La UE acuerda endurecer las sanciones a Bielorrusia tras el secuestro de un avión para detener a un periodista crítico
La UE ha decidido endurecer sus sanciones a Bielorrusia. Los líderes de la UE ya lo encarrilaron hace cuatro semanas en una cumbre en Bruselas, y ese lunes lo han concretado los ministros de Exteriores de los 27 reunidos en Luxemburgo tras un desayuno con la líder de la oposición de Bielorrusia, Sviatlana Tsikhanouskaya.
Así, el Consejo de Exteriores ha decidido imponer sanciones contra 78 personas y 8 entidades bielorrusas “a consecuencia de la escalada de graves violaciones de derechos humanos en Bielorrusia y la violenta represión de la sociedad civil, la oposición democrática y los periodistas”.
Siete de estas personas y una entidad han sido incluidas por su relación “con el aterrizaje forzoso e ilegal de un vuelo de Ryanair en Minsk, Bielorrusia, el 23 de mayo de 2021, que puso en peligro la seguridad del tráfico aéreo, y la detención por parte de las autoridades bielorrusas del periodista Raman Pratasevich y Sofia Sapega”, afirman los ministros de Exteriores de la UE.
Entre los objetivos de las sanciones se encuentran también “varias figuras empresariales destacadas que apoyan y se benefician del régimen de Lukashenko”. Por lo tanto, dice el Consejo de la UE, “estas sanciones envían una señal contundente a los partidarios del régimen de que su apoyo continuo a Aleksandr Lukashenko tiene un coste sustancial”.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, explicaba que es “un paquete de sanciones amplio” que incluye “sanciones económicas, que afectan a la economía a sectores directamente vinculados a las exportaciones”. El propio Alto Representante reconocía: “Las sanciones son una forma de presionar al gobierno de Bielorrusia. Van a dañar severamente a la economía de Bielorrusia. ¿Qué esperas con el castigo? Cambiar su comportamiento. Normalmente nos atenemos a medidas que afectan a las personas, porque cuando afectamos a la economía de un país afectamos a las personas, y nosotros tratamos de no tocar a las personas que no tienen nada que ver. Y esto va a afectar la economía, a la gente; pero el gobierno no cambia de actitud. Hay más de 500 presos políticos. Debemos utilizar todos los medios que podamos. Y las sanciones económicas están ahí para eso”.
Las sanciones de la UE a Bielorrusia se aplican ahora a un total de 166 personas y 15 entidades. “Los designados están sujetos a una congelación de activos, y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a disposición de aquellos que figuran en la lista. Además, las personas físicas están sujetas a una prohibición de viajar, que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE”.
La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, afirmaba a su llegada a Luxemburgo sobre las sanciones “por las violaciones de derechos humanos, por la represión hacia la oposición y por las dificultades que están creando para la convivencia dentro del país. Unas medidas que se añaden a la batería de medidas que se han ido tomando en estos últimos meses y tras el incidente con el avión de Ryanair, que muestra determinación de la Unión Europea a apoyar a la oposición y a la convivencia dentro de Bielorrusia”.
En efecto, a finales de mayo, los líderes de la Unión Europea aprobaron nuevas sanciones a Bielorrusia por el secuestro de un vuelo de Ryanair para detener al periodista Roman Protasevich y su compañera, Sofia Sapega. Los líderes de la UE ya pidieron “la liberación inmediata de Raman Pratasevich y Sofia Sapega” y llamaron al Consejo “a que adopte listas adicionales de personas y entidades lo antes posible sobre la base del marco de sanciones pertinente”, además de pedir “nuevas sanciones económicas específicas” y de invitar al Alto Representante ya la Comisión Europea a “presentar propuestas sin demora a tal efecto; pide a todas las compañías aéreas de la UE que eviten sobrevolar Bielorrusia” y pedir al Consejo que adopte “las medidas necesarias para prohibir el sobrevuelo del espacio aéreo de la UE por parte de compañías aéreas bielorrusas e impedir el acceso a los aeropuertos de la UE de vuelos operados por dichas compañías aéreas”.
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