Suiza, Estados Unidos, Chile, Argentina y España, según cuentan sobre la aspiración de internacionalizar la lucha. Aunque el feminismo mexicano todavía no se ha articulado entre diferentes regiones del país.
En la fachada de la antigua sede de la CNDH cuelgan centenares de fotografías de mujeres asesinadas, violadas o desaparecidas entre consignas que claman justicia. Del balcón pende una bandera nacional que reza ‘México Feminicida’, retirada de lo alto de un mástil donde ahora ondea una bandera morada.
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