El XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia arroja que Andalucía lidera el ranking de las comunidades con sus listas de espera en dependencia más saturadas solo por debajo de Canarias. Pese al supuesto aumento presupuestario en dependencia, el documento aclara que en España hay una tendencia al cuidado social low cost. Las cifras hablan de casi 9.000 dependientes, de los cuales un 13% muere al año sin ser valorados, y un 11% que, pese a estar reconocida su dependencia, nunca llegó a percibir ayuda.
Junto a estas sangrantes cifras, la profesión sociosanitaria también se resiente.
Pero empecemos por el principio. Para reconocer a una persona como dependiente debe elaborarse un PIA o programa individual de atención. Un documento burocrático que acumula datos físicos, psíquicos, médicos, económicos y sociales, entre otros. Los profesionales de servicios sociales encargados de la valoración usarán varias escalas de dependencia para valorar la movilidad, comorbilidad, vida cotidiana, vida social, higiene personal, ir al lavabo, desplazamientos, comer, vestirse, control de esfínteres, etc.
En Andalucía, su elaboración se realiza en conjunto con la ayuda de los familiares y el equipo de valoración domiciliaria, aportando informes de enfermeros, médicos de cabecera, psicólogos, etc. A partir de conocer el grado de dependencia se valorarán las prestaciones necesarias para cubrir las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) del dependiente.
Deducimos, por tanto, que el PIA es un documento sensible, ya que es un historial de vida identitario, biológico y psicológico por el contenido íntimo de datos donde se indican características como: alojamiento, aficiones, estilos de vida, datos económicos, creencias religiosas, origen étnico, vida sexual, orientación, discapacidades físicas e intelectuales, datos sobre violencia de género, etc; y esto lo convierte en un documento de mucha utilidad para los profesionales que se sucederán después con el cometido de dignificar la vida de la persona. Es por ello que a un documento como el PIA no puede acceder cualquiera, quedando respaldado por la ley de protección de datos salvo, y como es lógico, por todos aquellos profesionales y órganos que actuarán con el dependiente, protegiendo está información por igual.
Eso incluye servicios sociales, IMSERSO, las entidades sanitarias de las comunidades autónomas en materia de dependencia y los cuerpos de seguridad del estado, así como autoridades judiciales, todo ello recogido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Recuerdo a un compañero comentar que un dependiente etiquetado en salud mental le puso un cuchillo en el cuello y que se zafó como pudo, dejándole una experiencia traumática de por vida. No le habían avisado de nada y solo sabía que debía ir a un domicilio un determinado tiempo
Sabiendo esto, resulta sensato pensar que todo aquel profesional al cuidado de personas dependientes en domicilio, los sociosanitarios, accedan a través de un fichero o se les informe de parte de este documento respetando la privacidad en secciones convenientes, tomando solo la información pertinente (características psíquicas, sociales o físicas) que informe de lo que pueden estrictamente encontrar en el domicilio y afecte al protocolo de actuación, dignificación, seguridad y profesionalidad diaria.
Veamos un breve ejemplo sobre qué debería percibir del PIA a grandes rasgos un sociosanitario a domicilio sobre un dependiente:
Fulano, de 75 años de edad, vive solo en la calle de la Piruleta en Villanueva. No tiene hijos ni personas a su cargo. Síndrome de Diógenes. Acumula ropa y libros en cada habitación de su casa. Medicado. Tiene obsesión por reciclar. Va a casa de su hermano a comer cada día y le gusta charlar con quien va a verle. Conversación densa. Camina ocasionalmente hasta la plaza bajo su casa. Es amable y respetuoso. Movilidad completa. Higiene completa. Necesita acompañamiento psicológico, escucha activa y seguimiento de sus actividades.
Esto debería ser así siempre. Sin embargo, la realidad es bien diferente. Si en Andalucía a un 13% de los casos dependientes fallecidos al año nunca se les llega a elaborar su PIA, en algunas empresas público-privadas el personal sociosanitario a domicilio no tiene acceso o no se le posibilita tener información del PIA de los dependientes a tratar, facilitando solo el domicilio y el tiempo estimado, sin más información.
Para el profesional sociosanitario, realizar protocolos de actuación, dignificación y seguimiento de esta forma se vuelve complicado y peligroso, dando pie a situaciones frustrantes basadas en el desconocimiento de trastornos mentales, hábitos tóxicos, vicios, influencia sociocultural, que exponen al usuario y al profesional y que degradan la profesión.
Imaginemos un caso de dependencia de salud mental. Desde la coordinación de empresa te anuncian que irás con un compañero al domicilio, pero no te comentan nada de la situación mental del usuario. Si el servicio etiquetado en salud mental necesita que acudan dos profesionales será por algo. No te han dicho nada referente a lo que encontrarás. ¿Cómo se comportará? ¿Cómo deberemos actuar? ¿Qué tendrá? ¿Esquizofrenia, trastorno psicótico, trastorno límite disociativo, derivado de estupefacientes?
Con estas condiciones el sociosanitario entra en casa ajena sin saber a qué debe atenerse. Saber el diagnóstico del dependiente evitará muchos problemas y servirá para realizar un protocolo de actuación, por lo que, si desde coordinación no te cuentan nada de la afección del usuario, el cálculo se hace solo: Caso de salud mental + 2 profesionales - desconocimiento del PIA= existe riesgo de amenaza y vulneración física o psicológica.
Recuerdo a un compañero comentar que un dependiente etiquetado en salud mental le puso un cuchillo en el cuello y que se zafó como pudo, dejándole una experiencia traumática de por vida. No le habían avisado de nada y solo sabía que debía ir a un domicilio un determinado tiempo. No conocer a dónde vamos es un riesgo, como llevar la cerilla encendida al bidón de gasolina. De hecho, sin PIA resulta fácil mitificar, criminalizar o desvirtualizar algunos trastornos mentales y situaciones.
Resulta indignante que algunas empresas de ayuda a domicilio en Andalucía y regiones de España pongan en riesgo a sus trabajadores de esta manera y, si exiges información, te digan que la ley de protección de datos les impide suministrar datos, cuando claramente no es así
Resulta indignante que algunas empresas de ayuda a domicilio en Andalucía y regiones de España pongan en riesgo a sus trabajadores de esta manera y, si exiges información, te digan que la ley de protección de datos les impide suministrar datos, cuando claramente no es así. La ley de protección de datos acaba cuando empieza lo público, incluso si es gestionado de forma privada. En comparación con los sociosanitarios en instituciones, estos gozan del feedback y seguimiento en conjunto de un equipo interdisciplinar (enfermeros, psicólogos, osteópatas, terapistas ocupacionales, etc) que no deja aislado ningún cambio y se complementan entre sí.
Si la cobertura de los dependientes se resiente visceralmente cada año, la profesión sociosanitaria se duele por igual cuando no puede acceder al PIA, cuando no dispone de ayuda en orientación laboral para combatir contratos abusivos o violaciones de convenio colectivo, como la disponibilidad horaria no remunerada, o cuando hay falta de ayuda psicológica necesaria para gestionar la emocionalidad de los servicios. Por no hablar de los sueldos deplorables o la cantidad de intrusismos laborales que desempeñan sin su consentimiento ni competencia y que por causas humanas surgen, como por ejemplo acompañamientos funerarios, que se cobran a 60€/h en un psicólogo, y que tras el fallecimiento de un usuario el sociosanitario debe sostener. Masajes cuando no somos masajistas, enfoques emocionales sin ser psicoterapeutas, y ni hablar del tema limpieza cuando no somos limpiadores per se. No me extraña que nos llamen “limpiaculos”, “chachas” o “paseaviejos”, pues todas estas deplorables condiciones favorecen a la invisibilización de esta profesión.
El cuidado social low cost mata nuestra sociedad rápida y silenciosamente.
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