La exlíder birmana depuesta y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, ha sido condenada este lunes a cuatro años de prisión en la primera sentencia por los diversos juicios a los que se enfrenta bajo la junta militar que tomó el poder en un golpe de Estado del pasado 1 de febrero en Birmania (Myanmar).
Fuentes cercanas al juicio, que no pueden identificarse por miedo a represalias por parte de la junta, han precisado que Suu Kyi, de 76 años, fue sentenciada a dos años de cárcel por el delito de incitación contra los militares y otros dos años por vulnerar las normas de la COVID-19.
El delito de incitación, según el artículo 505(b) del Código Penal, se refiere a varios comunicados enviados por el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia (LND), para oponerse al reconocimiento de la junta militar poco después del golpe. La violación de las normas por la pandemia se debe a varios actos electorales celebrados por Suu Kyi antes de las elecciones de noviembre de 2020.
La exmandataria fue sentenciada en una vista en la capital por un tribunal que impuso la misma condena por cargos idénticos al presidente depuesto, Win Myint, y una pena de dos años de cárcel para el exgobernador de Naipyidó, Myo Aung, por vulneración del artículo 505(b). El tribunal no precisó a qué prisión serán enviados los detenidos, que durante el proceso han estado aislados por los militares y han tenido acceso limitado a sus abogados. La sentencia también implica la inhabilitación política de los detenidos en el hipotético caso de que la junta celebre elecciones, algo que ha prometido sin fijar una fecha aún.
“Cargos falsos”
“Las duras sentencias contra Aung San Suu Kyi por estos cargos falsos son el último ejemplo de la determinación del Ejército de eliminar cualquier oposición y suprimir las libertades en Birmania”, ha indicado el subdirector de Campañas de Amnistía Internacional en Asia, Ming Yu Hah. “La decisión absurda y corrupta del tribunal es parte del patrón devastador de castigos arbitrarios que han provocado más de 1.300 personas muertas y miles de detenidos desde el golpe de Estado en febrero”, ha agregado Ming.
La activista ha recordado que hay miles de detenidos sin el perfil de Suu Kyi que se enfrentan a la “terrible posibilidad” de años en la cárcel por ejercer pacíficamente sus derechos a la protesta y disentir con la junta militar. Contra la premio Nobel de la Paz penden una decena de casos presentados tras la toma de poder por los uniformados, entre ellos acusaciones de corrupción, saltarse regulaciones de telecomunicaciones y violar la ley de secretos oficiales, todas castigadas con penas de cárcel. Los abogados de Suu Kyi, a los que la junta militar ha prohibido hablar con los medios de comunicación, señalan que su representada niega todas las acusaciones presentadas en su contra.
Fuera del país, la reputación de la controvertida Nobel de la Paz nunca se recuperó de la persecución a los rohingyas, aunque dentro seguía siendo un icono querido.
Aislamiento de la Junta birmana
El Consejo de Seguridad de la ONU, numerosos Gobiernos como los de Estados Unidos, Reino Unido y Japón y la Unión Europea han pedido la liberación de Suu Kyi y otros detenidos por la junta militar liderada por el general Min Aung Hlaing.
El líder militar ha sido excluido de las últimas cumbres y reuniones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) por no cumplir con unos acuerdos del pasado abril para sobre el cese de la violencia y abrir un proceso de diálogo. El primer ministro de Camboya, Hun Sen, cuyo país preside en la ASEAN en 2022, afirmó hoy su intención de viajar a Birmania para entrevistarse con los militares, que se encuentran cada vez más aislados del exterior, excepto por los contactos diplomáticos con Rusia y China.
El golpe de Estado sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas. El Ejército justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.
Al menos 1.303 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, según los partes diarios de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también cifra en más de 10.000 los opositores detenidos, entre ellos Suu Kyi.