Al final no ha habido cámaras en el interior del tribunal, ni la famosa fotografía policial, ni le han esposado, ni lo han retenido en ninguna celda. Pero eso no ha retirado el adjetivo de inédito a la escena: por primera vez en la historia, un presidente de EEUU, en activo o retirado, se ha entregado a las autoridades para la toma de huellas dactilares y la lectura de cargos de su procesamiento.
Donald Trump se ha declarado este martes “no culpable” ante el juez de Nueva York de los 34 cargos de los que está acusado por los pagos para comprar el silencio de una actriz porno, Stormy Daniels coincidiendo con la campaña electoral de 2016. Todos los cargos imputados están relacionados con la falsificación de documentos comerciales, unos cargos que, en caso de prosperar, podrían llevarlo a la cárcel un máximo de cuatro años.
El documento de imputación menciona otros casos similares del expresidente, como el pago a la modelo Playboy Karen McDougal, intentando desvelar una red de pagos para ocultar los escándalos del entonces candidato.
El magnate ha salido el martes por la mañana de su torre homónima en Nueva York y se ha dirigido hacia el Tribunal Penal de Manhattan, donde le esperaban cientos de periodistas y unos pocos seguidores, congregados en una tímida manifestación en el parque frente a la sede judicial. “Hoy es el día en el que un partido político gobernante arresta a su principal oponente por no haber cometido ningún crimen”, ha dicho el expresidente horas antes en un comunicado, insistiendo en la narrativa de que está siendo víctima de una persecución política.
Minutos antes de su llegada al tribunal, el expresidente ha publicado el siguiente mensaje: “Parece surrealista. Wow, me van a detener. No me creo que esto esté pasando en EEUU”.
En el interior de la sede judicial, el juez Juan Merchan le ha leído los cargos que conforman su imputación, que ya fueron aprobados por un gran jurado el jueves pasado, pero que se han mantenido sellados hasta la fecha. El fiscal de distrito, Alvin Bragg, lo acusa de encubrir los pagos a Daniels y McDougal, así como a un portero de la Torre Trump, para comprar su silencio en 2016, en plena campaña electoral, sobre una relación extramatrimonial que habían mantenido diez años antes.
A pesar de que el pago para acallar un escándalo mediático no es delito en Nueva York, sí lo sería la falsificación documental a la que Trump habría recurrido para reembolsar el dinero del soborno a su abogado, Michael Cohen (que ya confesó en 2018). Un delito menor que podría ser agravado si se demuestra que la falsificación sirvió para la comisión de otro crimen, como la violación de la ley electoral.
Así lo ha remarcado el fiscal Bragg en una rueda de prensa posterior: “Treinta y cuatro declaraciones falsas hechas para encubrir otros delitos. Estos son delitos criminales en el estado de Nueva York”, donde, a pesar de la impunidad con la que ha actuado Trump, “todo el mundo es igual ante la ley”.
Después de su declaración, Trump se ha puesto en marcha hacia su residencia privada de Mar-a-Lago (en Florida), desde donde tiene previsto dar discurso a las 2:15 hora española. Ante la previsión de un tono incendiario, el magistrado ha pedido a los abogados del magnate que “se abstenga de hacer declaraciones que puedan incitar a la violencia o disturbios civiles”. La próxima vista judicial de Trump está prevista para el 4 de diciembre, en un juicio presidido por el magistrado Merchan, quien ya llevó el juicio en el que se condenó por fraude fiscal a la Organización Trump y supervisó el caso de fraude criminal del exasesor Steve Bannon.
Por su parte, la Casa Blanca ha mantenido un perfil bajo, evitando comentar sobre este caso, desde que Trump anunció que iba a ser detenido hace dos semanas. En su rueda de prensa diaria, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha sido acribillada a preguntas sobre el asunto, pero ha evitado centrar en él su discurso. “Es un caso en curso, y no vamos a dar comentarios sobre ello. El presidente se va a enfocar en los americanos, como hace cada día”.
La concentración trumpista fracasa
En el exterior de la sede, donde Trump había alentado a sus seguidores a que protestaran para “recuperar la nación”, tan solo unas decenas de sus seguidores más fieles se han presentado. La congresista republicana Majorie Taylor Greene, una de las mayores aliadas de Trump en el Capitolio, ha liderado la concentración convocada ante el juzgado de lo penal de Manhattan.
“Mientras permiten el crimen en sus calles, envían a sus secuaces aquí (a presidir el tribunal)... Los demócratas son el partido de la violencia”, ha dicho, megáfono en mano, rodeada de más periodistas que manifestantes, en una concentración donde también ha acudido George Santos, un congresista conocido por haberse inventado gran parte de su currículum para ser elegido por Nueva York en la Cámara de Representantes. Diez minutos después ha abandonado la convocatoria.
Nada hace esperar que se dé algo parecido al asalto al Capitolio, como algunos medios habían presagiado debido al tono incendiario que ha usado el magnate en los últimos días. Para prevenirlo, el alcalde demócrata de la ciudad, Eric Adams, puso el lunes en alerta a más de 35.000 agentes de policía y llamó a la calma ante la posibilidad de disturbios: “Hay algunos provocadores pensando en venir a nuestra ciudad mañana. Nuestro mensaje hacia ellos está claro: controlaos. Nueva York es nuestro hogar y no un patio de escuela donde venir a sacar vuestro odio”.
Además, para prevenir la espectacularización mediática del caso, el juez Merchan rechazó la petición de los principales medios estadounidenses para que hubiera cámaras durante la comparecencia de Trump. Es algo habitual en los casos de este tribunal de Manhattan, pero la relevancia del caso llevó a las televisiones a pedir al magistrado que hiciera una excepción. Si han podido entrar, en cambio, hasta cinco fotógrafos acreditados -tan solo algunos minutos antes de la comparecencia- y las cámaras de vídeo únicamente han podido llegar hasta los pasillos.
En un escrito, Merchan justificaba su decisión, dando la razón a los abogados de Trump, alegando que la presencia de cámaras tan solo hubiera contribuido a crear un “ambiente de circo” y, por motivos de seguridad, “inevitablemente resultaría en perjuicios”. Aun así, el juez ha reconocido a las televisiones que se trata de “un asunto de importancia monumental”, ya que en la historia de EEUU “nunca un presidente en ejercicio o anterior ha sido acusado de cargos penales”. Además, para no perjudicar el caso, no se han tomado las habituales fotografías policiales, de frente y de perfil, por el miedo a que una posible filtración de las mismas pueda embarrar el caso.
Cada vez más acorralado, Trump busca ganar tiempo
Esta es la primera imputación de Trump de la larga lista de causas judiciales pendientes con la justicia: el intento de amañar las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia, los documentos clasificados requisados de su residencia privada de Mar-a-Lago (en Florida) o su papel protagonista en el asalto al capitolio en 2021, la mayor afrenta a la democracia estadounidense en la era moderna.
En todas esas causas, el magnate está usando tácticas dilatorias para alargar el proceso todo lo posible y crear el caldo de cultivo perfecto de cara al tramo final de su campaña electoral, a finales del próximo año. Este caso no ha sido distinto. Esta mañana ha inundado su cuenta de Truth Social -su propia red social, que se ha convertido en su principal ventana de comunicación con el mundo- con mensajes que reiteraban la retórica de victimista del expresidente y donde ha instado a un cambio de sede judicial y de juez.
“Es una sede muy injusta, en algunas áreas (de Manhattan) solo el 1% votó republicano. Este caso debería llevarse a Staten Island”, ha dicho, sugiriendo otro barrio neoyorkino donde la gran mayoría de los votantes son republicanos. Después de esta propuesta, ha pasado al ataque del juez Merchan: “él y su familia son conocidos odiadores de Trump. Ya fue muy injusto en otro caso”, ha dicho en referencia al magistrado que condenó a la Organización Trump (aunque excluyó de la condena al expresidente).
Rédito político y económico de la imputación
Desde el mismo día que él mismo avanzó que iba a ser imputado, Trump se ha estado beneficiando de la situación, tanto política como económicamente. En primer lugar, sus rivales oficiales e hipotéticos de cara a las primarias han cerrado filas con él, y han acusado a la justicia de fabricar una imputación políticamente motivada. Esta narrativa lo ha catapultado hacia los mejores resultados en las encuestas desde que anunció su candidatura: tiene el apoyo del 57% de los votantes republicanos, 26 puntos por encima de Ron DeSantis. Todo ello ha hecho que Trump recupere la imagen de líder que muchos republicanos empezaron a cuestionar en noviembre, después de unos decepcionantes resultados en las elecciones de medio mandato.
“Estoy impresionado por todas las donaciones, el apoyo y las oraciones que he recibido”, ha dicho el expresidente en un comunicado este martes a sus seguidores, a quien se refiere como “patriotas”. Trump está utilizando la imputación para recaudar más dinero para su campaña: en el día previo a su entrega en los tribunales ha conseguido más de un millón de dólares, y ya son más de 7 millones desde que se supo la noticia el jueves pasado. Así lo ha divulgado su equipo de campaña, que ya se ve victorioso en una carrera electoral que apenas acaba de empezar y que culminará el 5 de noviembre del 2024.
Pero primero tendrá que ganar las primarias republicanas, una batalla donde cada vez hay más competidores. El último a anunciar su candidatura ha sido el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, que este domingo se ha mostrado muy crítico con el papel incendiario de Trump: “Estoy convencido que la gente quiere líderes que apelen a la mejor parte de los estadounidenses, y no simplemente a nuestros peores instintos”. Hutchinson ha pedido públicamente al magnate que renuncie a los comicios, dado que la imputación supondrá “demasiada distracción y espectáculo” en plena campaña electoral.