Bruselas da hasta fin de mes a Boris Johnson. O retira el proyecto de ley de aduanas que vulnera el derecho internacional al quebrar unilateralmente el acuerdo del Brexit en lo referente al protocolo de Irlanda del Norte o llevará a Reino Unido a los tribunales. Es la conclusión que ha sacado el vicepresidente de Relaciones Institucionales, Maros ŠefÄoviÄ, después de la reunión del comité UE-Reino Unido con su homólogo británico este jueves en Londres.
Según un comunicado difundido por el Ejecutivo comunitario, ŠefÄoviÄ pidió al gobierno del Reino Unido “que retire estas medidas del proyecto de ley en el menor tiempo posible y, en cualquier caso, antes de fin de mes: al presentar este proyecto de ley, el Reino Unido ha dañado gravemente la confianza entre la UE y el Reino Unido. Ahora le toca al gobierno del Reino Unido restablecer esa confianza”.
El vicepresidente de la Comisión Europa, así, “recordó al gobierno del Reino Unido que el acuerdo de retirada contiene una serie de mecanismos y recursos legales para abordar las violaciones de las obligaciones legales contenidas en el texto, que la Unión Europea no dudará en utilizar”.
De esta manera, la Unión Europea se prepara para llevar a Reino Unido a los tribunales por la decisión de Boris Johnson de hacer trizas un acuerdo que él mismo firmó después de tres años de negociaciones entre las dos partes para hacer efectivo el Brexit, como así ocurrió el 31 de enero. Londres quiere reescribir el protocolo de Irlanda, introducido para cuadrar el círculo de que Irlanda del Norte se sale de la UE mientras la república de Irlanda sigue en la UE dentro del mercado único e interno comunitario, y el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 prevé que no puede haber nunca más una frontera dura entre las dos Irlandas.
Pues como ahora Johnson teme que lo que él mismo firmó puede crear una suerte de unidad entre las Irlandas o una frontera entre la isla de Irlanda y la de Gran Bretaña, ha preparado una nueva ley de aduanas que viene a enmendar el acuerdo de retirada en un aspecto tan nuclear como el protocolo de Irlanda, algo a lo que no están dispuestos los 27 y que, según ha reconocido el propio Gobierno británico, supone una vulneración del derecho internacional porque viene a romper unilateralmente un acuerdo firmado.
Además de la estupefacción que se vive en Bruselas y en las capitales europeas, después de años de negociación, dinero y tiempo invertido, para que ahora Boris Johnson se salte lo firmado, el Ejecutivo comunitario tiene encima de la mesa un informe que allana el camino para demandar a Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la UE por las acciones del Gobierno británico.
Mientras tanto, el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, ha afirmado al final de la ronda de negociaciones de esta semana para acordar el marco de relación futura entre Reino Unido y la UE a partir del 1 de enero de 2021 que todo sigue bloqueado por la negativa de Londres de cumplir con lo suscrito en la Declaración Política firmada con el acuerdo de retirada del Brexit.
Preparando la denuncia
Según ha informado la televisión pública irlandesa, RTÉ, el documento sostiene que el intento del Reino Unido de anular elementos del Protocolo de Irlanda del Norte es una “clara violación” del Acuerdo de Retirada, y permitiría a la Comisión Europea emprender acciones legales: “El acuerdo de retirada fue ratificado tanto por la UE como por el Reino Unido y entró en vigor el 1 de febrero. Desde entonces, ninguna parte puede cambiarlo, aclararlo, enmendarlo, interpretarlo o dejar de aplicarlo unilateralmente. El protocolo de Irlanda forma parte integral del acuerdo de retirada ... Si se adopta como se propone, este proyecto de ley será una clara violación de las disposiciones sustantivas del protocolo”.
“Vamos a esperar a las aclaraciones antes de analizar la situación”, ha afirmado este jueves el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, “y sacar las posibles consecuencias sobre los próximos pasos a dar. En paralelo, seguimos en negociaciones con Reino Unido para el acuerdo de relación futura. De momento, no iremos más allá. Cuando acabe la reunión en Londres de la comisión conjunta UE-Reino Unido de hoy, haremos un comunicado.”
Si bien el proyecto de ley solo le da al Reino Unido la opción de tomar medidas unilaterales contrarias al protocolo, “simplemente proponerlo significa que el Reino Unido está incumpliendo el requisito de buena fe del Artículo 5 del acuerdo de retirada porque este proyecto de ley pone en peligro el logro de los objetivos del acuerdo”.
De acuerdo con el informe jurídico, la Comisión Europea puede emprender acciones legales contra el Reino Unido una vez que se apruebe el proyecto de ley, pero también antes de que sea adoptado. Esa acción legal no estaría lista antes del final del periodo de transición, el 31 de diciembre, pero puede tener carácter retroactivo: “Dada la duración de la fase previa al litigio, es poco probable que el caso contra el Reino Unido pueda llevarse al Tribunal de Justicia de la UE antes de fin de año. Sin embargo, los procedimientos de infracción por hechos ocurridos antes del final del período de transición pueden llevarse a la Corte durante 4 años después. Si la UE toma una acción legal de este tipo, el TJCE podría imponer el pago de una multa en el Reino Unido. La UE también podría utilizar el mecanismo de solución de controversias en virtud del acuerdo de retirada, que en última instancia también puede resultar en la imposición de sanciones financieras por parte del panel de arbitraje”.
El documento concluye que si el Reino Unido no cumple con una decisión del TJUE sobre el asunto, o no paga la multa, la UE tiene derecho a suspender sus obligaciones derivadas del acuerdo de retirada –o del hipotético acuerdo de relación futura si se acordara uno–, con la excepción de las partes relacionadas con los ciudadanos de la UE y el Reino Unido.
El primer ministro británico, Boris Johnson, por su parte, ha instado este miércoles a lo diputados de la Cámara de los Comunes a hacer caso omiso de las preocupaciones de Bruselas y aprobar una ley que modifica el acuerdo del Brexit, ya que considera que es la única forma de evitar “interpretaciones irracionales” que deriven en una “frontera” en el mar de Irlanda –entre la islas de Irlanda y Gran Bretaña–.
Sin embargo, el exprimer ministro conservador John Major ha afirmado: “Durante generaciones, la palabra de Gran Bretaña, dada solemnemente, ha sido aceptada por amigos y enemigos. Nuestra firma en cualquier tratado o acuerdo ha sido sacrosanta. Durante el último siglo, a medida que nuestra fuerza militar ha disminuido, nuestra palabra ha conservado su poder. Si perdemos nuestra reputación de honrar las promesas que hacemos, habremos perdido algo precioso que tal vez nunca recuperemos”.
Y la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, ha señalado que “si Reino Unido viola un acuerdo internacional y mina el Acuerdo de Viernes Santo, no habrá ninguna posibilidad de que un acuerdo EEUU-Reino Unido sea aprobado por el Congreso de EEUU”.