La Fiscalía de Turquía pedirá la puesta en libertad de unas mil personas sospechosas de mantener vínculos con los responsables del fallido golpe militar de 2016, al desestimar los indicios de comunicaciones informáticas en los que se basaba la acusación.
Tras el intento de golpe, que Ankara atribuye a los seguidores del predicador exiliado Fethullah Gülen, las autoridades turcas detuvieron a miles de personas bajo la acusación de haber utilizado Bylock, un programa de mensajería cifrada para móviles que según la Fiscalía fue desarrollado especialmente para la cofradía.
Según datos oficiales, el programa tenía unos 215.000 usuarios en Turquía, todos ellos sospechosos de formar parte de la red gülenista, pero ahora, la Fiscalía admite que unas 11.480 personas se conectaban a la IP de Bylock sin saberlo, informa la agencia semipública turca Anadolu.
“Pediremos la puesta en libertad de aproximadamente mil personas, que cumplen prisión preventiva en diferentes provincias, y en cuyos casos se ha verificado que se conectaban a Bylock, pero sin que haya ningún otro indicio”, dijo el fiscal jefe de Ankara, Yüksel Kocaman, a la citada agencia.
Explicó que el teléfono móvil de cualquier ciudadano podía conectarse a la IP de Bylock si se hacía clic en determinados anuncios publicitarios, sin que el usuario lo supiera.
El fiscal atribuyó el desarrollo de estas aplicaciones a un trabajador del Consejo de investigación científica y tecnológica (Tübitak), un cuerpo público, y aseguró que este había huido de Turquía cuatro días después del fallido golpe.
Kocaman admitió que la sospecha de haber utilizado Bylock “es uno de los indicios más importantes” para ser acusado de vínculos con la cofradía y añadió que “esto seguirá siendo así”.
Los seguidores de Gülen estuvieron ampliamente representados en la Judicatura, Policía y Administración y hasta 2013 fueron firmes aliados del Gobierno, pero a partir de otoño de ese año se enfrentaron al Ejecutivo en una dura lucha de poder.
Unas 50.000 personas se hallan en prisión preventiva por supuestos lazos con los instigadores del golpe de 2016 y unos 120.000 funcionarios han sido expulsados de la carrera, a lo que se añaden otros 20.000 profesores de la enseñanza concertada.
Varios periodista y defensores de derechos humanos cumplen prisión preventiva bajo la acusación de ser usuarios de Bylock y, por lo tanto, tener lazos con la cofradía, entre ellos el presidente de la rama turca de Amnistía Internacional, Taner Kiliç.